El reconocimiento el pasado sábado que hicieron las Farc de la autoría del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, no solo cambiaría el rumbo de las investigaciones que por más de 25 años ha adelantado la Fiscalía, sino que podría desencadenar una nueva colisión de competencias entre esta entidad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
A través de un comunicado, el ente investigador aseveró que acudirá a todas las herramientas legales y jurídicas para evitar que este caso termine en la JEP. Entre los argumentos presentados por la institución está que, según dice, debido a las pesquisas adelantadas en 2017 se pudo declarar el asesinato de Goméz como un crimen de lesa humanidad.
A su vez, la JEP asumiría la investigación debido al compromiso adquirido por las Farc de contar la verdad y, además, la Comisión de la Verdad comenzaría a escuchar a los familiares de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Bejarano, el general Fernando Landazábal, Pablo Emilio Guarín, Hernando Pizarro y Fedor Rey.
“Se escuchará a los miembros de las Farc y contrastará sus versiones con las de otras personas y entidades que quieran contribuir a este esclarecimiento. La Comisión se pronunciará en su informe final”, expresó el padre Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad.
Con las versiones de cada institución se podría presentar un choque de trenes entre Fiscalía y JEP, como ya ha pasado antes. El primero de ellos ocurrió en octubre de 2018, cuando el ente investigador, en el marco de una indagación contra la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, ingresó a las oficinas de la JEP, extrajo documentos y citó a interrogatorio a una magistrada de la Sala de Reconocimiento.
El segundo caso de una colisión de competencias se presentó seis meses después, cuando la Fiscalía solicitó a la Corte Constitucional dirimir el conflicto de si la JEP era competente o no para suspender el proceso de extradición de Jesús Santrich y si entre sus funciones estaba la de decretar pruebas o no para determinar la fecha de comisión del delito del exjefe de las Farc, hoy comandante de la disidencia Segunda Marquetalia.
El último incidente ocurrió tambien en 2018 cuando Fiscalía y JEP chocaron sobre cuál entidad debía decretar las medidas cautelares sobre los bienes declarados de por las Farc para la reparación de víctimas.
El asunto ha subido tanto la tensión, que el procurador, Fernando Carrillo, instó a Fiscalía y JEP trabajar unidos.
“La JEP tiene la obligación de investigar e ir más allá del dicho de los jefes de las Farc. El caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado es una gran oportunidad para la articulación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial”, expresó Carrillo Flórez.
