La Corte Constitucional admitió una demanda que pretende tumbar la iniciativa, que tendría los mismos vicios del fallido Código Electoral.
Menos de 24 horas después de que la Corte Constitucional tumbó el Código Electoral aprobado en 2023, este miércoles el alto tribunal admitió para su estudio una demanda que pretende echar al traste la recién aprobada reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. No es una determinación cualquiera: en juego está una de las iniciativas del corazón del petrismo.
Si bien el Código Electoral y la reforma difieren de cabo a rabo en contenido, de forma sí guardan similitudes y compartirían un mismo destino: aparentes vicios de forma precipitarían la suerte de ambos proyectos.
Por un lado, el Código Electoral no pasó el examen de constitucionalidad de la Sala Plena, que advirtió que en medio del trámite del proyecto en el Congreso se pasaron por alto al menos tres requisitos. Primero, el análisis del impacto fiscal –es decir, cuánto costaría y qué implicaciones en el bolsillo de la Nación tendría–. Segundo, la falta de consulta previa de algunos artículos que podrían generar afectaciones directas a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Finalmente, y aquí está la mayor coincidencia con el texto aprobado de la reforma pensional, la Corte determinó que durante el trámite del Código en el Congreso –que, entre otras, implementaba el voto electrónico– no hubo un debate extenso y de fondo.
Por otro lado, justamente frente a la reforma que pretende darle un revolcón al sistema pensional, el alto tribunal admitió una demanda de la senadora Paloma Valencia, del opositor Centro Democrático, en la que se asegura que la Cámara “eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado sin que hubiese deliberación ni explicación de los ponentes”.
En junio pasado, en la recta final de discusión de la reforma, las mayorías de la Cámara dieron vía libre al proyecto. En ese entonces, acogieron una controvertida proposición para que –de manera exprés y sin mayor discusión–, el proyecto pasara a sanción presidencial. Lo anterior, impidió revisar el proyecto punto por punto y hacer correcciones.
“Lo que se vivió fue un gran ‘pupitrazo’. Se incurrió en un vicio de procedimiento: cuando se habían aprobado solamente seis de los 95 artículos, presentaron una proposición solicitando que se acogiera el texto completo aprobado en Senado. Esto es improcedente. Estamos ante una gran leguleyada”, explicó en ese entonces a este diario el representante Juan Espinal (Centro Democrático).
Ahora, la senadora Paloma Valencia –la autora de las demandas tanto al Código Electoral como a la reforma pensional– alerta por las similitudes en los aparentes vicios de forma que guardan ambos proyectos.
“La caída del Código Electoral apunta a la necesidad de que los cálculos sobre el impacto fiscal de los proyectos sean serios. También pone de presente el respeto por las formas democráticas en los debates: del afán solo queda el cansancio. A veces simplemente se impide el debate profundo y la presentación de proposiciones. Todas esas mismas circunstancias se repiten en la pensional”, manifestó Valencia a EL COLOMBIANO.
Por su parte, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), advirtió que el trámite de la reforma pensional en Cámara “fue mucho más burdo” que el del Código Electoral. “Cuando las cosas se hacen mal, buscando aplausos de momento a punta de populismos, pues salen mal”, dijo.
