Esta decisión se da luego que, el pasado mes de mayo, el alto tribunal ordenó dejar en firme el proceso tras rechazar una solicitud interpuesta por la senadora que buscaba anular el proceso. Igualmente, se confirmó que este proceso sufrió una ruptura procesal, es decir, se abrió un nuevo proceso por presuntas irregularidades en su unidad de trabajo legislativo (UTL).
La génesis de este proceso se remonta a los computadores que fueron hallados tras el bombardeo a “Raúl Reyes”, donde se encontró información sobre la existencia de “Teodora Bolívar”, que era el alias que habría utilizado Córdoba como contacto de la organización criminal.
En su proceso ha declarado su exasesor Andrés Vásquez, quien indicó que Córdoba se habría puesto de acuerdo con el secretariado de las Farc para obtener el mayor beneficio político posible con la liberación de los secuestrados, tanto para ella como para el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Córdoba, según las declaraciones, también habría asesorado a las Farc, sobre cuál era la mejor forma para entregar las pruebas de supervivencia y para realizar la liberación de los secuestrados, de forma que fuera bien interpretada por la opinión pública.
También mencionó que la exsenadora se habría molestado mucho con la “Operación Jaque”, que permitió la liberación de Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, entre otros secuestrados, porque le quitó la oportunidad de aprovechar políticamente el hecho.
Además de Vásquez, han declarado el congresista Iván Cepeda, el periodista Daniel Samper Pizano y el exguerrillero Milton de Jesús Toncel, más conocido como “Joaquín Gómez”, quienes la defendieron, argumentando que si no hubiera sido por ella, no se habría efectuado la liberación.
Se espera en las próximas horas conocer la fecha de citación de indagatoria para la senadora Piedad Córdoba en la Sala de Instrucción del Alto Tribunal.
