En un comunicado conjunto entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Colombia expresó los graves riesgos por la petición de Ecuador de enviar alrededor de 1.500 presos colombianos de regreso al país.
En una carta de siete puntos, el gobierno explicó que la repatriación de connacionales está dentro del Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves del 18 de abril de 1990.
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Sin embargo, este convenio es un proceso individual y no masivo como lo pretende el gobierno ecuatoriano, por lo que se deben tomar acciones adicionales como el estudio de caso por caso
“Es un proceso individual -no masivo-, que responde a criterios objetivos -no a la simple voluntad de los Estados parte-, y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”, explicaron.
El problema no para aquí, pues lo más grave y que explica el comunicado de los dos ministerios en conjunto es que si el gobierno de Daniel Noboa insiste en el proceso, “se constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia”.
En pocas palabras, esto significaría que no se continuaría el procedimiento legal y que muchas de estas personas presas y hasta condenadas por crímenes en Ecuador, quedarían en libertad en Colombia.
En ese sentido, el gobierno recalcó que al estudiar caso por caso se tendrán una serie de requisitos como que la persona haya cumplido al menos el cincuenta por ciento (50%) de la pena; que se presente estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de la persona condenada en el extranjero; o, situación de discapacidad con deficiencia física o mental grave o completa.
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“El Gobierno de Colombia confía en que la República del Ecuador tomará las medidas conducentes a preservar los derechos humanos de las personas privadas de libertad en su territorio, sin perjuicio de los trámites de repatriación a que haya lugar”, añadieron.
