Unas 200 personas que llegaron la mañana de este lunes a una zona rural del corregimiento de Guachaca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, se quedaron esperando la presencia o, por lo menos, un mensaje de parte del Gobierno nacional.
El encuentro había sido convocado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Acsn), para lo que denominaron un “acercamiento” para la reactivación de las conversaciones de paz de ese grupo al margen de la ley con la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Las sillas de las autoridades, sin embargo, quedaron vacías.
La inusual invitación la habían lanzado las Acsn a través de las redes sociales y con mensajes entregados a los habitantes de la zona, desde el pasado 23 de enero. Al día siguiente el Comando Central del grupo armado ilegal anunció también que habían decidido parar toda acción militar en Santa Marta, Ciénaga y La Guajira, de todas sus fuerzas urbanas y militares, según dijeron “como muestra de voluntad y compromiso y con el fin de dar garantías a la reunión”.
La noticia fue recibida con entusiasmo por líderes y autoridades locales, quienes dicen que las disputas territoriales entre las Acsn y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo tienen a Santa Marta y sus corregimientos en medio de una ola de crímenes, y a muchos barrios del sur de la ciudad viviendo en medio de una especie de “toque de queda” por miedo.
Los motivos no sobran. Por ejemplo, solo entre el lunes y martes de la semana pasada, Santa Marta registró seis homicidios; y desde el miércoles, día del inicio del cese de “acciones militares”, no se registra ni un solo homicidio, según señaló la consejera de paz de la alcaldía, Jennifer del Toro.
A la fallida reunión tampoco asistieron representantes del Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo. Los únicos que llegaron hasta Guachaca fueron el representante de la Conferencia Episcopal, monseñor José Mario Bacci Trespalacios; y la representación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia.
La consejera del Toro dijo que aunque entiende que se trata de una competencia exclusiva del Gobierno, a través del Alto Comisionado, lamentó que no hubiese sido atendida la convocatoria de “buena voluntad” del grupo armado y el llamado que ella misma hizo desde la alcaldía.
“Remití un oficio a la Oficina del Alto Comisionado y establecí comunicación telefónica en cuatro ocasiones para solicitar orientaciones y protocolos para la participación de la administración distrital en este proceso, pero no hubo ninguna respuesta, ni ningún mensaje con orientaciones”, explicó del Toro.
Miguel Puerto, de la oficina del Alto Comisionado, le dijo a EL COLOMBIANO que la conducción de los procesos de paz están, por mandato, bajo el liderazgo del Comisionado y que aunque les parece bien la iniciativa del grupo, esta no estaba dentro de la agenda y son reuniones que hay que hacer de manera coordinada.
Sobre el estancamiento que hay desde septiembre en las conversaciones, Puerto señaló que se intentaron varias posibilidades para avanzar, pero tenían dos obstáculos muy grandes.
“La imposibilidad del levantamiento de las órdenes de captura para los voceros del grupo por parte de la Fiscalía. Además, la Corte Constitucional estaba revisando la ley de paz total, entonces no sabíamos cómo proceder para avanzar en una posible mesa. Eso no quiere decir que el Alto Comisionado no esté interesado, pero estamos tratando de encontrar el mecanismo para hacerlo”, agregó Puerto.
En ese momento, la Fiscalía señaló que el levantamiento de las órdenes era inviable porque las personas que cobijaría hacen parte de Grupos Armados Organizados (GAO) que no tienen carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” y que “las resoluciones remitidas a la entidad no especifican cómo calificó la instancia de Alto Nivel a las Acsn y al Clan del Golfo”.
Lerber Dimas, de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra, fue uno de los líderes que llegó hasta Guachaca y dijo que a pesar de que el Gobierno no respondió al llamado, diferentes líderes y campesinos sostuvieron una conversación.
La inquietud que quedó en el ambiente, según Dimas, fue que el Gobierno debió haber enviado un representante o un mensaje de respuesta de por qué no podían ir.
“Entendemos su posición, son ellos como Gobierno quienes tienen la facultad para convocar, pero hay un clamor de la gente por la pacificación de la Sierra, porque las Acsn tienen una gobernanza criminal evidente”, agregó Dimas.
