Un grupo de médicos venezolanos, con estudios en Cuba y residentes en el departamento de Caldas, tiene inquietas a las agencias de Inteligencia colombianas, que monitorean las actividades de espionaje de gobiernos extranjeros en nuestro país.
Los doctores, varios de ellos radicados en el municipio de La Dorada, estarían participando en reuniones clandestinas e intercambiando información con agentes foráneos, los cuales tendrían la misión de investigar los movimientos de los organismos de seguridad de Colombia.
Uno de los asistentes a dichas reuniones, según fuentes de Inteligencia consultadas por EL COLOMBIANO, sería el cubano José Manuel Pena García, expulsado por funcionarios de Migración Colombia el pasado 16 de marzo.
Las autoridades le venían haciendo seguimiento desde hacía varios días, pues lo vieron merodeando la base militar de Palanquero, en Puerto Salgar (Cundinamarca), sede del Comando Aéreo de Combate N°1.
Desde allí despegan los aviones Kfir, la principal arma de guerra colombiana, con un itinerario secreto que incluye vuelos de vigilancia y reconocimiento en las fronteras.
Pena García había ingresado a Venezuela en 2014, en el marco de los programas de intercambio médico entre Caracas y La Habana. Se casó con una joven colombo-venezolana, tuvieron un hijo y en 2016 llegaron a vivir a La Dorada.
La hipótesis de las autoridades es que allí conspiraba con otros médicos, usando esa profesión como fachada, mientras coordinaba tareas de espionaje, entre las cuales estaba pasar el río Magdalena para ir a la vecina localidad de Puerto Salgar y registrar las rutinas del comando aéreo.
Los funcionarios de Migración que llegaron a su casa en La Dorada le encontraron un aparato que permite medir las dimensiones y trayectorias de los cazas. Se constató que es hijo de un coronel de las Fuerzas Militares cubanas y que, presuntamente, estaría conectado con la Dirección de Inteligencia (DI) de la isla.
La sanción contra Pena García, quien ya se encuentra en su país natal, incluye la prohibición de ingresar a Colombia durante una década.
Esta situación no es aislada y suscitó preocupaciones por cuenta del descubrimiento de otros seis extranjeros en los últimos cuatro meses, al parecer involucrados también en labores de espionaje.
Hermanos bolivarianos
El 17 de marzo, un día después de la expulsión de Pena García, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) informó que un ciudadano venezolano ingresó de manera irregular al Comando Aéreo de Mantenimiento, una guarnición ubicada en Madrid, Cundinamarca.
En dicha base no solo se reparan las aeronaves, sino que se modernizan sus sistemas de armas, radares y abastecimiento de combustible.
El intruso fue identificado como Brayan Andrés Díaz Díaz, quien fue puesto a disposición de Migración para la expulsión, bajo la presunción de que recolectaba información para el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela.
Dos días después (marzo 19) detectaron a un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana husmeando en los alrededores de una base de la Armada en Puerto Carreño, Vichada. El oficial había ingresado al país por el río Orinoco, fingiendo ser un pescador, pero cuando una patrulla policial vio su actitud sospechosa y lo interceptó, no le quedó más remedio que revelar su verdadera profesión.
“Hay algunas pruebas que vinculan al capitán venezolano con estar haciendo actividades de inteligencia. Hemos tomado los correctivos con inteligencia, contrainteligencia y con las tropas en el terreno”, dijo el general Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército colombiano.
El detenido, cuya identidad no han suministrado las autoridades, tenía en su poder fotos de la base naval y de la Alcaldía de Puerto Carreño.
A estos tres episodios de espionaje en unidades castrenses, le siguió otro incidente el 24 de marzo en el aeropuerto Eldorado, de Bogotá.
Por inconsistencias durante el cuestionario en el puesto de Migración, tres venezolanos fueron conducidos a la sala de interrogatorios: el coronel Édgar Alejandro Lugo Pereira, de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y adscrito a la Cancillería del país vecino; y las civiles Jenny Yamel Rivas González y Mildred Josefina Plaza Hernández.
Llevaban 70 millones de pesos, 22.000 dólares, una suma no especificada de euros, 18 pasaportes venezolanos nuevos y diligenciados, siete en blanco y ocho adhesivos de prórrogas.
Habían entrado hacía cuatro días a territorio colombiano, por Cartagena, simulando ser turistas y empleando pasaportes ordinarios. “La labor de los tres extranjeros era recoger pasaportes, documentos y dinero que se encontraban en la Embajada de Venezuela en Bogotá y regresar con ellos a su país”, precisó Migración en un comunicado.
La entidad recibió un informe de Inteligencia, de parte de otra agencia colombiana, que alertaba sobre presuntas labores de espionaje de aquel trío para el Sebin, por lo que fueron expulsados y afectados con la restricción de 10 años sin permiso para volver.
Estos hechos se suman a otra expulsión del pasado 19 de diciembre, la del venezolano Carlos Manuel Pino García, funcionario de la Embajada venezolana en la capital.
Según el fiscal General, Néstor H. Martínez, en su contra había una investigación preliminar, con interceptaciones telefónicas incluidas, que “acreditan su compromiso en actividades delicadas de afectación del orden público nacional”. Agregó que entre dichas tareas estaría el seguimiento en Colombia de ciudadanos venezolanos opositores al régimen de Nicolás Maduro, como la fiscal Luisa Ortega.
Entre los testimonios en su contra está el de una integrante de una ONG que apoya a los migrantes, que lo señaló por, presuntamente, contratar personas para cometer sabotajes en los campamentos y albergues para venezolanos.
