La Misión de Verificación de la ONU presentó un nuevo informe sobre el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC de 2016. En el documento instaron a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a adelantar las sanciones que impondrán a los excombatientes.
El informe hizo seguimiento al periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2024. Allí reconocen avances y aseguran que la ONU seguirá comprometida en la implementación del Acuerdo.
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“Para cumplir su papel histórico, la Jurisdicción Especial tendrá que demostrar una flexibilidad continua y la voluntad de lograr un equilibrio (...) para garantizar que la justicia transicional contribuya efectivamente a la paz a largo plazo”, se lee en el informe del secretario general de la ONU, António Guterres.
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También pidió al Gobierno y a la JEP proceder con “la mayor celeridad posible y de manera colaborativa, de conformidad con sus respectivas responsabilidades y mandatos”.
Una de las críticas que ha recibido la JEP, precisamente, tiene que ver con que –desde la firma del Acuerdo– todavía no avance en fallos condenatorios contra los responsables del cometer crímenes durante el conflicto.
La JEP tiene un plazo para operar de quince años. El presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, había dicho que serán 10 años para la investigación y cinco para los juicios. Hasta ahora hay cuatro casos en etapa de juicio.
El informe de la ONU también pidió garantías de seguridad para los firmantes de paz. Durante el periodo de seguimiento se registraron 10 asesinatos de excombatientes. Hasta ahora son 441 los firmantes de paz que han sido asesinados.
