La Misión de Observación Electoral (MOE), presentó un informe en el que evidencia que desde el 27 de octubre de 2018 se registraron 30 hechos de violencia contra precandidatos, servidores públicos elegidos popularmente y funcionarios de los organismos de control en Colombia.
Según esta entidad, dos precandidatos a alcaldías fueron asesinados en menos de 72 horas, el precandidato a la Alcaldía de Cerrito, Valle del Cauca, Silvio Montaño Arango el pasado 29 de enero. Y luego Jorge Herney Castrillón, precandidato a la alcaldía de San José Uré -Córdoba, el 30 de enero.
De las 30 agresiones, seis han sido dirigidas contra precandidatos a Alcaldías, la mayoría de ellos con filiación política conocida. Estos corresponden a dos candidatos del Partido Alianza Verde, uno de Cambio Radical, uno independiente y tres sin partido identificado.
Las cinco regiones más afectadas por estos actos de violencia política son: Cauca y Bogotá, con 6 hechos cada uno; le siguen Cesar, con tres hechos; finalmente, Valle del Cauca y Putumayo, con dos cada uno.
Las amenazas contra candidatos y funcionarios también se han intensificado. El 20 de enero contra dos diputados de Putumayo, Yuri Quintero de la Alianza Verde y Euler Guerrero del Polo Democrático Alternativo. En Bogotá, dirigida contra dos precandidatos verdes a la Alcaldía, Claudia López y Antonio Navarro Wolf; y cuatro congresistas: los excandidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia Humana, Angela María Robledo y Gustavo Petro; el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda y el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde.
Para la MOE, estas amenazas provienen de una misma fuente (Águilas Negras) a la que oficialmente no se le reconoce estructura militar, pero que de manera clara es un instrumento de intimidación política contra líderes nacionales y locales que pertenecen a partidos y organizaciones que se han declarado abiertamente en oposición.
“Si bien se reconoce la importancia de la primera Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, es necesario involucrar a todas las organizaciones políticas, a miembros de la oposición y servidores públicos elegidos por voto popular, ya que el actual Plan de Acción Oportuna solo cobija líderes sociales y comunales, periodistas y defensores de derechos humanos”, alertó Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la MOE.
La MOE instó al Gobierno a trabajar de manera conjunta un “Plan de acción oportuno y específico para los líderes políticos y candidatos”.