Pino, quien está casado con la excongresista de Polo Democrático, Gloria Inés Flórez, negó las sindicaciones y argumentó que sus gestiones han sido únicamente para evitar que se rompan las relaciones entre Bogotá y Caracas.
Como respuesta a su sanción, Maduro ordenó la expulsión de Juan Carlos Pérez, un funcionario consular de Colombia en suelo vecino.
Infiltrando “topos”
Aunque el espionaje entre Estados es tan antiguo como el origen de las civilizaciones, los casos anteriores se descubrieron en momentos en que la geopolítica regional está al rojo vivo.
La llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño, con la prohibición de ingreso al país de 300 personas cercanas a Maduro; la proclamación del diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela; el aumento de las sanciones de EE.UU. al régimen y la llegada de más militares rusos a esa nación, son los nuevos ingredientes de una discordia que comenzó cuando el chavismo se instaló en el Palacio de Miraflores, en 1999.
Washington y Bogotá se quejaron la semana pasada, tras conocerse que Moscú envió 100 soldados y 35 toneladas de equipo militar al aeropuerto de Maiquetía. La Cancillería rusa respondió que se trata de un capítulo más del acuerdo de cooperación militar que data de 2001.
Este diario consultó a analistas y agentes de Inteligencia de Estado, militar y judicial de Colombia, para conocer las dinámicas del actual juego de espías.
Uno de los agentes*, con experiencia en manejo de fuentes en el exterior, explica que los infiltrados provenientes de Estados afines al socialismo se están enraizando en el país en tres fases: camuflándose en las oleadas de migrantes, en especial los venezolanos que entran por Norte de Santander y La Guajira, y los cubanos que trasiegan de Ipiales a Urabá; y como profesionales extranjeros, “lo que les permitió colocar unidades básicas de Inteligencia en empresas privadas con acceso a grandes proyectos de construcción y desarrollo”.
En la tercera fase, a juicio del agente, buscan “operativizar la información recolectada de esa manera, para lo cual los gobiernos rivales ya están enviando a expertos en actividades de Inteligencia y sabotaje, para desestabilizar. Este es un temor de la Cancillería, porque esos ‘topos’ y células flotantes ya se han enquistado en diversos renglones de la economía y la sociedad”.
Un analista militar* asegura que entre los cerca de 1.000 desertores de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y 400 familiares suyos que están albergados en Colombia, hay varios infiltrados puestos por el Sebin, “que fingen estar huyendo del régimen, pero que en realidad buscan meterse a nuestro sistema. Algunos ya fueron expulsados”.
Las fuentes coinciden en que las naciones con más actividad de espionaje -directa o indirecta- en nuestro suelo son Cuba, Venezuela, China, Rusia e Irán. Los primeros buscan apoyar a partidos socialistas que defiendan la causa cubana y obtener recursos para uso del régimen.
“Los venezolanos son un instrumento de los cubanos, que ya penetraron su Gobierno y Fuerzas Armadas, aunque ellos siempre están evaluando la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) con respecto a Colombia como potencial enemigo”, acota un agente*.
Otro analista* asevera que “más allá de esos dos supuestos adversarios, la principal amenaza para Colombia a nivel estratégico es Rusia, porque es el principal apoyo militar, económico, político y diplomático de los otros dos. Si en Colombia hay cubanos y venezolanos haciendo inteligencia, le aseguro que están alquilando casas, comprando comida y pagando fuentes con plata rusa, porque ni Cuba ni Venezuela tienen dinero para operaciones de espionaje de envergadura”.
Por su parte, China e Irán están más interesados en infiltrar el sistema financiero, para acceder a grandes contratos de inversión y, en el caso de los segundos, “lavar activos para enviar las ganancias a grupos terroristas que defienden la Sharia (código de conducta islámico) como ley social”, precisa un investigador*.
También hay casos en los que el espionaje proviene de aliados, como el publicitado en 2013, cuando el exanalista de la CIA, Edward Snowden, reveló que la agencia estadounidense NSA tenía un programa para interceptar comunicaciones y sistemas informáticos en Colombia y otros lugares de América Latina. La Cancillería protestó y envió una comisión a EE.UU. para pedir explicaciones.
La contrainteligencia
El organismo encargado de enfrentar este desafío es la Dirección Nacional de Inteligencia, adscrita a la Presidencia de la República; su director es el vicealmirante Rodolfo Amaya Kerquelen. EL COLOMBIANO envió una solicitud a su despacho para conocer su postura sobre los casos documentados, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.
Tampoco se obtuvo contestación de la Cancillería ni del Ministerio de Defensa. Las tres entidades, entre otras, hacen parte del Consejo Nacional de Seguridad, presidido por Iván Duque, la máxima instancia en materia de decisiones sobre el tema.
En la Fiscalía avanzan los expedientes para judicializar a los siete expulsados, buscando obtener circulares rojas de Interpol en su contra.
En cuanto a las labores adelantadas por Migración Colombia, la oficina informó que el pasado 22 de marzo el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Tráfico de Migrantes, la primera política pública en esa materia, que a la larga permitirá no solo luchar contra ese delito, sino llenar los vacíos que dejan las fronteras porosas, los cuales son aprovechados por los “topos”.
No obstante, mientras la crisis entre Bogotá y Caracas continúe, la trama de espías seguirá tejiéndose a la sombra de Washington y Moscú.
*Identidades protegidas por solicitud de las fuentes
18
años de cárcel es la pena máxima para el delito de espionaje en Colombia.
140
consulados tiene Cuba, distribuidos en 120 países, según su Cancillería.
