La autoridad electoral acogió los argumentos de la denuncia del senador oficialista Wilson Arias y pidió explicaciones sobre donaciones a la colectividad en 2022. El trasfondo es la presunta inhabilidad de congresistas a la hora de decidir el futuro de la reforma a la salud.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), acogiendo una denuncia del senador petrista Wilson Arias (Pacto Histórico), ordenó este jueves abrir una indagación preliminar contra el Partido Liberal por los aportes que recibió la colectividad por parte de empresas ligadas a Sanitas. Lo anterior, en el marco de la denuncia por presunta financiación ilegal.
Según denunció recientemente Arias, los partidos de varios de senadores de la Comisión Séptima que este miércoles hundieron la reforma –entre ellos, Centro Democrático, Alianza Social Independiente (ASI), La U, Liberal y Conservador–, “recibieron $640 millones en donaciones de empresas extranjeras y dueñas de EPS en año electoral”, en referencia a la campaña de 2022.
Entre dichas compañías, aseguró el congresista, se encuentra Keralty, un conglomerado extranjero con participación accionaria en grupos como Sanitas. Por ello, alertó que los senadores estaban impedidos para votar la reforma. “Todos estos partidos recibieron financiación de la empresa extranjera Keralty y de otros conglomerados económicos dueños de EPS”, argumentó Arias.
Ante ello, el CNE –por orden del magistrado investigador Benjamín Ortiz–, abrió un proceso y ordenó la práctica de varias pruebas para establecer el presunto recaudo de donaciones o contribuciones provenientes de fuentes de financiación prohibida.
La primera determinación, según un documento conocido por este diario, es que el Fondo Nacional de Financiación Política de Partidos y Campañas Electorales le remita al magistrado el informe de ingresos y gastos anuales del año 2022 correspondiente al Partido Liberal, con los respectivos anexos y soportes contables.
Por otro lado, le pidió a la Cámara de Comercio de Bogotá que en un plazo de cinco días una vez sean notificados certifique la existencia, representación legal y objeto social de las siguientes entidades de Keralty, Seguros Comerciales Bolívar, Compañía de Seguros Bolívar, Grupo Bolívar y Banco Davivienda.
En el caso puntual de Keralty, el magistrado le pidió una certificación en la que conste las condiciones de la donación y/o contribución por valor de $10’000.000 al Partido, allegando además toda la documentación que soporte la misma. Lo propio hizo con Seguros Comerciales Bolívar, al pedir cuentas por la donación de $24’000.000, Compañía de Seguros Bolívar ($48’000.000) y Davivienda ($72’000.000).
Previamente, el presidente Gustavo Petro le subió al tono confrontacional y de nuevo se refirió al hundimiento de su reforma a la salud. Al insistir en la tesis de que varios de los senadores de la Comisión Séptima que votaron el archivo del proyecto estaban supuestamente inhabilitados, el jefe de Estado alertó por una “violación flagrante de la Constitución y la ley”.
En esa línea, Petro reconoció que en la Comisión Séptima “nos derrotó Keralty por ahora”. Sin embargo, aseguró que “recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos”, una situación que prohíbe la Constitución y la ley.
Por ello, aseguró que “es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica, no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”.
Lo que pasa por alto el jefe de Estado es que, si bien Keralty fue fundada por extranjeros (españoles) en 1980, es una empresa registrada en Colombia y con registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1991.
Sus actividades económicas son la administración empresarial, actividades de distribución de fondos y actividades de consultoría de gestión. Su presidente ejecutivo es Joseba Mikel Grajales Jiménez y sus vicepresidentes son Juan Pablo Currea Tavera y Fabio Andrés Macías Vargas.
