Seis personas que influyeron en el conflicto armado en la región de Urabá, pero que no fueron combatientes, pidieron pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ayer se comprometieron con el aporte de verdad, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
Se trata de Benito Molina Velarde y Benito Antonio Osorio Villadiego (expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba), Marco Fidel Furnieles Salgado, Jaime Augusto García Exbrayat (exdirector de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge), Luis Gonzalo Gallo Restrepo (empresario), Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán (abogado) y Sor Teresa Gómez Álvarez (cuñada de Carlos y Vicente Castaño, testaferra de ese clan y gerente de Funpazcor).
Todos ellos hacen parte de la investigación abierta por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y lavado de activos. Esto en el marco del caso 04 que priorizó la violencia ocurrida en 11 municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba, y que ha identificado 3.582 hechos prohibidos por el DIH desde 1982.
Ante la solicitud expresa de no impunidad, el magistrado Mauricio García explicó que la JEP “no se trata de una justicia punitiva, que solo busca castigar, sino que debe propender por revivir el estado inicial en el que se encontraban las víctimas antes del momento en el que sus derechos fueron vulnerados”.
La hipótesis
Usando datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Contraloría, de la Superintendencia de Notariado y Registro, de la Unidad para las Víctimas y de procesos de la Jurisdicción Ordinaria, la JEP viene investigando un posible plan de despojo y la presunta existencia de un aparato criminal que involucraba el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) y las Autodefensas.
El trabajo del Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP permitió cruzar la ubicación geográfica de los predios despojados violentamente entre 1990 y 2008 en la región de Tulapas, en jurisdicción de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá; de las 84 masacres perpetradas en ese territorio en el mismo período de tiempo; y de las tierras posteriormente compradas por el (FGC).
“El primer predio que fue objeto de despojo fue la finca La 52, el 5 de octubre de 1996 se legaliza su compra en la Notaría Única de Turbo. Posteriormente, los integrantes de la Junta Directiva del Fondo asisten a una reunión en el predio y firman un acta. Allí se concerta un plan para la compra masiva de predios que fueron objeto de despojo”, indicó el informe del Grai.
Los datos, sin embargo, deberán ser contrastados con los testimonios de los comparecientes. Osorio Villadiego, pidió perdón desde su lugar de reclusión en Corozal “por el despojo de tierras en Tulapas, orquestado por las Autodefensas de la casa Castaño y el FGC en el que fungí como gerente”.
Por su parte, Gallo Restrepo señaló que “este es un caso emblemático de cómo las empresas, en zonas de conflicto, tienen que tratar a futuro de operar para que estas cosas no se repitan”.
En nombre de las víctimas, el abogado Jonathan Orozco Tamayo celebró la apertura formal del caso: “Muchas de de estas personas de Tulapas están en el desplazamiento, otros han muerto sin la responsabilidad de retornar y quedan sus hijos que están dispuestos a escuchar y valorar lo que se tiene por decir “. Este miércoles, desde las 9 de la mañana, las víctimas serán escuchadas en la continuación de la audiencia.
84
masacres se cometieron en Tulapas en 18 años, según
el informe del Grai.
