El día que Gustavo Petro se posesionó como presidente de la República, afirmó que cumpliría a “rajatabla” el Acuerdo de Paz. Desde entonces han pasado 648 días y varias decisiones del Gobierno que mantienen en veremos la implementación de lo acordado con la extinta guerrilla de las Farc en 2016.
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Aun con sus propias cifras en contra, el presidente se mostró dispuesto a acudir ante las Naciones Unidas para denunciar los aparentes incumplimientos al proceso de paz.
En ese eventual escenario, el mandatario tendría que rendir cuentas por sus propias decisiones. Aquí un recuento de retrocesos del Acuerdo.
No hay consejería presidencial para el Acuerdo
Hasta antes de la llegada de Petro, en la Presidencia existía la Consejería para la Estabilización y la Normalización.
Esa entidad, básicamente, funcionaba como una instancia que articulaba a todas las entidades del Estado con los compromisos del Acuerdo de Paz.
“La paz es un tema de un calado tan grande que necesita de las directrices del presidente y de un funcionario de primer nivel que haga de interlocutor político”, señaló Emilio Archila, el último consejero para la estabilización, en diálogo con EL COLOMBIANO.
Petro, en cambio, decidió borrar la Consejería –que fue una creación del expresidente Iván Duque– y en su reemplazo creó la “Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz”.
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La nueva dependencia es dirigida por Gloria Cuartas y cuatro funcionarios de planta. La unidad solo cumple con actividades de asesoría a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Así, las instituciones obligadas a cumplir con el Acuerdo funcionan como células separadas. El desorden ha sido tal que simpatizantes y detractores del Gobierno han pedido el regreso de la Consejería.
Petro, incluso, aseguró en marzo del año pasado que volvería a crear la entidad.
“Hubo un compromiso hace más de un año de restablecer la Alta Consejería para la Implementación. No se ha hecho”, dijo el senador y exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle, quien, además, calificó de “sorprendente” el anuncio del presidente.
¿Y la restitución de tierras?
El Gobierno Petro también está flojo en otros compromisos, como la restitución de tierras.
Un informe de la Fundación Forjando Futuros reveló que el presidente Petro ha avanzado significativamente menos que su antecesor en esta materia.
“Bajo el mandato de Petro, se han restituido 71.000 hectáreas, en comparación con las 161.000 hectáreas restituidas durante el período similar en el mandato anterior”, se lee en el informe.
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Hasta ahora se han restituido 665.000 hectáreas, lo que representa un 10,5% de la meta inicial de restituir 6,5 millones de hectáreas.
Archila reseñó que el presidente tendría que responder por los avances de su Gobierno en esta materia y defendió la gestión de Duque.
“En el tema de tierras hay que recordar que durante el anterior Gobierno reformamos el sistema de catastro para que el sistema multipropósito funcionara y fue el período en el que más títulos de tierra se han entregado a los campesinos y a quienes han sido desplazados”, añadió Archila.
Sin avance en la sustitución de cultivos ilícitos
El presidente Petro ha insistido, incluso en el escenario internacional, en la necesidad de cambiar la política de lucha contra las drogas. En su discurso ha pedido que los cultivadores de hoja coca dejen de ser perseguidos y se ataque al narcotraficante.
El punto 4 del Acuerdo, precisamente, trajo la posibilidad de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos.
La reglamentación está consignada en el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS).
El programa permite a los campesinos cocaleros reemplazar sus plantaciones ilícitas por cultivos legales con el apoyo técnico y económico del Estado. Sin embargo, el gobierno Petro tiene “congelada” la inversión.
Hasta abril de este año, el Programa solo había ejecutado el 5% de los 768.000 millones asignados como presupuesto desde el 2023.
La seguridad de los excombatientes
Desde el partido Comunes han levantado la voz de protesta por el aparente incumplimiento del Gobierno en materia de seguridad para los reincorporados.
El 3 de mayo pasado la Unidad Nacional de Protección (UNP) designó a Natalia Parada en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.
Esa Subdirección se constituyó en el Acuerdo como una de las garantías de seguridad para los firmantes. Entre otras funciones, allá se administra el cuerpo de seguridad para los excombatientes y miembros del partido Comunes.
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Para los firmantes, su protesta no es un mero capricho. En el Acuerdo había quedado claro que para las decisiones en esa subdirección debía primar el principio de confianza y concertación entre el Gobierno y los reincorporados.
“Al día de hoy llevamos 423 asesinatos en los que hay responsabilidad de la UNP porque no ha ejercido funciones efectivas en la protección de los firmantes”, señaló en diálogo con este diario Pastor Alape, miembro del último Secretariado de las Farc y delegado de Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación.
Para los firmantes, se trata de una garantía no menor. Fueron 80 los excombatientes que han resultado asesinados mientras esperaban respuesta en las garantías de protección por parte de la UNP.
¿Por qué Petro critica la JEP?
Una de las razones –que argumenta el presidente– para acudir a la ONU tiene que ver con el poco avance que ha tenido la Jurisdicción Especial de Paz. Es que el mandatario ha sido crítico de que en siete años la JEP no avance en fallos condenatorios y tampoco en amnistías para los actores del conflicto.
Para el mandatario, estos retrasos afectan el componente de “verdad judicial” que quedó consignado como una de las garantías del Acuerdo.
Fuentes al interior de la Jurisdicción indicaron que el presidente estaría desconociendo que las decisiones allí se toman con un análisis caso por caso y con un estricto apego del Derecho Internacional.
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“Es muy simpático que sea un jefe de Estado el que le pida a un órgano de justicia que desconozca los tratados internacionales suscritos por Colombia (...) si se procede como él quiere, podrían venir múltiples sanciones vía Comisión Interamericana, Corte Interamericana y Corte Penal Internacional”.
En todo caso, la eventual denuncia de Petro en la ONU resultaría, cuando menos, curiosa. El jefe de Estado es quien debe garantizar, precisamente, el cumplimiento del Acuerdo.
