Que en 233 municipios del país se desarrollen actividades mineras criminales y que en 2012, 205 toneladas de mercurio hayan sido vertidas al suelo y a los ríos del país fueron algunos de los detonantes para que el presidente Juan Manuel Santos le declarara, literalmente, la guerra a la minería criminal.
La vehemencia del anuncio causó incertidumbre en dos de las regiones más afectadas por la extracción de minerales: Chocó y Bolívar. Los mineros informales manifestaron que no es justo que los estigmaticen y se declaran víctimas.
Esta guerra anunciada por Santos consiste en la presentación al Congreso de un proyecto de ley con carácter de urgencia para combatir la minería criminal. Este proyecto de ley tendrá diferentes componentes para permitir que la Policía tenga herramientas como suspender actividades mineras y decomisar el oro que se extrae ilegalmente.
De acuerdo con Santos, se elevarán las penas por lo que se asociará esa actividad con el lavado de activos y con el concierto para delinquir. “Vamos a crear una Dirección, comandada por un general, para la lucha contra la minería criminal. De la misma forma, vamos a crear una Brigada en el Ejército, dedicada a la lucha contra la minería criminal. Al Consejo Nacional de Estupefacientes le vamos a agregar el de la lucha contra la minería criminal”. Agregó que les dio instrucciones a los comandantes de las Fuerzas Militares para que “pongan a este enemigo en las prioridades de su accionar diario”.
Una nueva guerra
El viceministro de Defensa Aníbal Fernández de Soto, en diálogo con EL COLOMBIANO, explicó que la estrategia contra la minería no es exclusivamente normativa. “Si bien el Gobierno Nacional presentará en los próximos días un proyecto de ley y expedirá normas de tipo reglamentario para fortalecer los controles a esta práctica criminal, estas medidas no son las únicas. Las propuestas van acompañadas de un fuerte componente operacional y de trabajo de la Fuerza Pública”.
Destacó que aunque en el último año han dado fuertes golpes a la minería, esta es la primera vez que se anuncia una estrategia integral. Destacó que “aquí la lucha es contra una cadena criminal que a través de la extracción ilícita de minerales sustenta logística y financieramente grupos armados ilegales y de crimen organizado que producen afectaciones graves en las regiones en las que delinquen”.
En ese orden, recordó que la minería criminal es una fuente de financiación de los grupos armados ilegales. “Las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales han migrado del narcotráfico a la minería criminal para obtener fuentes de financiamiento. La minería criminal es el crimen más atroz que puede existir contra la humanidad y todas las especies de flora y fauna. Es un crimen que afecta a todos los colombianos, no discrimina, no escoge a su víctima. Atenta contra la salud y el ambiente sano que es un derecho de todos”.
Entonces, ¿qué les dice a los mineros informales que ven esta estrategia como una amenaza? El viceministro respondió que “nunca” se ha declarado la guerra a la minería que cumple con la normatividad minera y los procedimientos técnicos y ambientales. “Los mineros informales están tranquilos y complacidos con esta estrategia de control a la minería criminal ya que ellos son las principales víctimas de esta práctica. La estrategia integral afecta a las organizaciones y grupos criminales no a las personas que de buena fe están buscando mejorar sus prácticas técnicas mineras y ambientales, sus aspectos sociales, económicos y jurídicos. Para ellos se ha diseñado una política de formalización que está avanzando”, dijo.
El Gobierno ha dicho que entre 2010 y 2015, 860 Unidades de Producción Minera iniciaron proceso de formalización mediante la formación y asistencia técnica a fin de alcanzar estándares técnicos, sociales y empresariales. El ministro de Minas, Tomás González, ha insistido en que este Gobierno apoyará a los mineros que quieran y puedan hacer una actividad bien hecha, cumpliendo todos los requisitos que exige la ley.
Destacó que hoy en día los pequeños mineros cuentan con tres opciones: “la de la formalidad, en la que les entregamos las herramientas necesarias para implementar buenas prácticas ambientales y mineras para su actividad productiva. La segunda es la de la reconversión laboral donde, en coordinación con otras entidades, les daremos alternativas para cambiar de actividad y, finalmente, a los que no estén dispuestos a trabajar bajo el amparo de la ley e insistan en realizar la actividad de manera irregular se les aplicará medidas de control”, puntualizó González.
El impacto ambiental
Si el diagnóstico es tan grave, ¿por qué hasta ahora están pensando en un proyecto de ley para combatir la minería? La respuesta la tiene el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo, quien explicó que no es nueva la lucha contra la minería y que eso se evidencia en que hace dos años se presentó al Congreso la ley del mercurio y que ahora trabajan en su implementación.
“La minería criminal ha ido creciendo de manera significativa. Este no es un negocio que hace seis años tuviera las dimensiones que tiene hoy, desde el punto de vista de su sofisticación. Los indicativos hablan que esta industria mueve 7 billones de pesos al año”, dijo.
Vallejo también insistió en que el objetivo de esta ley no es llegar y arrasar al pequeño minero y que lo que se está haciendo es buscar mecanismos de formalización minera.
“No se trata que tengamos el prejuicio de que la minería es mala, la minería bien hecha es una buena minería. Y así como hay que avanzar en los procesos de formalización minera que en muchas zonas del territorio ha tenido un enorme éxito, también si hay que declarar dos o tres veces la guerra frontal contra la minería criminal lo vamos a hacer”.
