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“No es cierto que el gobierno vaya a desfinanciar el sector salud”, aclaró MinSalud

En una rueda de prensa, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aclaró las cifras que levantaron revuelo ante una posible desfinanciación.

  • La ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que en gobierno Petro no están desfinanciando la salud. FOTO: Esneyder Gutiérrez
    La ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que en gobierno Petro no están desfinanciando la salud. FOTO: Esneyder Gutiérrez
21 de septiembre de 2022
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La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó este miércoles que el presupuesto para el sector salud para el próximo año aún está en proceso de negociación en el Congreso de la República y que, en todo caso, los recursos proyectados para el 2023 serían superiores a los de la vigencia 2022.

“La presentación que se hizo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se hizo en el contexto de una negociación con el Ministerio de Hacienda, que aún se mantiene porque esto es un proceso, no es un hecho”, dijo la ministra Corcho.

Afirmó que la negociación tiene como punto de partida un déficit de 5,5 billones de pesos que hay en las cuentas de aseguramiento de la salud de los colombianos y que para el mes de diciembre el déficit está proyectado en 5,7 billones de pesos. “El Ministerio de Salud entra en esta negociación con un gol en contra”, dijo la ministra.

La funcionaria precisó que el presupuesto de la vigencia 2022 fue de 74 billones de pesos y que la UPC (el valor que el Gobierno les gira a las EPS por cada afiliado) actualmente está en 8.5%. En ese sentido, dijo que existen dos escenarios en la negociación del presupuesto de la salud para el 2023.

En el primer escenario, con un incremento de la UPC de 14,97% el presupuesto se aumentaría a 86 billones de pesos. En el segundo escenario, con un incremento de la UPC de 12% el presupuesto aumentaría a 82 billones de pesos.

“¿En cuál de los dos escenarios estamos desfinanciado la salud?”, cuestionó Corcho. “No es verdad decir que hemos desfinanciado la salud”.

Finalmente, la jefe de la cartera de Salud señaló que en la proyección del presupuesto para el próximo año también están incluidos $1,3 billones del programa de salud preventiva con el que se comprometió el Presidente Gustavo Petro.

Precisamente, este martes la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Legal lanzó un SOS por los recursos para el sector salud ante la alarma de desfinanciamiento pidiéndole al Congreso evitar que el sistema de salud se viera afectado con el reacomodo del presupuesto general del próximo año y a esta queja se sumó Gestarsalud.

Sin embargo, durante la rueda de prensa la ministra Corcho insistió en que “no es cierto que el gobierno vaya a desfinanciar el sector salud” y explicó las cifras que dan cuenta de un avance en la gestión.

Acemi aseguró que “el inminente desfinanciamiento del sistema de salud” representaría un riesgo “para la salud y la vida de los colombianos, y para la garantía de los ingresos de los trabajadores del sector”.

En un comunicado, el gremio planteó que –durante el próximo año– el costo de las atenciones de salud a los pacientes y usuarios se dará por cuenta de “tendencias como el envejecimiento de la población, la entrada de nuevas tecnologías al país y el poscovid”, así como “la inflación, la devaluación y el incremento del salario mínimo”.

Otro asunto que “podría configurar una crisis para el sector salud el próximo año” son los traslados de usuarios de las EPS que están en medidas de vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud.

Según las estimaciones de Acemi, se requieren al menos $76 billones para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y $4,88 billones para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios (presupuestos máximos).

Por su parte, Gestarsalud advirtió que “no contar con los recursos de presupuestos máximos que superan los cálculos iniciales hechos para el año 2021 y que ya fueron debidamente prestados a los afiliados así como la disminución de los recursos para el aseguramiento para el año 2023 representa para las EPS un déficit en la disponibilidad de los dineros requeridos para continuar con la garantía de la prestación de servicios y la administración del riesgo en salud, pero también una afectación para las IPS y proveedores en el flujo de recursos en todo el territorio nacional”.

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