La discusión por los cambios que tendrá el etiquetado de alimentos en Colombia creó discordia entre el Ministerio de Salud, las empresas y los impulsores de la Ley 2120, también conocida como ‘ley de comida chatarra’.
En el centro del debate está la Resolución 810 de 2021, que fue expedida por el Gobierno para reglamentar las nuevas normas de etiquetado. Aquí es donde comienza la controversia, pues la resolución se publicó el pasado 16 de junio, un día antes de que se aprobara la Ley 2120, que fue firmada por el presidente Iván Duque hasta el 30 de julio.
Según explicó Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) el hecho de que la Resolución 810 se haya publicado antes que la ‘ley de comida chatarra’ implica que “no reúne lo que esta ordena”.
Y si bien desde el sector empresarial sostienen que esa resolución ministerial es valiosa para la industria de alimentos y la salud pública del país, otros sectores sociales dicen que hay que tumbarla, porque obstaculiza la implementación de la ‘ley de comida chatarra’.
En efecto, el CCAJAR le pidió al Ministerio de Salud que derogue la Resolución 810, que además es considerada por sectores de la Oposición como una “jugadita” para torpedear los avances del país en materia de regulación de empaques de alimentos.
En un documento de 13 páginas, conocido por este diario y dirigido al ministro de Salud Fernando Ruiz, los juristas del CCAJAR manifestaron sus reparos frente a la resolución. Advirtieron que el Ministerio de Salud debe expedir una normativa nueva.
Hoyos, que firmó la solicitud, aseguró en el documento que esa entidad está ejecutando un “proceso de socialización” de las nuevas medidas con la ciudadanía, pese a que –para ella– muchas de las directrices que incluye la resolución deben ser derogadas. Por ello, el documento argumenta que compartir directrices que podrían retirarse en el futuro afecta los derechos de los consumidores a la salud, la educación y la información.
Aunque EL COLOMBIANO se comunicó con el Ministerio de Salud para consultar si se planeaba modificar la Resolución, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Así mismo, Hoyos cita el artículo 5 de la ‘ley de comida chatarra’, que obliga a la cartera de salud a determinar cuáles serán las principales características de las etiquetas de los alimentos, “basándose en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses”. La Ley agrega que se puede tener en cuenta la evidencia que aporta la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estas premisas, según Hoyos, no se cumplen en la Resolución 810. En su solicitud dice que las empresas de alimentos tendrán la posibilidad de incluir “declaraciones” sobre “propiedades nutricionales y/o de salud” a los productos que ya tienen sellos de advertencia. Esto podría contribuir a la idea de que un alimento es saludable, anota Hoyos.
“Se pondría un sello monocromático de exceso de azúcar, sodios y grasas. Pero también incluiría unos más grandes que digan cosas como ‘añadido de hierro’ o ‘alto en fibra’”, explicó Mauricio Toro, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y uno de los autores de la ‘ley de comida chatarra’.
La abogada Hoyos añadió que implementar etiquetados circulares, como lo propone la Resolución 810, podría reducir el impacto que tiene esta medida en los consumidores.
