La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su “grave preocupación ante denuncias de una presunta red de espionaje ilegal a medios de comunicación, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, magistradas y magistrados, y dirigentes políticos, que habría sido desarrollada por agentes estatales en Colombia”.
Por ello instaron al Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente respecto a estas actividades y sus responsables.
Este pronunciamiento se dio pocos días después de que la revista Semana denunciara la existencia de una red de espionaje que supuestamente funciona al interior del Ejército, quienes implementaban un malware denominado Hombre Invisible, que habría permitido a los uniformados hackear las comunicaciones de sus objetivos.
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La investigación mencionó con nombre propio a algunos afectados: senador Roy Barreras, magistrada Cristina Lombana y exgobernador de Nariño Camilo Romero. Además, la revista denunció persecusiones e interceptaciones contra los periodistas que adelantaban la investigación y contra su propio director, Alejandro Santos.
La Fiscalía y la Procuraduría anunciaron el martes pasado que iniciarán una pesquisa para establecer si se realizaron estas actividades ilegales y si el exjefe del Ejército, general Nicacio Martínez, estuvo involucrado o conocía los hechos. “Habrá primero que mirar cuáles son los sistemas que se utilizan, si se han utilizado. Cuáles son las labores y los resultados de esa auditoría interna para empezar a tomar una decisión”, aseguró Fabio Espitia, fiscal general encargado. Tanto el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunciaron una investigación interna para establecer si hubo interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema, políticos y periodistas desde el Ejército.
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De hecho, los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras anunciaron en la mañana de este jueves que asistirían a la CIDH, con sede en Washington para denunciar la violación de derechos que se evidencia en el país con este nuevo capítulo de chuzadas ilegales.
La CIDH y su Relatoría recordaron que “el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo. La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas”.
En los últimos años en Colombia se ha reportado el uso ilegal de intercepciones por parte de distintos servicios de inteligencia y ciberseguridad como ser los casos de las “Chuzadas del DAS” y la Operación Andrómeda en 2018, ésta última sobre intercepciones a los negociadores de Paz. Las investigaciones sobre las actividades del DAS avanzaron con lentitud, en cuanto a la Operación Andrómeda no se registraron resultados hasta la fecha.
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En ambas oportunidades la CIDH y su Relatoría Especial recordaron que la injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación tanto por motivos políticos, como para conocer sus fuentes de información. La CIDH insta al Estado a garantizar una investigación exhaustiva e independiente respecto de los hechos denunciados y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables. En particular, la Relatoría Especial llama al Estado a investigar la posible vinculación de entidades estatales en estos hechos y, con ese fin, disponer de todos mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación, en consulta con los afectados.
El Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, emitió en 2019 un informe sobre “La industria de la vigilancia y los derechos humanos” y señaló que los periodistas están expuestos a estas metodologías de vigilancia, convirtiéndose en blanco deliberado de ellas. Destacó que los tres principales tipos de vigilancia son interceptar comunicaciones, hackear aparatos electrónicos (móviles y ordenadores) y vigilar de forma masiva los flujos de comunicación. La vigilancia selectiva incentiva la autocensura y menoscaba de manera directa la capacidad de los periodistas y los defensores de derechos humanos para realizar sus investigaciones y para forjar y mantener relaciones con sus fuentes de información.
