Tras casi ocho meses de letargo y dilaciones, la próxima semana al fin comenzaría a destrabarse el caso contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de su campaña. Justo en ocho días, el miércoles 7 de febrero, comparecerá ante la Comisión de Acusación de la Cámara –encargada de investigar las denuncias contra el jefe de Estado–, el exdiputado Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario y quien en agosto de 2023 puso en tela de juicio la manera cómo el primer presidente de izquierda llegó al poder.
Su testimonio es clave y daría luces para descifrar el aparente descalabro en las cuentas, en entredicho por el supuesto ingreso por debajo de la mesa de $15.000 millones –como reveló el exembajador Armando Benedetti–, sumado a una aparente violación de topes y hasta omisión a la hora de registrar recursos.
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Y es que si bien estaba previsto que el primogénito del presidente acudiera esta semana, finalmente la cita se frustró por errores a la hora de notificarlo. Sin embargo, en ese órgano legislativo se da como un hecho que Petro Burgos se hará presente la próxima semana. Acudirá en calidad de gerente de la campaña de su padre en la Costa Atlántica en 2022 y lo que diga será determinante para citar a más involucrados, recaudar material probatorio y comenzar a escudriñar en las presuntas irregularidades alrededor de la financiación de la campaña.
Así lo ratificaron a EL COLOMBIANO dos altas fuentes que han seguido de cerca el proceso en la Comisión, quienes se declararon confiadas de que el testimonio del hijo mayor del presidente “dé norte a la investigación y permita saber a qué otros testigos llamar y qué pruebas recaudar”.
“Hay que ver si Petro Jr. se ratifica o no en lo que dijo ante la Fiscalía cuando fue capturado y luego en su entrevista a (la Revista) Semana. Toda la investigación en materia electoral contra el presidente está basada en las declaraciones a Day Vásquez (expareja de Petro Burgos) y en el interrogatorio al exdiputado. No hay ningún otro tipo de prueba”, explicó una fuente de primera mano.
En agosto pasado, antes de denunciar supuestas presiones de la Fiscalía, el hijo del exmandatario –en línea con lo dicho por Day Vásquez–, dejó entrever la aparente injerencia de personajes como el empresario Euclides Torres, el cucuteño Óscar Camacho, el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, y Gabriel Hilsaca, hijo del contratista Alfonso “el Turco” Hilsaca.
Si bien días después –tras una visita de Petro a Barranquilla–, Nicolás Petro se patraseó, negó esas declaraciones y lo atribuyó a presiones de la Fiscalía, lo cierto es que en la Comisión esperan que el exdiputado detalle y precise varias de sus afirmaciones y, en caso de que insista en negarse, igual se sustentarían en su interrogatorio. “Eso abriría la puerta a testimonios de Day Vásquez, (Armando) Benedetti, fichas del Clan Torres o el Hombre Marlboro”, declaró otra fuente dentro de la célula legislativa.
Piden hundir el acelerador
Si bien a mediados de diciembre la Comisión de Acusación abrió formalmente una investigación previa contra Petro por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña, persisten los reparos alrededor de la lentitud del proceso.
Por ello, el representante de oposición Christian Garcés (Centro Democrático), amplió la denuncia contra el mandatario y dio cuenta de un acta de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en la que se evidencia que su Comité Ejecutivo aportó $500 millones a la campaña. No obstante, no fue reportado y apareció en los ingresos del movimiento Colombia Humana.
Ese documento, considerado una prueba reina, fue hallado tras un allanamiento de la Fiscalía a las oficinas del gremio, un hecho que el propio Petro controvirtió: “(Están) buscando a ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente. No estamos ante cualquier cosa”, reclamó, al tiempo que se solidarizó con Fecode y criticó el procedimiento.
El representante Garcés señaló en diálogo con este diario que, pese a los nuevos hallazgos y la solidez de otras pruebas, en la Comisión “no hay garantías, comenzando porque los tres investigadores del caso –en un hecho vergonzoso–, no han cumplido los tiempos para rendir los informes”. Se trata de los representantes Alirio Uribe Muñoz (Pacto Histórico), Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Ramiro Carrillo (Partido de La U), quienes son los encargados de evaluar si el caso se archiva o hay méritos para seguir con la investigación.
