Los testimonios son desgarradores. “Ya no aguantamos más. Nos prometen que nos van a reubicar, pero nadie nos responde por lo que perdimos. Gritamos ayuda urgente del Gobierno”, le dice a este diario María Andrea, una campesina de Ayapel, Córdoba.
Las personas que viven cerca a la región del dique ‘Caregato’ en La Mojana –una subregión que abarca 11 municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre– han tenido que recoger lo poco que queda de sus pertenencias y desplazarse a refugios provisionales tras el rompimiento del dique, una obra que solo tres meses antes había sido reparada bajo la dirección del cuestionado Olmedo López en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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“El pueblo mojanero, de Sucre, Córdoba y Bolívar celebra que la Unidad de Gestión del Riesgo logró cortar el flujo del agua del río Cauca”, dijo el entonces funcionario, señalando que con la culminación de las obras por lo menos 254.000 campesinos podían regresar a sus tierras.
Sin embargo, a finales de de marzo pasado, de la mano de expertos, EL COLOMBIANO advirtió que esta tragedia podría suceder en las semanas siguientes pues el arreglo era provisional y no resolvía el problema de fondo.
“Se rompe Caregato, entonces lo tapan como lo taparon ahorita (inicios de 2024). Para evitar que se vuelva a romper lo ponen más alto y cada vez suben más el dique. El agua cada vez está más arriba, entonces la inundación es peor (...) ¿Tenemos que seguir en la misma dinámica de que se rompe y se vuelve una emergencia regional?”, señaló el ingeniero Jorge Escobar, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana, experto en sistemas hídricos.
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Clan Aguilar y recomendados
El millonario contrato de 41 páginas firmado el 14 de noviembre de 2023 por cerca de 130.000 millones de pesos, en poder de este diario, esconde un entramado en el que confluyen presuntas irregularidades y corrupción, clanes políticos, recomendaciones de contratistas cercanos y desidia por parte del gobierno de Gustavo Petro.
El representante legal del Consorcio RCG, Juan Leonardo Becerra Moreno, es quien firmó el contrato junto a la Fiduprevisora —una sociedad de economía mixta de carácter indirecto y del orden nacional— en representación de la UNGRD. Ese consorcio, con sede en Bucaramanga (Santander), tenía la obligación contractual de “realizar la ejecución de las obras de emergencia para la recuperación de la margen izquierda del dique del río Cauca en el sector conocido como rompedero Caregato. Es un tramo del municipio de San Jacinto del Cauca, en Bolívar, a la altura del sector de La Mojana”. A pesar de los antecedentes, recomendaciones técnicas y la millonaria inversión, el dique volvió a romperse el 6 de mayo.
Los contratistas santandereanos detrás del Consorcio RCG conforman un conglomerado de cuatro sociedades: Empresas Petrolabin S. A. S., Valco Holding S. A. S., EMB Construcciones e Interventorías S. A. S y Contrusego S. A. S. En todas, figuran nombres de personas que en el pasado contrataron o tienen relación política con los exgobernadores de ese departamento y condenados por corrupción, Hugo Aguilar y su hijo Richard.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habría sido quien recomendó al consorcio santandereano al Comité Evaluador para otorgar el contrato en La Mojana tras superar los filtros evaluación jurídico, técnico y financiero.
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Además de Pinilla, Olmedo López habría dado el visto bueno con la promesa de que el dique sería arreglado en 45 días y el total de la obra se entregaría a finales de 2024.
Por su parte, el actual director de la UNGRD —entidad en el ojo del huracán que presenta un “retraso en la gestión documental–, Carlos Carrillo, reconoció que ya se pagaron como anticipo 29 mil millones de pesos, pero que el contratista no tenía preparado un plan de contingencia.
“Me dijo que me lo haría llegar. Pero, en mi opinión, eso no tiene ni pies ni cabeza porque estamos jugando a cerrar el río Cauca y es un río suficientemente fuerte para generar aguas arriba 2.400 megavatios. Estamos hablando de un río que genera la electricidad de una quinta parte del país”, explicó Carrillo a Caracol Radio.
Este diario supo, además, que la matriz de colaboración que adelantan tanto Sneyder Pinilla como Olmedo López con la Fiscalía aún no se ha cerrado y no se descarta que se incluya el contrato de La Mojana como uno de los temas en los que ambos exfuncionarios contarían lo que saben, además de los otros escándalos de corrupción que inundan la entidad.
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Prima de Nicolás Petro
Los entes de control han prendido las alertas. Tanto la Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría investigan y han anunciado diferentes medidas sobre los responsables del contrato en La Mojana, exfuncionarios y funcionarios de la UNGRD.
De hecho, La Procuraduría abrió una investigación preliminar contra Luis Eduardo Llinás Chica, director de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, UIAF)—quien fue también gerente de campaña del congresista antioqueño del Pacto Histórico, Alejandro Toro—. Se busca establecer si existió un presunto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos junto a Olmedo López, quien nombró a José Ignacio Llinás, hermano del director de la UIAF, como enlace de la UNGRD con el Fondo Todos Somos PAZcifico.
Este información cobra aún más importancia porque, según conoció este diario, Luis Eduardo Llinás habría recomendado a Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del Presidente, quien firmó un contrato por 144 millones de pesos para vigilar trabajos de la UNGRD, particularmente el de La Mojana.
Según la información, buscaban a un perfil como el de López Burgos porque necesitaban, supuestamente, a una persona conociera la situación en Córdoba, Sucre y Bolívar. EL COLOMBIANO reveló los tentáculos del combo del hijo del mandatario que estaría enquistado en la UNGRD y la UIAF.
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Respuesta del Gobierno
El presidente Petro visitará la región de La Mojana, particularmente el municipio de Ayapel, para analizar la situación con autoridades locales. Mientras tanto, la ministra de Agricultura, Jhennifer Mojica, anunció que siguen reubicando a las familias y que adelantan “modelaciones” sobre las zonas de riesgo.
“No vamos a permitir que se pierda ninguna vida”, señaló. Por su parte, Petro, el 7 de mayo pasado, solicitó a la Fiscalía investigar el contrato de ‘Caregato’ y dijo que desobedecieron sus órdenes. “Había que liberar el agua y restablecer sus flujos naturales cortados por terratenientes”.
Curiosamente, el mismo mandatario había publicado a principios de 2023 el siguiente mensaje: “Inicia la recuperación de La Mojana”, pero más de un año después la situación en este territorio va de mal en peor.
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