Pero entonces, ¿por qué si hay una ley que prohibe el mercurio, los ríos siguen igual de contaminados? Vallejo explicó que la ley del mercurio lo que está haciendo es que quienes hacen la minería legal de manera progresiva tendrán que ir disminuyendo la utilización de mercurio y los ilegales, “que sepan que esa actividad a partir de 2018 es ilegal. El problema no es solamente el mercurio, es el proceso que se hace para la extracción de los mineros”.
Temor en las regiones
En Chocó y en Bolívar los mineros tienen miedo. En estas dos regiones en donde la minería ha dejado marcas imborrables en sus bloques y en sus ríos advierten en que creen más en el proceso de formalización que en la lucha militar. Para las autoridades es claro que los departamentos con más afectación de la práctica de minería criminal son: Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó y Nariño.
José Nixon Chamorro, secretario de Desarrollo Económico de Chocó, indicó que la semana pasada se reunió la mesa minera del departamento y los mineros solicitaron una reunión urgente con el Viceministerio de Minas.
“Para nosotros el anuncio es preocupante porque aquí se venía en un proceso de trabajo de formalización de la actividad minera y eso va en contravía de lo que se venía haciendo. La lectura que se hace es que es una estrategia policial. Le insisto, aquí queremos avanzar en la formalización de la actividad minera porque igual siempre va a existir el minero informal”.
Federico Taborda, secretario general de la Federación de Mineros de Chocó, dijo que consideran esta estrategia del Gobierno “como un anuncio abierto de guerra y una política de arrasamiento total contra los pequeños y medianos mineros. Estamos hablando de que se le declaró la guerra a todas las familias que viven de la minería. Somos un nuevo enemigo interno que hay que luchar contra él. A los mineros nos han considerado criminales. No es fácil que nuestros hijos nos pregunten si somos mineros o si somos criminales solo porque el presidente Santos salió a decir eso”.
En contraste, Taborda sostuvo que efectivamente el Estado debe ir detrás de la criminalidad y se preguntó: “¿cómo no vamos a estar los mineros de acuerdo en que un Estado persiga la criminalidad? ¡Somos víctimas! Así como los tenderos son víctimas de la extorsión y de las bandas criminales que dominan los barrios, nosotros también somos víctimas porque nos roban lo producido, nos roban los insumos y nos extorsionan. Seremos los primeros beneficiados de la lucha contra la criminalidad, pero no somos beneficiados de la lucha contra la minería. Deben ser coherentes”.
El líder de los mineros chocoanos dijo también que no creen en que se busque solo atacar la minería criminal. “Tenemos unas mesas de trabajo para la formalización. Lo que quieren dar a entender es que hay un nuevo enemigo nacional para luchar contra él y nos desconocen los derechos. Los mineros del país nos estamos organizando y esperamos enfrentar estas medidas por todos los medios pacíficos y legales posibles porque queremos saber de cuándo acá los mineros nos convertimos en criminales”.
Robert Vásquez, secretario de Minas de Bolívar, reconoció que el impacto de la minería en la región es altamente negativo y que hay zonas devastadas con el agravante —dijo— que en donde hay minería es compleja la presencia institucional porque son lugares de difícil acceso y solo llegan la Armada Nacional o la Fuerza Aérea.
“Los mineros, principalmente del sur de Bolívar que es donde tenemos mayor incidencia de la minería ilegal, ven con mucha preocupación el anuncio del Gobierno. Ya que son mineros que vienen practicando esta actividad desde hace 25 años de manera informal y hoy en día están en ese proceso de legalización, pero con la normatividad existente se les hace difícil cumplir con los requisitos”.
Destacó que están haciendo unas mesas mineras en el sur de Bolívar donde participan aproximadamente 400 mineros. “Lo que les preocupa a los mineros es que cuando el Gobierno actúa no diferencia entre el que es una bacrim, el que tiene maquinaria o el que está practicando la actividad para vivir, para comer. Lo que puede pasar es que no se discrimine entre uno y otro y el Gobierno llegue quemando las máquinas y arrasando porque los mineros artesanales no tienen la documentación para demostrar que son legales”.
El secretario Vázquez propuso que el Gobierno antes de actuar “debe interactuar con las mesas regionales, hablar con los mineros para saber cuáles son las necesidades que ellos tienen. La verdad es que nos preocupa el impacto y se pueden generar problemas de orden público y nosotros como Gobierno departamental estamos atentos a canalizar los esfuerzos para que los mineros no se vean afectados con las medidas, pero claro que habrá impactos”.
Por último, señaló que aunque sabe del impacto, es urgente que se tomen cartas sobre el asunto. “Es claro que la situación de la minería se puede salir mucho más de las manos. La demora en tomar acciones concretas es lo que ha hecho que se desborde el problema”.
3.555
minas han sido intervenidas por las autoridades entre 2010 y 2015. Han capturado a 8.202 personas.
845
mil kilos de oro se han incautado en cinco años. Se le suma, 1.128 kilos de mercurio en el mismo tiempo.
96
municipios tienen explotación ilegal de oro y en 98 se hace extracción ilegal de carbón.
