El Juzgado Tercero de Bogotá rechazó la solicitud de nulidad que buscaba tumbar un fallo expedido hace dos semanas en esa misma instancia. La decisión que quedó en firme le pedía al presidente Iván Duque “abstenerse” de sancionar un polémico cambio que se le hizo a la Ley de Garantías en el Congreso.
En un solo fallo, el juzgado señaló que negaba las solicitudes de nulidad interpuestas por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Departamento Administrativo de la Presidencia y varios municipios y ciudades del país.
Este fue el último capítulo de una larga novela que empezó cuando el Congreso aprobó el proyecto de ley que fijaba el Presupuesto General de la Nación (PGN). En ese articulado había un aparte que modificaba un punto clave de la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005) que les impedía a los mandatarios de las Entidades Territoriales celebrar contratos interadministrativos cuatro meses antes de que se lleven a cabo las elecciones.
Es decir, que las reglas de juego podrían cambiar de cara a los comicios de 2022.
Desde el Gobierno Nacional y distintas ciudades argumentaron que esta restricción debía tumbarse, pues señalaban que deben reactivar la economía en sus territorios debido a la crisis provocada por la pandemia de covid-19.
El proyecto de ley del PGN se aprobó en el Congreso, pero antes de que el presidente Iván Duque lo sancionara, un juez de Bogotá falló una tutela que pedía suspender el cambio a la Ley de Garantías.
El togado consideró que ese aparte no se podía modificar hasta que la Corte Constitucional no resolviera que, en efecto, se trataba de una decisión que se apegaba a la Constitución.
