Roberto Vidal es el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y está incómodo con una carta que el gobierno nacional hizo llegar a la ONU en la que el presidente Gustavo Petro se refería a las “obligaciones” del tribunal especial.
“La JEP reclama y garantiza el ejercicio autónomo de su labor y en ese sentido no nos resulta en manera alguna admisible recibir órdenes, sugerencias, o indicaciones respecto del rumbo que deban tener las decisiones de la jurisdicción”, dijo el magistrado Vidal en conversación con El Tiempo.
Lea más: Gobierno nacional inició el proceso de reparación de las víctimas de la Unión Patriótica
La molestia del togado tiene que ver con una carta que la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata hizo llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En ese documento el presidente Petro dice que será él quien se encargue de que la JEP cumpla con sus labores.
“Propiciaré sin escatimar esfuerzo que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cumpla su gran cometido: La paz como derecho síntesis. Como Jefe de Estado y en representación del Estado mismo, manifiesto una vez más que haré cumplir el Documento Oficial S/2017/272 del Consejo de Seguridad”, decía Petro en el documento.
La carta diplomática, al parecer, no fue bien recibida en la JEP. Desde la presidencia de ese tribunal también afirmaron que a la justicia transicional no le corresponde recibir órdenes, sugerencias o indicaciones sobre el trabajo que deba realizar ese tribunal.
Entérese: La JEP citó a dos exviceministros de Defensa y otros exfuncionarios por “falsos positivos”
“Eso significa que como cualquier órgano judicial en un Estado de Derecho, funciona bajo el principio de autonomía respecto de los poderes públicos, respecto de otros poderes judiciales, y de la ciudadanía. Lo cual constituye una garantía fundamental”, añadió Vidal.
El magistrado invitó al gobierno a tramitar las diferencias por los canales institucionales y a abstenerse de impartir órdenes a un órgano que es independiente del Ejecutivo. Añadió que ni el gobierno, ni los firmantes de la paz tienen poder para presionar a la JEP.