Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, entregó un documento a la Fiscalía en el que denunció que él y los miembros de su familia serían víctimas de “chuzadas” y seguimientos ilegales por aparentes miembros de las oficinas de inteligencia del Gobierno Nacional.
“Estamos muy angustiados”, ese fue el calificativo que usó uno de los magistrados de la Corte cuando EL COLOMBIANO le preguntó por el ambiente al interior de la institución tras las denuncias presentadas por el magistrado Ibáñez.
Esa sensación se reprodujo por toda la rama Judicial. Los presidentes de las cuatro Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura) emitieron una carta en la que rechazaron la persecución a sus magistrados. Aseguraron que la situación afecta la independencia judicial.
El magistrado Ibáñez venía manifestando el temor por aparentes monitoreos a sus comunicaciones y seguimientos a su esposa.
“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, fue el mensaje que recibió un periodista de Caracol Radio cuando le escribió al magistrado Ibáñez para alguna consulta.
Las alertas se encendieron y este 19 de junio los magistrados de la Corte se reunieron con la fiscal general Luz Adriana Camargo para exponer la preocupación.
Después, el magistrado Ibáñez entregó la carta –en la que detalla los pormenores de la situación– al presidente de la Corte, José Fernando Reyes y a la fiscal Camargo.
Ibáñez aseguró que los magistrados auxiliares de su despacho también fueron víctimas de estos aparentes seguimientos ilegales y no descartó que otros funcionarios de la rama jurisdiccional estén siendo víctimas de lo mismo.
“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en la carta firmada por el pleno de la Rama Judicial
La Unidad de Investigación de la Fiscalía dio apertura a las indagaciones y durante la tarde de ayer hubo una reunión en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez entregó las pruebas que ha recopilado hasta ahora de las aparentes irregularidades.
“La Fiscalía General de la Nación rechaza categóricamente cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que afecte la seguridad, protección e integridad tanto de los denunciantes y sus familias, como de las investigaciones que por naturaleza deben ser reservadas”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
La Justicia, ahora mismo, insiste en celeridad en la investigación para determinar la magnitud de las denuncias y encontrar responsables.
¿Qué dice el Gobierno?
Carlos Ramón González, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), acudió, justamente, el pasado martes a un debate de control político en el Senado de la República.
En ese espacio González negó cualquier dirección desde la Casa de Nariño para “chuzar” a opositores, funcionarios de las otras ramas del poder o a periodistas. Sin embargo, no descartó que alguno de sus subordinados pudiera cometer irregularidades.
“Las puertas están abiertas para cualquier visita que nos quieran hacer para verificar lo que hacemos. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Pero les pedimos que por favor nos ayuden a investigar. No descartamos que algún funcionario X o Y de alguna inteligencia esté haciendo alguna tropelía o cometiendo algún delito”, manifestó González.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, aseguró que la orden en su Gobierno es no incurrir en la denominada práctica de las chuzadas.
“He sido explícito en que la inteligencia del Estado se (debe) dedicar (solo) a la persecución del gran crimen”, señaló Petro en su cuenta de X.
El mandatario añadió que durante una inspección a la DNI se encontró que no cuenta con “aparatos” para la interceptación de servicios de telefonía privada.
¿Qué casos llevó el magistrado Ibáñez?
La Corte Constitucional ha sido el escenario en el que el Gobierno ha visto naufragar varios de sus leyes y proyectos claves. Solo para poner dos casos: el Ministerio de la Igualdad y los decretos que declaraban la emergencia social y económica para La Guajira.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez se unió a la Corte en 2020. Es de pensamiento conservador y ha participado como ponente en varias decisiones que tienen que ver directamente con el Ejecutivo.
Ibáñez, por ejemplo, presentó el año pasado una ponencia con la que solicitaba tumbar la totalidad de los artículos que le dieron vida a la ley de la Paz Total y que otorgaba el marco jurídico para los acercamientos, negociaciones o sometimientos con los grupos armados ilegales. Su ponencia no prosperó y la ley se salvó.
Pero, quizás, la decisión que más golpeó al Gobierno ocurrió en noviembre del año pasado. El magistrado fue ponente del fallo que tumbó la no deducibilidad de regalías que había sido incluido en la reforma tributaria del Gobierno Petro. En la práctica el artículo buscaba que las empresas extractivistas pagaran más impuestos: la expectativa era recaudar cerca de 6 billones de pesos.
El magistrado Ibáñez, en todo caso, es el llamado a asumir la presidencia de la Corte Constitucional cuando José Fernando Reyes culmine su periodo.
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magistrados configuran la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.
