Las 22 bandas narcoterroristas que Ecuador declaró como objetivo militar, luego de una oleada de crímenes que paralizó a ese país el pasado martes, tienen vínculos hace varios años con los grupos criminales de Colombia.
Desde 2021 sus operaciones ilegales sobrepasaron el mero interés de lucro económico, para convertirse en una suerte de estados paralelos que controlan vastos territorios desde las cárceles.
Cuando el nuevo presidente, Daniel Noboa, declaró el Estado de Excepción el pasado 8 de enero, la retaliación de los grupos armados fue ejecutar una suerte de paro armado, similar a los que ha sufrido Colombia en su historia reciente a manos del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN e incluso, la Primera Línea.
Los criminales se tomaron un canal de televisión, cinco hospitales y nueve cárceles; hicieron asonadas a la Fuerza Pública, matando y secuestrando policías y guardias de prisiones; atacaron establecimientos comerciales e incineraron vehículos en las calles; sembraron el pánico en redes sociales y obligaron al cierre de instituciones educativas, entre otros desmanes.
Noboa expidió otro decreto, el N°111 de 2024, en el que a ese Estado de Excepción le agregó el reconocimiento de un conflicto armado interno y, en consecuencia, les ordenó a las Fuerzas Militares “neutralizar” a las agrupaciones responsables. ¿Cuáles son?
De narcos a terroristas
El listado del Gobierno ecuatoriano incluye 22 organizaciones, comenzando con “los Choneros”, una de las más antiguas. La facción surgió en el 2000 en la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí.
En principio era una banda de delincuencia común, pero luego de una década logró insertarse en dinámicas de narcotráfico transnacional, gracias al respaldo de narcos colombianos, balcánicos y mexicanos.
“Los Choneros” pasaron de atracar en esquinas a custodiar grandes cargamentos de cocaína. Adquirieron arsenal de última generación y tomaron el poder de varias cárceles, con redes de corrupción en las instituciones del Estado.
Divisiones internas en ese grupo derivaron en la aparición de otras facciones importantes, que hoy actúan como sus enemigas: “los Lobos” y “los Chone Killers”, que según fuentes policiales tienen sociedades con el cartel de Jalisco Nueva Generación, mientras que “los Choneros” están aliados al cartel de Sinaloa.
A esas tres organizaciones les siguen en peligrosidad y dominio territorial “los Lagartos”, “Águilas” y “Tiguerones”.
La lista continúa con “los Fatales”, “los R7”, “Águilas Killers”, “AK47”, “Caballeros Oscuros”, “Corvicheros”, “los Cubanos”, “los Gangters”, “Cuartel de las Feas”, “los Patrones”, “Cater Pilar”, “Latin Kings”, “P-27”, “Tiburones”, “Mafia 18” y “Mafia Trébol”.
Las autoridades calculan que, sumados, estos grupos concentran 20.000 integrantes presos y en libertad.
Con apoyo de EE.UU., Ecuador abrió un programa de recompensas, denominado “Plan 131”. Allí se les puso precio a los jefes de esas bandas, siendo los más perseguidos José Adolfo Macías Villamar (“Fito”), líder de “los Choneros”; y Fabricio Colón Pico (“Capitán Pico”), el mandamás de “los Lobos”.
El primero se fugó el pasado 7 de enero de la cárcel de Guayas; y el segundo hizo lo mismo a los dos días, de la penitenciaría de Riobamba.
Socios colombianos
Las bandas ecuatorianas tienen sociedades con estructuras colombianas para negocios de narcotráfico, contrabando y sicariato.
De acuerdo con reportes policiales, además de narcos y redes independientes con conexiones transnacionales, los ecuatorianos ostentan alianzas con el Estado Mayor Central (EMC), a través de su Comando Coordinador de Occidente, que agrupa a los frentes de Nariño, Putumayo, Cauca y Valle; y con la Segunda Marquetalia, por medio de sus frentes Oliver Sinisterra y Comandos de Frontera.
Aunque en menor medida, también se han detectado operaciones conjuntas con el Clan del Golfo y el ELN.
En términos generales, los colombianos aportan la producción y transformación de la hoja de coca en cocaína, mientras que los ecuatorianos se encargan del acopio de grandes cargamentos en su territorio, para luego transportarlos por vía aérea o marítima, surcando el océano Pacífico desde Manabí, Guayaquil y Esmeraldas, especialmente.
Frente a la oleada de terrorismo en Ecuador, que en sus primeras 48 horas dejó 14 muertos, el Ejército y la Policía de Colombia fortalecieron su vigilancia en cuatro puntos de la frontera con Nariño: Ipiales, Mataje, Carlosama y Cumbal.
El gobierno de Gustavo Petro anunció que brindaba su apoyo al de Noboa. Sin embargo, este pidió que le recibieran 1.5o0 presos colombianos que pretendía expulsar de Ecuador lo antes posible, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le contestó que eso no era posible sin hacer procedimientos individuales de repatriación.
Si los dejan en la frontera, como advirtió Noboa, podrían quedar libres, pues muchos no tienen expedientes pendientes en Colombia.
