La Defensoría del Pueblo alertó, en enero pasado, la situación de orden público que padece Caquetá, lugar donde fue el bombardeo contra las disidencias de las Farc, donde perdieron la vida ocho menores de edad, según cifras reveladas este miércoles por Medicina Legal.
Este hecho tiene en la cuerda floja al ministro de Defensa, Guillermo Botero, debido a que en la moción de censura que se llevó a cabo este martes en el Congreso, el senador Roy Barreras lo acusó de omitir la información sobre los caídos en el operativo adelantado por las Fuerzas Militares en esa zona.
Este miércoles se conoció que la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, fue enviada a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien, al parecer, hizo caso omiso de la misma.
El órgano defensor, en el documento, denunciaba la grave crisis que padecen más de diez veredas de la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, así como en la Macarena, Playa Rica y la Cristalina (Caquetá), por cuenta de los homicidios selectivos, el reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las Farc, y graves ataques a la Fuerza Pública y la Población Civil.
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En esta zona del país, dice el documento, los habitantes temían por su vida, desde líderes sociales, personas en proceso de reincorporación, las comunidades que suelen asentarse allí, hasta los funcionarios públicos que hacían presencia en el lugar, no estaban tranquilos.
Las alertas de la Defensoría han sido claras, todas anuncian la presencia de actores armados en lugares recónditos del país, así como la falta de presencia del Estado. Pese a que hay Fuerza Pública, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, ha enfatizado que una posible solución puede ser la reinversión social.
Lo que exponía el documento, en ese entonces, es que en el lugar hacen presencia los frentes 7, 40, 1 y la Columna Teófilo Forero de las Farc. Por cuenta de esta presencia se han llevado a cabo extorsiones, homicidios selectivos, además del tráfico y comercialización de droga que son trasladadas por Amazonas y Putumayo hasta llegar a Brasil.
Lo consignado en el documento suele ser una de tantas situaciones que padecen en el resto del país, pero lo que llama la atención es que alertaban y exponían ejemplos sobre el reclutamiento forzado de menores, situación que tiene en jaque al ministro, pues la hipótesis sobre la muerte de los ocho menores, es que cayeron por un posible reclutamiento.
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Lo que deja de presente el documento de la Defensoría es que los menores no suelen enlistarse en las filas de las Farc u otros grupos la margen de la ley por su propia voluntad.
“En el mes de abril de 2018, se reportó reclutamiento de tres adolescentes en el sector de Puerto Betania. Adicionalmente, se conoció sobre amenazas de reclutamiento forzado y posteriores desplazamientos forzados hacía el sector Las Damas y San Juan de Lozada”, quedó consignado en el documento enviado al gobierno en enero de este año.
“Por lo anterior, y de acuerdo con la situación descrita, es posible que la población civil sea objeto de violaciones masivas a los Derechos Humanos por la probable ocurrencia de atentados en contra de la vida, la seguridad, la integridad y la libertad personal”, dice la misiva de 14 páginas.
En ese entonces, la Defensoría solicitó a las autoridades locales y nacionales emitir mecanismos prestos a brindar seguridad para los menores, los líderes y las personas en condición de reincoporación que hay en la zona.
