Además de dificultades en materia de tierras, la Defensoría reclamó que persisten los escenarios de riesgo para líderes y defensores de derechos humanos. Hasta abril pasado se contaban 57 casos de homicidios.
Un informe divulgado este martes por la Defensoría del Pueblo advierte que, aun cuando es una prioridad del Gobierno Nacional, la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc “sigue avanzando a paso lento”.
Según el documento –que califica como “preocupante” el panorama de las obligaciones del Estado en la materia–, es necesario fortalecer la arquitectura institucional para la implementación a través de “una cabeza autónoma que lidere y emita directrices y líneas de política pública”.
Además, el informe indica que es necesario actualizar y mantener actualizado el estado del avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI), así como registrar periódicamente la información presupuestal mediante el trazador previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.
En materia de tierras –uno de los puntos centrales del Acuerdo–, el informe señala que “subsiste la falta de claridad” en las cifras, hay “una enorme disparidad” en la información que se entrega y no se avanza en la caracterización de los predios para facilitar su adjudicación.
“De 21.132 predios ingresados, solamente el 37.84 % ha sido adjudicado. De más de 1.500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), tan solo han sido adquiridos 26”, alerta el informe.
De acuerdo con la Defensoría, la ruta étnica en materia de restitución de tierras no presenta mayores avances. “En la ruta individual, 2.730 solicitudes inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda, y hay 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80 % corresponde a adultos mayores”.
Se estima que con corte al 1 de enero fue reportado el 12,40 % del área geográfica del país con información actualizada con catastro multipropósito; sin embargo, el avance es de tan solo el 3 %, mientras que el Plan de Zonificación presenta un avance del 6.35%, “siendo el más bajo en comparación con los otros 15 planes”.
“La reforma agraria, por ejemplo, debe vincular a todos los actores, porque no se trata solamente de entregar tierra a quien no la posee. Implica el ordenamiento social de la propiedad, la formalización, la decisión de procesos administrativos represados, la aplicación de la sentencia para la recuperación de baldíos, el respeto de derechos adquiridos de buena fe”, precisa el informe.
Frente a los PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), el avance durante el periodo analizado (con corte al 31 de abril del 2024) es del 1 % en comparación con lo reportado por la Defensoría en su informe anterior, en el que se indica un porcentaje de avance del 44% (15.545 iniciativas de las 33.007 pactadas en los patrones establecidos).
Por otro lado, la Defensoría reclamó que persisten los escenarios de riesgo para el ejercicio de líderes y defensores de derechos humanos, pues hasta abril pasado se contaban 57 casos de homicidios. Por ello, el organismo insistió en que si no hay seguridad en los territorios, no puede haber reforma agraria, sustitución de cultivos ilícitos, restitución de tierras, ni retorno de la población desplazada.
“Para que el campesino, el indígena, el afrodescendiente o cualquier colombiano pueda explotar la tierra entregada o retornada o desarrollar un proyecto productivo lícito, es necesario que las condiciones de seguridad se lo permitan, y en ese sentido las entidades gubernamentales deben garantizarlas”, agrega el informe, en el que se advierte que los grupos armados ilegales están copando zonas rurales y ejerciendo el control en los territorios.
Ante este panorama, la Defensoría insistió en la articulación interinstitucional y que las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz vayan más allá de “las buenas intenciones”, y que en sus agendas incluyan acciones y actividades que apunten a cumplir los compromisos establecidos. “Es propicio ponerse de acuerdo para garantizar un desarrollo rural que le permita condiciones de vida dignas al campesinado”, indica el documento.
Además, se precisa que el uso de recursos públicos también debe estar en sintonía con el trabajo articulado. “Los programas que incentivan o fortalecen las economías lícitas deben corresponder a políticas públicas y no a decisiones coyunturales. No son medidas ‘asistencialistas’ las que se deben implementar, son políticas públicas orientadas a garantizar proyectos productivos sostenibles, tierras aptas para producir y explotar y seguridad jurídica en los derechos adquiridos”, señala el informe.
