Fabián Salvioli, experto de las Naciones Unidas para la justicia transicional, presentó un balance sobre su reciente visita oficial a Colombia. Planteó hoy reparos y críticas a la implementación total del acuerdo de paz en el país.
“Las garantías de no repetición en Colombia se vinculan de lleno a la implementación de las pautas definidas en el Acuerdo de Paz de 2016 y en normativas previas, y revisten numerosas aristas de urgente atención en el país”, señaló el relator de la ONU para la justicia transicional.
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Salvioli agregó que “la insuficiente implementación de aspectos esenciales para la no repetición, contenidos en dicha normativa, está generando graves violaciones de derechos humanos a víctimas indígenas, afrocolombianas, campesinas, personas defensoras de derechos humanos, así como de excombatientes”.
Fabián Salvioli, delegado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, también se refirió al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, indicando que es “ambicioso”, pero que no ha logrado satisfacer las necesidades de las víctimas.
El relator especial lanzó críticas a la falta de articulación entre instituciones estatales, lo que representa, según su balance, un obstáculo para la implementación del Acuerdo de Paz y los llamados de las víctimas.
Para Salvioli, aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha significado un avance para la justicia, existen reparos para las sanciones propias que podría imponer. Las víctimas le hicieron saber que hasta el momento las medidas restaurativas “no representan justicia ni reparación adecuada para ellas”, pues en ocasiones solo se tienen en cuenta propuestas de los comparecientes, no de las víctimas.
Además, el balance de las Naciones Unidas explica que persisten “exiguos avances” por parte de la Fiscalía frente a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, además de escasos intercambios de información con la justicia transicional. “Dicha inacción también genera importantes retrasos en la búsqueda de personas desaparecidas”, recalcó Salvioli.
En cuanto a indemnizaciones para las víctimas, el relator anotó que se entregan con “excesiva lentitud”, debido a la “insuficiencia de recursos, deficiente articulación institucional y existencia de trabas burocráticas”.
Esa misma burocracia se encuentra al momento de que una persona desee registrarse como víctima, porque la ley le exige como requisito presentarse máximo tres años después del hecho de violencia. Se trata de un “límite injusto para quienes, por razones del conflicto, no pudieron radicar su denuncia con anterioridad”.
Otra de las falencias observadas por el relator especial es que no existe una política nacional de memoria, sino algunas instituciones que no se articulan de manera adecuada y un Museo de Memoria que aún no se construye. En esa línea, recogió declaraciones de víctimas que retiraron informes que antes habían enviado al Centro Nacional de Memoria Histórica, dado que el exdirector Darío Acevedo mantuvo una postura negacionista del conflicto.
Salvioli se refirió a la Comisión de la Verdad, subrayando que en varios territorios es difícil acceder a sus hallazgos, algo que es clave para entender el conflicto y buscar su no repetición. Una de las recomendaciones de la Comisión fue reformar la fuerza pública para que tenga un mejor enfoque en derechos humanos, una deuda que sigue pendiente.
El experto argentino reconoció que el gobierno de Gustavo Petro ha buscado presentar un paquete de cambios para las fuerzas armadas, implementando ciclos de formación en derechos humanos. Sin embargo, “no tengo información sobre la existencia de una política de reforma global de las estructuras, normas y mecanismos de control”, dijo, y lamentó que no se haya concretado la idea de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa o la de cambiar algunos puntos de la justicia penal militar.
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Por último, Salvioli llamó la atención sobre la falta de implementación de medidas de protección frente a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, a las que calificó como “una medida vital” en un contexto en el que la violencia se ha acrecentado por la ausencia estatal en territorios en los que grupos armados adelantan acciones delictivas.
