A las afueras de Cartagena existe un pedazo de tierra que tiene sembrado un entramado de corrupción, narcotráfico y traición. Ese suelo guarda también una historia legal que terminó contaminándose con los tentáculos de los mafiosos de la época que torcieron todo a su paso para quedarse con uno de los lotes más importantes de toda Colombia.
Se trata del predio Mamonal-Pasacaballos, también conocido como lote Alcalis, que un día perteneció al narcotraficante Javier García, alias Maracuyá. El pasado mes de junio fue vendido por la Sociedad de Activos Especiales en más de 300 mil millones de pesos, representando hasta ahora el bien más costoso en poder de la entidad.
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El codiciado lote está ubicado en un sector exclusivo de la ciudad amurallada llamado Cospique, cerca de la zona portuaria de Cartagena. En total su terreno suma 107 hectáreas urbanizables con infraestructura de servicios públicos, acceso a la variante Mamonal-Gambote y la vía Pasacaballos. El millonario predio que limita con el mar estuvo en una puja de cinco días luego de que la Central de Inversiones S.A (CISA) y la SAE anunciaran su venta con una propuesta única de 328.079 millones de pesos.
Esta vez, el inmueble quedó en manos de una empresa colombiana que las entidades no quisieron revelar. Según la oferta, en ese lote se pueden adecuar puertos, patios de contenedores y hasta megacentros de logística; por ejemplo, para los años 90, en ese lugar funcionaba la empresa Alcalis de Colombia, una productora de sal refinada que tuvo que cerrar en 1993 y pasar a manos de CISA. Sin embargo, el terreno una vez estuvo a merced de la mafia narco y de altas esferas de la Fiscalía, en ese momento, en manos de Mónica Valencia Charry, exfiscal de extinción de dominio involucrada en una red de corrupción que ahora la tiene en la cárcel.
Así se gestó la compra
El auge de ese imperio traqueto tuvo su génesis en 2006 cuando el excapo José Bayron Piedrahita, conocido como “El Patrón de Caucasia”, y alias Maracuyá —quienes según declaraciones eran tan cercanos que se trataban de “hermanitos”— se interesaron en el predio y comenzaron a mover sus hilos de poder. En la mitad quedó el exparamilitar Alfonso “Poncho” Berrio, quien los acompañó a mirar el terreno en Cartagena.
Según fuentes judiciales cercanas al caso, un día de 2006 todos se fueron a caminar el lote junto con un cuñado de “Maracuyá”. Y mientras recorrían la tierra extensa, a “Poncho” le faltaban dedos para contar la cantidad de dinero que podía costar el predio. “Yo le dije a José Bayron Piedrahita que eso valía una millonada y le dije “¿O es que su hermano es muy rico?, y don José me contestó: “Ese señor es inmensamente rico, cuando hace vueltas es de 15 y 20 mil kilos de cocaína”, se lee en el expediente que más adelante le arrancaría de las manos ese megalote a los capos.
En realidad no tardaron mucho para comprar el predio. “Maracuyá” amasaba una fortuna multimillonaria a raíz de sus envíos de cocaína al extranjero; incluso, en una declaración juramentada de Juan Carlos Sierra, alias “tuso Sierra”, este da cuenta de los cargamentos que mandaban a España y que les pagaban en pesetas porque no existía el euro.
“Por cada peseta daban al cambio aproximadamente diez pesos colombianos, el kilo de cocaína costaba en las conversiones, 24 mil dólares”, relata el “tuso Sierra”.
Ya a finales de 2006, se logró el cometido con el predio. “Me contaron que se había realizado la compra del lote de Alcalis, los felicité porque para mí ese era el lote más importante de Colombia”, dijo alias Poncho Berrio en sus declaraciones a la Fiscalía en 2018 cuando ya corría una investigación contra el capo de la Oficina de Envigado José Bayron Piedrahita, a quien incluyeron en la lista Clinton y luego fue condenado a seis años por lavado de activos, a pesar de que su fachada siempre fue de un importante empresario y reconocido ganadero.
La caída del imperio
En esa declaración, la Fiscalía identifica el “lote Alcalis”, es decir, el predio de Cartagena y comienza un proceso de extinción de dominio contra “Maracuyá”, quien también ingresó a la temida lista Clinton.
Pero para ponerle un rostro a la situación, en ese punto entra un personaje clave: la fiscal de extinción de dominio Mónica Valencia Charry, hoy vinculada a una mega red de corrupción dentro de la entidad que extorsionaba capos para evitar la extradición a Estados Unidos, caso que ya tiene tras las rejas además a la fiscal Ana Catalina Noguera.
Según fuentes judiciales consultadas por EL COLOMBIANO, Valencia era la “protegida de los gringos” y la preferida para tomar las investigaciones sobre grandes narcotraficantes. Las mismas fuentes también le dijeron a este diario que Valencia prácticamente se encargaba de perfilar a los narcos para luego negociar bienes que podrían entrar en extinción de dominio, eso a cambio de una tajada de dinero.
En ese contexto, el narco entregaba el predio y se libraba de que le afectaran otros bienes o lo vincularan a procesos de lavado de activos o narcotráfico, aunque tuvieran pruebas para ello. Y el caso que puso en evidencia todo eso fue precisamente el de alias “Maracuyá”.
El proceso fue ágil. Para 2018 ese predio de Cartagena considerado la joya de la corona quedó en poder de la SAE. Para ese año, el predio tenía un avalúo de 1 billón de pesos. Según fuentes judiciales, “Maracuyá” firmó una sentencia anticipada de extinción de dominio y obtuvo beneficios por esa sentencia anticipada, de recibir entre el 5% y el 8% del inmueble afectado. Sin embargo, no le afectaron ningún otro bien y tampoco lo vincularon a algún proceso en la justicia colombiana.
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