La Jurisdicción Especial para la Paz ha dado más de una noticia en los últimos meses: no solo ha condenado a los comandantes de las Farc por más de 20.000 casos de secuestro, sino que ahora recibe al exparamilitar Salvatore Mancuso para que dé versiones sobre las relación de las Autodefensas Unidas de Colombia con algunos oficiales de la Fuerza Pública y con políticos. Hablamos con Roberto Carlos Vidal López, presidente del tribunal de justicia transicional, sobre estos temas y los proyectos que tiene en Antioquia.
¿Por qué, sin tener sus temas resueltos con Justicia y Paz, ahora Salvatore Mancuso llega a la JEP?
“La clave es entender que la competencia de Justicia y Paz, lo que podía investigar, es distinto a lo que pueda investigar la JEP. La competencia de Justicia y Paz estaba estrictamente delimitada a la actividad de los paramilitares que firmaron los acuerdos de 2005. Justicia y Paz ha hecho 17 años de investigación importantísima; cuando ellos se topaban con actores distintos a esos que podían investigar, tenían que remitir inmediatamente a las autoridades competentes. Hay 18.000 compulsas de copias a la Fiscalía. Y no se sabe cuál ha sido el desarrollo que esas compulsas. Ese es un punto especialmente crítico para las organizaciones de víctimas”.
¿Cuáles casos no podían investigar?
“Por ejemplo, cuando en una audiencia entraban acusaciones o menciones de un militar o de un funcionario público. ¿Qué pasaba? Lo mandaban a la Fiscalía (la justicia ordinaria) o a la Justicia Penal Militar. Digamos que la investigación de Justicia y Paz está concentrada en un pedazo de la verdad. Cuando llegamos nosotros, en 2016, nuestra competencia era diferente; diría que, en algún sentido, es mucho más amplia, pero también limitada, pero mucho más amplia. Nosotros podemos investigar a las Farc y podemos investigar a la Fuerza Pública”.
Pero ustedes han ido creando jurisprudencia para ampliar sus competencias, porque ahora hay paramilitares como Mancuso adentro de la JEP...
“Eso es lo que quiero explicar. Nosotros tenemos una competencia más amplia que cobija a las Farc y militares, según lo determinó la Corte Constitucional, ellos son nuestros comparecientes obligatorios; también podemos investigar a funcionarios públicos y a particulares, pero ellos son comparecientes voluntarios. Ese es nuestro esquema original. Ahora bien, cuando nosotros vamos a investigar a los militares, las víctimas nos dicen con toda razón que debemos investigar su relación con paramilitares, porque de lo contrario la verdad otra vez se va a quedar coja. Porque hubo un momento en que los crímenes de la Fuerza Pública, que no fue una cosa general, se cometieron con los paramilitares. Esa fue una petición de las víctimas”.
¿Así entonces entran paramilitares como Mancuso?
“Sí, pero el 98 por ciento de los paramilitares se quedan juzgados por Justicia y Paz no los tocamos. La JEP dice: ‘Necesitamos recibir a un grupo de paramilitares específico que tiene unas condiciones muy particulares’. La primera: solo recibimos gente que tuvo alto liderazgo dentro de los paramilitares; que sean de la cúpula, porque ustedes saben que no eran una sola organización, sino una federación. Segunda: que esas personas hayan actuado integradas con la Fuerza Pública, porque hay momentos en que actuaban de manera concertada y jefes paramilitares incluso daban órdenes a ciertos sectores de la Fuerza Pública para hacer estas actividades concertadas, por ejemplo, mandar aeronaves, ordenar que se movieran tropas, ordenar retenes, advertir movimientos. La idea, entonces, es acceder a esa relación entre paramilitares y Fuerza Pública. No vamos a juzgar a los paramilitares, sino a ese grupo. De hecho, siempre se ha estimado que es un grupo muy pequeño”.
¿Es decir que ustedes no van a juzgar a Salvatore Mancuso?
