Desde que estalló el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), el despacho del magistrado de la Corte Suprema, Francisco Farfán, ha escuchado a varios políticos y funcionarios que han dado su versión de los hechos denunciados. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los abogados de los implicados había sido llamado a declarar.
Eso cambia con la citación a José Luis Moreno, defensor de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien deberá comparecer la próxima semana. Con su testimonio, la Sala de Instrucción busca aclarar detalles sobre el día en que supuestamente fue entregado un millonario soborno al senador, Iván Name.
“Su comparecencia ante las autoridades judiciales no es optativa. Por el contrario, la orden aquí proferida es de obligatorio cumplimiento, so pena de ser objeto de las sanciones disciplinarias”, se lee en la citación al abogado.
En concreto, la Corte espera que Moreno aclare un informe pericial elaborado por investigadores de su oficina. Dicho informe, incorporado como prueba en el proceso, analizó las celdas del celular de Olmedo López para demostrar su presencia en el apartamento del senador Iván Name el día en que supuestamente recibió el soborno.
El punto clave de la declaración será que uno de los peritos de José Luis Moreno admitió errores en el informe pericial.
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Este testimonio hace parte del expediente contra el senador Iván Name y el representante Andrés Calle, señalados por los exdirectivos de la UNGRD de haber recibido $4.000 millones en sobornos a cambio de apoyar las reformas del Gobierno.
Tanto Calle como Name han insistido en su inocencia, argumentando que con las acusaciones López y Pinilla solo buscan obtener beneficios judiciales.
Precisamente, tras conocerse que un perito reconoció errores en una de las pruebas, el abogado Jaime Lombana, defensor de Name, acudió a la Fiscalía y denunció a Olmedo López y Sneyder Pinilla por falso testimonio y fraude procesal.
En todo caso, los testimonios de López y Pinilla han sido fundamentales para la apertura de procesos contra congresistas, funcionarios y contratistas involucrados en la red de corrupción.
Ambos admitieron ante las autoridades su participación en los hechos ilícitos y se acogieron como testigos de la Fiscalía. Por eso, fueron acusados y enviados a prisión.
Por el escándalo de la UNGRD también fue judicializada y encarcelada Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro. Aunque en un principio negó cualquier implicación en la trama corrupta, todo indica que estaría a punto de confesar lo que sabe.
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