El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, generó un intenso debate judicial tras sus declaraciones publicadas en El Espectador, donde sugirió que la sociedad colombiana debería comenzar a considerar el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Estas afirmaciones fueron rápidamente rechazadas por el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, quien advirtió que terminar con esta jurisdicción en este momento significaría un daño considerable para el país. A su vez, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, se alineó con Vidal en defensa del sistema judicial.
Durante la cumbre de la justicia celebrada en Manizales, Reyes señaló: “Es un tema que está en el ámbito del debate político. El presidente de la JEP ha manifestado los riesgos de una postura como esa, y yo, desde mi posición, coincido con él. Estos debates deben darse para que la ciudadanía evalúe si la propuesta del comisionado o la del presidente de la JEP es la más conveniente. Si llegara a surgir un debate judicial, la Corte Constitucional intervendría, pero no me corresponde adelantar opinión”.
Este evento, que también reunió a ministros, presidentes de las altas cortes y del Congreso, fue resaltado por Reyes como una demostración de la solidez de las instituciones colombianas y su capacidad de actuar en conjunto para proteger a los ciudadanos.
El revuelo causado por las declaraciones de Patiño fue tal que este se vio obligado a aclarar sus palabras en otros medios, como en W Radio, donde explicó: “No he dicho que hay que acabarla, sino que hay que ir cerrándola. Es una justicia transicional que puede cumplir su misión. Sin embargo, algunos han malinterpretado el alcance de mis palabras”.
Patiño también alertó sobre posibles fallas en la JEP, destacando que la responsabilidad de los secuestros se atribuyó a los mandos medios de las Farc, cuando originalmente se había señalado al secretariado.
El 26 de septiembre, la JEP emitió un llamado al Gobierno Nacional, subrayando la importancia de respetar la separación de poderes y garantizar su autonomía, conforme lo establece la Constitución. Vidal reiteró su preocupación ante la idea de cerrar la JEP, destacando que esto afectaría gravemente el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado y las extintas FARC.
“Un cierre prematuro de la JEP sería perjudicial para el país, para las víctimas, y para aquellos comparecientes de las FARC y la Fuerza Pública, pues pondría en riesgo la regularización de su situación judicial”, afirmó Vidal en una rueda de prensa.
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Mientras tanto, Patiño continúa ofreciendo explicaciones sobre su postura, que sigue generando controversia en distintos sectores del país.