“Nosotros podemos encontrar responsabilidad en ese vínculo con la Fuerza Pública. Hay que decir que esto es absolutamente selectivo”.
Hay una sensación en un sector de la sociedad de que se aceptó a Mancuso para que hable del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de que para eso lo trajeron al país...
“Mancuso, digamos, copa la atención, pero nosotros tenemos 20 solicitudes de jefes paramilitares, pero esto se trata del caso de Fuerza Pública, no vamos a abrir un nuevo macrocaso sobre paramilitarismo. Nosotros el año pasado dijimos que son 11 casos. Estos paramilitares, en su mayoría, ya cumplieron con sus sanciones. Es gente que ya recibió unos beneficios bastante grandes en Justicia y Paz. Casi todos tienen pena cumplida, incluyendo a Salvatore Mancuso. Hay que ver que tuvimos la petición de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, pero se le expulsó porque dijo que no quería aportar a la verdad. Después vino la de Mancuso y tenemos otras 18 en fila”.
¿La JEP recibió a Mancuso por presión de la Presidencia de la República?
“No. De ninguna manera. Esto tiene una explicación. Nosotros lo admitimos, lo admitió nuestra sala de definición, que es primera instancia, y la sala de definición dijo, ‘si lo admitimos, Justicia y Paz mantiene la investigación sobre paramilitarismo’. Nosotros solo lo vamos a tomar en las acciones en las que fue bisagra con la Fuerza Pública”.
Los abogados de Mancuso apelaron esa decisión. Y la apelación la recibió la sección de apelaciones y les dio la razón. ¿Cómo van a distinguir el Mancuso comandante paramilitar puro y el comandante bisagra?
“Sí, tienen razón, eso es imposible separarlo. La actuación de este señor era una sola. Entonces poner a un tribunal a investigar artificialmente una división que no podemos sostener, va a crear una confusión de investigación muy grande. Por eso lo más razonable es traérnoslo completo y que la investigación la haga una sola autoridad judicial, y que decida en conjunto sobre el tema. Ahora bien, en Justicia y Paz ya pagó una condena de 8 años. La Corte Suprema estableció que las penas que ellos cumplieron en Estados Unidos se valían como cumplimiento de la sanción de Justicia y Paz”.
En la carta que Mancuso publicó la semana pasada dijo que él ya ha dicho todo lo que tenía para decir. ¿Ustedes esperan que diga cosas que no ha dicho?
“En los argumentos que ha expuesto, él ha dicho que ha estado sometido a Justicia y Paz todo el tiempo que estuvo en el exterior, que tenía hasta cuatro días de audiencias a la semana. Sobre la información que tiene, hay varias cuestiones. Una cosa es preguntarle sobre su actuación paramilitar y otra es la que nosotros estamos de la actuación con la Fuerza Pública o con terceros. Recuerde que Justicia y Paz no podía investigar esas relaciones”.
¿Y el tema Uribe qué?
“Pues mire, el tema Uribe para nosotros no existe porque esa es una de las limitaciones que tenemos, porque él no es objeto de investigación. Si algún compareciente menciona a un expresidente nosotros compulsamos copias a la Comisión de Acusaciones del Congreso”.
¿Y Mancuso ya mencionó al expresidente Uribe?
“Él hizo unas menciones en la audiencia en la que presentó la información que podría ofrecer. Tuvimos audiencias públicas y otras privadas, en estas últimas él mencionó al expresidente Uribe. Pero le recuerdo, él no es sujeto de nuestra investigación”.
¿Qué dijo?
“Hay unas menciones con terceros y militares, pero son versiones que no son públicas”.
¿Es decir, que Mancuso se encontró con Uribe y estaban militares, es lo que él habría dicho?
“Mencionó al expresidente Uribe en sus declaraciones. Pero no. Explicar ahora cuáles son las menciones, o los hechos, no es posible hacerlo”.
¿Qué está buscando Mancuso en el JEP?
