Desde 2021 los indígenas del pueblo Embera están en un constante éxodo desde sus territorios en Risarlada y Chocó hacia la capital del país. Este domingo –por quinta vez en tres años– la comunidad que permanecía en el Parque Nacional de Bogotá abordó 22 buses con la esperanza de encontrar, por fin, garantías de vida digna en sus lugares de origen.
En costales y jíqueras los indígenas empacaron las pertenencias que pudieron. Los buses también partieron repletos de perros, gatos, gallinas y hasta patos que sirvieron de compañía durante once meses a los indígenas.
Hay un debate sobre varios hechos cuestionables en los que fueron protagonistas durante los meses que estuvieron en la capital del país.
Por ejemplo, un hombre agredió a una mujer con violencia y quedó grabada en video, hubo castigos de cepos a personas de su comunidad que quedaron completamente aislados; según las autoridades del distrito decenas de niños nacieron en condiciones de insalubridad, y también se registraron centenares de denuncias de mujeres por abusos, golpes y trabajo forzado a niños y niñas. Además, hubo toneladas de basura que la Alcaldía sigue recogiendo. Esto deja preguntas sobre las peticiones de los indígenas y la forma de protesta cuando los gobiernos nacional o local no les cumplan sus exigencias.
El Parque Nacional, por su parte, terminó convertido en una especie de cloaca. Las autoridades ambientales de Bogotá anunciaron el cierre indefinido del lugar mientras terminan de limpiar los restos de muebles, pañales y leños que quedaron abandonados.
“Estaba durmiendo en el piso y ya estaba aburrida. Hoy por fin voy a regresar otra vez a mi territorio”, dijo Luzmila Pitucay antes de abordar el bus.
La primera estación del periplo terminó en la tarde de este 9 de septiembre. El grupo de 700 indígenas llegó hasta el municipio de Pueblo Rico en Risaralda.
Ahora deberán caminar hasta los resguardos Gito Dokabú –también en Risaralda– y hacia Alto Andágueda en el departamento del Chocó.
Desde esos mismos territorios han sido expulsados por la guerra a sangre y fuego que sostiene el Clan del Golfo con las guerrillas y las disidencias.
“El retorno ha sido una negociación compleja porque las personas retornan de manera voluntaria según lo establece la norma. Es un proceso de diálogo con ellos para que ellos acepten retornar y ahí sí montar todo el operativo”, señaló Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá.
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Es que los indígenas tienen un amplio pliego de peticiones que involucra a distintas instituciones del Gobierno Nacional como Prosperidad Social, los ministerios de Vivienda, Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad de Víctimas. Del cumplimiento de los acuerdos depende que Bogotá no vuelva a ser epicentro del éxodo de los indígenas.
El pueblo Embera, además de la situación de orden público en sus territorios, reclama la construcción de vías, el acceso a los derechos de la salud y la educación, así como la implementación de proyectos productivos que les permita tener una economía sólida en sus comunidades.
El Gobierno se comprometió a brindar asistencia humanitaria a la población retornada, mientras que el Distrito de Bogotá garantizará por 11 meses paquetes alimentarios a 160 familias a través de transferencias monetarias.
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“Estoy profundamente conmovida con la capacidad del liderazgo Emberá, de llegar a este momento después de tantas luchas en la ciudad, después de un desplazamiento que los ha golpeado desde los años 70. (...) Retornar es volver a la montaña, al agua, al río y a las familias”, señaló Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas.
La situación humanitaria de los Embera
Ocho niños nacieron durante el tiempo en el que el pueblo Embera estuvo acentuado en el Parque Nacional de Bogotá. Pero los difíciles condiciones de salubridad y la falta de acceso a alimentación plena cobró la vida de otros.
El pasado 9 de junio se conoció la muerte de una bebé embera de tres meses. Los padres de la menor la dejaron sola mientras asistían a una ceremonia tradicional, no se percataron que estaba enferma. Al volver la encontraron rígida y sin signos vitales.
“Los niños embera en el Parque Nacional se encuentran en condiciones críticas. Testigos del sector nos denuncian casos de maltrato, violencia, abuso, abandono y mendicidad. Las autoridades deben actuar inmediatamente”, denunció el concejal de Bogotá, Julián Uscátegui del Centro Democrático.
Los indígenas tenían que lidiar con crisis por enfermedades respiratorias y con el hambre.
En el medio llegó un fallo de tutela que obligó al Bienestar Familiar a prestar atención permanente y a hacer monitoreo de la situación humanitaria de los niños y niñas indígenas que permaneces asentados en Bogotá.
Los otros indígenas que permanecen en Bogotá
Aunque el Gobierno celebró el retorno de la comunidad indígena como un “logro histórico”, así lo calificó el propio presidente Gustavo Petro, en Bogotá permanecen otros asentamientos indígenas que suponen un reto para las autoridades distritales y nacionales.
Del grupo de los indígenas del Parque Nacional, hay 41 personas que permanecerán por dos meses en cuatro albergues que estarán ubicados en el sur de la ciudad mientras definen cuál será su destino. Hay 11 personas más que decidieron residir de manera permanente en Bogotá.
Un censo de mayo pasado –elaborado por la Unidad de Víctimas– detalló en en Bogotá todavía permanecen acentuados indígenas en la UPI La Rioja con 249 hogares (unas 590 personas).
Mientras que en la UPI La Florida el blance es de 607 personas que pertenecen a 230 hogares. También en el albergue de El Buen Samaritano se caracterizaron a 174 personas que están distribuidas en 67 hogares. Finalmente, en un albergue de Ciudad Bolívar se encontraron a 39 personas de la comunidad Embera Dobidá que conforman 14 hogares. El eventual retorno de todas estas comunidades supondrá un nuevo reto para las autoridades.
