La Contraloría General de la República informó que no pudo realizar auditoría sobre $2,4 billones de pesos correspondientes a proyectos del Departamento de Prosperidad Social (DPS), debido a que la entidad no suministró la información requerida.
Solo fue posible revisar contratos por $58.000 millones de una muestra seleccionada, en los que se detectaron hallazgos por casi $13.000 millones.
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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, explicó que la Contraloría seleccionó proyectos por $2,5 billones de pesos para la auditoría, pero únicamente logró revisar documentación correspondiente a $500.000 millones.
“De esa cifra, solo 58.000 millones fueron auditables y ahí encontramos hallazgos por cerca de 13.000 millones de pesos”, señaló.
Rodríguez explicó que el DPS informó que no encontró los documentos solicitados en sus archivos ni en los sistemas de información, lo cual impidió avanzar con la auditoría.
“Frente a los 2,4 billones de pesos restantes no tuvimos acceso a la información”, afirmó, y añadió que “esto no implica que los recursos se hayan perdido, pero sí representa un riesgo al no poder ejercer un control eficaz”.
La auditoría en cuestión corresponde al programa “Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la infraestructura social y hábitat para la paz total a nivel nacional”, y abarca vigencias entre 2020 y el primer semestre de 2024.
Según Prosperidad Social, los convenios auditados no fueron suscritos en el periodo del actual gobierno, sino entre los años 2011 y 2022.
En un comunicado, la entidad aclaró que ninguno de los 892 convenios incluidos en la muestra corresponde al periodo entre agosto de 2022 y junio de 2024.
Prosperidad Social agregó que fue el actual director de la entidad quien solicitó la auditoría a la Contraloría en abril de 2024, tras detectar más de 100 proyectos inconclusos en todo el país. Una vez notificada la auditoría, el DPS señaló que organizó un equipo para atender los requerimientos, pero se enfrentó a dificultades técnicas y documentales.
“La información se encontraba dispersa en múltiples plataformas, muchos expedientes no tenían soportes de pago, y hubo que hacer búsquedas manuales”, informó la entidad. También reconoció limitaciones tecnológicas y problemas para encontrar documentos legibles, especialmente en convenios previos al año 2020.
El contralor Rodríguez indicó que se emitió una alerta en febrero de 2025 y se prorrogó la auditoría hasta marzo. Sin embargo, la Contraloría publicó un informe con abstención de pronunciamiento, debido a las limitaciones para ejercer el control.
Rodríguez aclaró que no se está responsabilizando al actual director del DPS, pero reiteró que todas las entidades deben garantizar el acceso oportuno y adecuado a la información.
“Si no se tiene acceso, es obligación de la Contraloría ponerlo en conocimiento de las autoridades, porque pueden existir muchas razones por las cuales no se entrega esa información”, concluyó.
Prosperidad Social, por su parte, afirmó que ya informó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría sobre la situación, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes.
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