“No me imagino cuáles beneficio podría buscar Mancuso en la JEP”.
Eso de la ley de punto final que está buscando las Farc, ¿cómo leen que los comparecientes terminaron casi aliados con quienes querían acabar la JEP?
“Es un evento político muy paradójico, porque tiene una cantidad de procesos políticos muy diversos, de gente que está opuesta en el escenario político y termina junta. Detrás de esa iniciativa hay un problema real. Las jurisdicciones transicionales tenemos competencias limitadas, sí, eso produce una cantidad de actores en el escenario de la guerra en Colombia que tienen problemas jurídicos que tienen que resolver, y se vuelve muy claro con la Paz Total que ahora quieren en el país con el ELN, las disidencias, los sucedáneos de los paramilitares, los grupos narcotraficantes. Además, está la gente que quedó por fuera de los procesos anteriores, por ejemplo, políticos que se quedaron por fuera de soluciones jurídicas y que tienen problemas jurídicos reales, serios, que tienen que resolver. ¿Cómo resolverlos? Nosotros no podemos, Justicia y Paz no puede y la justicia ordinaria tiene unos términos muy draconianos. Entonces de ahí sale esa iniciativa de punto final, que es misteriosa. Eso tiene unos actores expresos y otros ocultos. Sí, entonces tienen unos actores expresos. El proyecto va ganando adeptos, aunque es una factura muy delicada en términos jurídicos”.
¿Eso podría en algún momento sobrescribir el rol de la JEP?
“Claro que sí. Nosotros, frente a ese diseño, somos absolutamente respetuosos de la competencia que tienen el Gobierno y el Congreso para hacer una arquitectura de paz. Recuerden que en La Habana este fue el punto que más tiempo llevó de la negociación. ¿Cuál es la forma judicial? Ese es el corazón de cualquier negociación de paz”.
Usted ahora mencionó que hay unos protagonistas ocultos , ¿uno de ellos es Álvaro Leyva que ha querido mucho que se abra un macrocaso de paramilitarismo?
“Pues para mí no es un protagonista oculto. Creo que es un protagonista expreso. Creo que él viene promoviendo esas reformas, la ley de punto final y la apertura de un macrocaso de paramilitarismo, que no pasará, y lo hizo desde su posición en la Cancillería. Yo lo he visto haciéndolo de frente, y nos ha involucrado en el tema. Dijo en el Consejo de Seguridad que la JEP se está descarrilando, no entendemos qué es lo que están haciendo, y dijo eso porque no recibimos a alias Macaco”.
¿Cuáles son los proyectos que la JEP firmó con el alcalde de Medellín y el Gobernador de Antioquia?
“Ahora estamos también muy concentrados en los proyectos, los que vamos a hacer con los comparecientes. Por un lado, entonces esos proyectos se hacen entre la JEP y el Gobierno Nacional, también con los gobiernos locales, porque son proyectos en el territorio. Estamos hablando de proyectos para la reconciliación. Estamos hablando de comparecientes de las Farc, del Ejército, y de las víctimas trabajando juntos”.
¿Pero cómo son esos proyectos?
“Hay que incluir aquí las palabras claves que son restauración, inclusión y transformación; son como los tres verbos rectores. La llegada de un proyecto tiene que beneficiar no solo a unas víctimas. Hay que resolverles la situación jurídica a algunos comparecientes y generar una inclusión de las comunidades que históricamente fueron afectadas. En el caso de Dabeiba, hay un corredor que fue ampliamente contaminado con minas antipersonas como estrategia de guerra y los accidentes siguen ocurriendo hoy. De hecho, 15 de las víctimas son recientes, niños, campesinos y mujeres. Entonces tenemos un proyecto financiado por la cooperación internacional, por el Fondo Multidonante y por el Gobierno que aprueba los recursos y que busca un proceso preventivo inicial de educación en el riesgo de minas, porque hoy siguen cayendo personas en esos campos minados. Esa entrada va a incluir a comparecientes de la Fuerza Pública del caso de Dabeiba, máximos responsables, y a comparecientes de las Farc, algunos de ellos máximos responsables”.