“Deberían renunciar si tuvieran algo de respeto por el país. Dos pertenecen al partido de gobierno. Deberían ser cambiados (...) Es claro que la campaña Petro violó los topes, por lo cual el presidente no puede continuar en el cargo”, dijo el representante, quien hace parte del grupo de congresistas que esperan un impulso al proceso, entre ellos, sus copartidarios María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, así como el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde).
Actualmente la Comisión está conformada por 18 representantes y, con base en lo que determine el triunvirato investigador, se someterá a votación si continúa la investigación o se archiva.
En caso de que siga su curso, el caso pasaría a la plenaria de la Cámara (hasta donde llegó el Proceso 8.000 contra Ernesto Samper) y luego al Senado, que determinaría si Petro sigue o es apartado de su cargo. Por ahora, en la Comisión esperan que de acá a julio –cuando arranca otro periodo legislativo–, sean escuchados todos los implicados en el ventilador de Nicolás Petro.
Recusaciones, ¿la causa de parálisis?
Incluso dentro de la propia Comisión persiste el recelo y la desconfianza por la lentitud con que avanza la investigación contra Petro. Los ojos están puestos en los tres investigadores al frente del caso. Si bien hay sospechas porque dos de ellos son del Pacto Histórico, fuentes de la mesa directiva de la Corporación salieron en su defensa y aseguraron que la avalancha de recusaciones –al menos siete contra cada uno–, han dificultado el proceso, pues no se puede avanzar hasta que se resuelva si están inmersos o no en supuestos conflictos de intereses. Alegan que, paradójicamente, desde el Centro Democrático provienen la mayoría de esas recusaciones, que terminan por darle largas a la investigación.
Imputarán otros cuatro delitos a Nicolás Petro
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del Presidente Gustavo Petro, será imputado por cuatro nuevos delitos en medio del caso que se sigue en su contra y que se conoció como “Petrogate”, presuntamente por la entrega de recursos de manera irregular a la campaña presidencial de 2022, que finalmente habrían terminado en las cuentas personales de Petro Burgos.
Así lo dejó claro el fiscal Mario Burgos, que lleva el proceso en contra de Nicolás y de Daysuris Vásquez, expareja del hijo del presidente. Precisamente, el anuncio lo entregó durante la audiencia para dejar en firme el principio de oportunidad de Vásquez con la Fiscalía.
Hasta ahora, Nicolás Petro había sido formalmente acusado por dos delitos: enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Dentro de los nuevos cargos que la Fiscalía le imputaría estarían peculado por apropiación interviniente, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y celebración de contratos sin lleno de requisitos.
Así mismo, el fiscal elevó la solicitud para imponer medida de aseguramiento contra Nicolás Petro. “En contra del señor Nicolás Petro Burgos y otros delitos que la Fiscalía está pronta a imputar y solicitar medida de aseguramiento”, dijo el fiscal Burgos.
El exdiputado del Atlántico actualmente está libre con una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. El anuncio del fiscal Burgos sobre una medida de aseguramiento podría significar para Nicolás la cárcel o prisión domiciliaria.
La investigación contra Nicolás Petro y su expareja Daysuris Vásquez estalló luego de que el ente investigador recibiera las denuncias sobre los dineros ilícitos que este habría recibido por parte del exnarco Santander Lopesierra y el polémico empresario Gabriel, el turno, Hilsaca. Parte de esos dineros se habrían filtrado a la campaña de su papá.
Durante la pasada audiencia de imputación de cargos, el 11 de enero, el fiscal Burgos detalló que el hijo del presidente habría movido 1.053 millones de pesos irregularmente que salpicarían a personas que no estaban relacionadas con su rol de diputado. Y para ocultar esos dineros, Nicolás habría recurrido a bolsos, maletas y morrales en el closet de su habitación, como quedó plasmado en las conversaciones que filtró su expareja, Day Vásquez.
Con todo el material probatorio y la lista de testigos que presentó la Fiscalía, el Juez Segundo Penal del Circuito de Barranquilla, Hugo Carbonó, fijó para los días 29 y 30 de abril de 2024 las posibles fechas para la continuación de la audiencia preparatoria del proceso.
