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¿Por qué se le caen tantas leyes y decretos al Gobierno Petro?

La Corte tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad que lidera Francia Márquez porque la ley no incluyó el impacto fiscal. Por razones similares se han hundido otras iniciativas.

  • El presidente Gustavo Petro tendrá plazo hasta 2026 para presentar otro proyecto que corrija los errores de trámite del MinIgualdad. Francia Márquez se mostró en desacuerdo con la decisión de la Corte. FOTO Presidencía
    El presidente Gustavo Petro tendrá plazo hasta 2026 para presentar otro proyecto que corrija los errores de trámite del MinIgualdad. Francia Márquez se mostró en desacuerdo con la decisión de la Corte. FOTO Presidencía
10 de mayo de 2024
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El Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a sufrir un revés luego de que la Corte Constitucional tumbó la ley que le dio vida al Ministerio de la Igualdad. Esta no es la primera vez que el Ejecutivo ve naufragar sus iniciativas en las altas cortes.

Durante los 20 meses de mandato, el presidente Petro ha presenciado el hundimiento –en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado– de hasta cuatro iniciativas de índole social, económica, administrativa y de defensa.

Lea más: Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el Ministerio de Igualdad

“¿Cómo es posible que una institución que trabaja por la gente más vulnerable tenga que desaparecer? Respetamos la decisión de la Corte, pero no la compartimos”, dijo la vicepresideta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, en una declaración pública en Manizales.

La Corte todavía no hace público el fallo completo. Pero ya aclaró que, durante el trámite de esa ley en el Congreso, dejaron pasar un error incorregible: no entregaron el análisis del impacto fiscal que traería la creación de un nuevo ministerio.

Expertos consultados atribuyen el error a la rapidez con que se aprobó esa ley. El articulado fue radicado el 18 de octubre de 2022 y dos meses después ya había cumplido con los cuatro debates en Cámara y Senado. La sanción presidencial llegó el 4 de enero de 2023.

Entérese: “Debe ser concertado”: MinEducación sobre prohibir el uso del celular en colegios

La cartera –que fue una promesa del presidente a su fórmula vicepresidencial– tiene una asignación presupuestal de 1,8 billones de pesos para este 2024; sin embargo, solo ha ejecutado el 0,36 %. Allá hay cupo para 744 cargos burocráticos.

El Gobierno –que ahora no tiene las mayorías consolidadas en el Legislativo– tendrá hasta el 2026 para presentar un nuevo proyecto que corrija los vicios de trámite e incluya, por fin, el análisis de viabilidad fiscal del Ministerio de la Igualdad.

Uno de los problemas que ha tenido el Gobierno es que se deshizo de los funcionarios técnicos porque le parecían opositores. Han llegado personas afines ideológicamente, pero que cometen errores y terminan por vulnerar leyes superiores. Esa es una de las razones que llevan a la caída de normas, decretos y leyes”, señaló Andrés Úsuga, abogado y profesor de Derecho Constitucional.

Aquí un recuento de las derrotas de Gustavo Petro en las cortes.

Emergencia social y económica en La Guajira

En julio del año pasado, el presidente firmó un paquete de decretos con el que se declaró la emergencia social y económica en La Guajira. La intención del mandatario era atender a las comunidades afectadas por el Fenómeno del Niño.

Petro y su gabinete firmaron 14 decretos y fueron los mismos 14 los que sucumbieron después de la revisión de la Corte Constitucional.

Entre los decretos había algunos que poco o nada tenían que ver con la necesidad de llevar agua a las comunidades. Por ejemplo, había uno que establecía la asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en ese departamento y otro con el que pretendían proteger la riqueza cultural de la comunidad wayúu.

La Corte, en todo caso, determinó que el Ejecutivo no tuvo en cuenta la inminente emergencia o desastre, no agotó todos los medios y tampoco midió la gravedad de la emergencia que decretó. Esos eran requisitos necesarios para asumir las facultades extraordinarias que otorga la declaración de una emergencia económica.

Durante el tiempo que se mantuvo la emergencia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) logró firmar el polémico contrato de compra de 40 carrotanques para la distribución de agua por 46.800 millones de pesos.

Ese contrato tuvo un sobrecosto de más de 7.000 millones de pesos y se convirtió en el mayor escándalo de corrupción en lo que va del Gobierno por el aparente pago a los presidentes de la Cámara, Andrés Calle y del Senado, Iván Name para que le caminaran a la agenda de la Presidencia y con el supuesto destino de las elecciones locales.

El polémico cambio de nombre de la Fuerza Aérea

El Ministerio de Defensa acompañó la iniciativa que buscaba cambiar el nombre de la Fuerza Aérea por Fuerza Aeroespacial Colombiana. La idea fue del presidente Gustavo Petro y pretendía reflejar las nuevas realidades y responsabilidades de esa institución militar.

Esa Fuerza, incluso, ha insistido en que ahora trabaja en el fomento del conocimiento del espacio ultraterrestre, el desarrollo de infraestructura espacial y en la colaboración con otras entidades sobre temas de seguridad y soberanía nacional espacial.

La discusión entró al Congreso y se aprobó en noviembre del año pasado.

Pero la Corte Constitucional revisó la ley y determinó que el Legislativo no tenía la facultad para cambiar el nombre a través de una ley ordinaria porque iría en contravía del bautizo que se le dio a la Fuerza Aérea en el artículo 217 de la Constitución.

Este proyecto, otra vez, cursa su trámite en el Congreso y ya fue aprobado en primer debate.

En la Corte Constitucional también se hundieron dos artículos de la Reforma Tributaria. Uno de ellos era el que pretendía ordenar a las universidades que asumieran los intereses por préstamos que realizaran los estudiantes ante el Icetex.

El otro artículo de esa reforma buscaba una prórroga en los decretos que establecían las medidas especiales en procesos de insolvencia de las empresas en el marco de la pandemia del covid-19. La Corte encontró que no existía conexión entre la reforma y los decretos que se querían prorrogar.

Revés del gobierno en el Consejo de Estado

Una de las iniciativas del presidente Petro –con la que dijo pretendía garantizar la transparencia en la contratación estatal– fue firmar una norma con la que prohibía a las personas naturales firmar más de dos contratos de prestación de servicios con las entidades públicas.

“Las entidades públicas no podrán justiciar la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión por insuficiencia de personal para evacuar el respectivo trabajo, si tales contratos serán suscritos con personas naturales que ya tienen otros contratos de prestación de servicios con otras entidades públicas”, se leía en la directriz del presidente.

La disposición fue demandada y el Consejo de Estado –el tribunal de lo contencioso administrativo– le dio la razón a los quejosos. Para la alta Corte, el presidente, con su decisión, fue en contra de la autonomía de las personas, así como en la libertad de contratación y de empresa.

La rencilla de Petro con las Cortes

En democracia es natural que existan discrepancias entre las ramas del poder público. Pero el presidente Gustavo Petro parece que aprovecha las decisiones que no lo favorecen para alimentar la idea de que contra él se gesta un “golpe blando” y que, por tanto, hay necesidad de una constituyente.

“Las Cortes funcionan como una barrera natural para proteger la constitución y la ley. El Gobierno debería tener un respeto más definido por la separación de poderes y no enfrascarse en discusiones que ya fueron tomadas. Incrementar un pulso con los tribunales resulta perjudicial”, señaló Mauricio Reyes, abogado constitucionalista.

1,8
billones fue el presupuesto de 2024 que se le asignó al Ministerio de la Igualdad.
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