¿Los comparecientes sí asisten?
“Claro. El reconocimiento del responsable no se da solo en una audiencia, sino que tiene que reiterarse. Por ejemplo ahora a Mancuso, como ya entró, le va a tocar varias veces poner la cara, como a todos. Con esas comunidades tiene que haber un proceso de reconocimiento, responsabilidad de trabajo. El acuerdo de paz dice que hay que cerrar la brecha de impunidad, que se sepa qué fue lo que pasó en el territorio; hay que levantar la información de la memoria colectiva, no solo de los casos de minas, sino de secuestro, los casos de homicidios, masacres, desaparición forzada. ¿Quién tiene la información? La gran mayoría la tienen los actores armados que fueron de las comunidades. Hay que levantar esa línea y empezar a reconstruir la confianza y a reconstruir el territorio con inclusión de políticas públicas de Estado. Eso se traduce en proyectos como el agua potable, los acueductos, las vías, en fin”.
¿La JEP se tiene que asegurar de que estos proyectos funcionen?
“Eso es lo que se llama el sistema restaurativo, que es un mecanismo de articulación de la JEP con el Gobierno Nacional y con gobiernos locales para que esos proyectos sean viables. Claro, pero entonces si le llega al Alcalde de Medellín o al Gobernador de Antioquia simplemente con una sentencia en la que se dice: ‘le ordeno que haga proyectos restaurativos para víctimas de no sé dónde’, pues no va a entender, no va a saber qué hacer. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es decirles que conseguimos plata en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos 450.000 millones de pesos en el presupuesto nacional que van a ir a las regiones para desarrollar todo esto que estamos hablando”.
Hace unos meses se habló de reabrir la búsqueda de cuerpos en La Escombrera, en la comuna 13, un tema al que la alcaldía no le ha jalado mucho, ¿qué piensan hacer ustedes al respecto?
“Yo no podría adelantar las decisiones. Claro, es el magistrado Gustavo Salazar el que está detrás del caso y lo hemos conversado, pero ellos están haciendo un balance entre lo posible y lo deseable. Quieren ofrecer a las víctimas una respuesta, digamos, a sus demandas, aún sabiendo que la posibilidad de encontrar esos cuerpos puede ser remota. Pero que también entiendan que el gesto de una autoridad judicial reconociendo el dolor e intentando la cosa, esto tiene un valor, pero eso tiene también unos límites. Por supuesto, esto no puede prolongarse indefinidamente. Ellos saben y están tratando de poner todo en orden, pero debería tener un marco”.
Háblenos de los resultados judiciales que ha tenido la JEP...
“Nosotros hemos empezado a cerrar investigaciones muy gruesas, por ejemplo, la investigación de los 20.000 secuestros de las Farc. Terminamos de investigación con una imputación sumamente seria. La cúpula de las FARC, los ocho miembros del Secretariado, reconocieron su responsabilidad como criminales de lesa humanidad y criminales de guerra por esos secuestros que ordenaron, ese es un logro enorme. La sentencia de esa investigación está próxima a salir.Lo mismo sucede con los casos de falsos positivos; había 3.500 personas procesadas y condenadas en la cárcel por los falsos positivos. El grado más alto de militares condenados era el de teniente. Nosotros, después de la investigación, ya tenemos 30 coroneles que reconocieron su responsabilidad, dos generales que reconocieron su responsabilidad, y 150 militares imputados sobre hechos que no conocía la Rama Judicial. Y esto es un ejemplo entre los 6 primeros casos que llevamos, todos tienen resultados que van avanzando. Ahora el ritmo normal de esto es que se terminan las investigaciones y estamos comenzando ya los juicios. Entonces un poco la gente dice, bueno, ¿dónde están las sentencias? Están a la vuelta de la esquina, ya terminaron las investigaciones, pero no son juicios tradicionales”.
