Los implicados, que deberán responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, habrían modificado condiciones financieras y técnicas del contrato en favor del concesionario.
Por presuntamente favorecer económicamente a la concesionaria contratista al flexibilizar condiciones técnicas y financieras, este lunes 9 de octubre la Fiscalía General imputó a tres exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Según el ente acusador, los implicados formularon y avalaron estudios de conveniencia, actas de comité de contratación, entre otras actuaciones que le dio viabilidad a la aprobación de manera irregular de los otrosíes 1, 2, 4, 5 y 8 del contrato de concesión 001 de 2010, ‘Ruta del Sol II’, conformado mayormente por la empresa brasilera Odebrecht.
Para la muestra un botón. Una de las adiciones aprobadas dio vía libre a la disminución de la huella asfáltica, lo que redujo la calidad de la obra y disminuyó los costos de construcción en favor del contratista.
“De esta manera, fueron modificadas y ajustadas las condiciones financieras y técnicas del contrato en favor del concesionario, del que hacía parte Odebrecht, sin que existieran estudios serios y completos”, explicó la Fiscalía.
Los implicados son el vicepresidente de Gestión Contractual, Camilo Mendoza Rozo; el exgerente de Proyectos, José Andrés Torres Rodríguez; y el exvicepresidente jurídico, Héctor Jaime Pinilla Ortiz.
La investigación permitió determinar que los acusados, al parecer, acreditaron que se autorizaran pagos por trayectos no terminados, se hicieran giros anticipados, se ampliaran plazos, ajustaran cronogramas de obra y fueran omitidas las sanciones por demoras o ausencia de licencias ambientales.
Adicionalmente, se adicionó la construcción de la intersección de Puerto Boyacá, que no tenía relación con el contrato original, y se comprometieron recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).
Recientemente se conoció que la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, deberá preparar sus argumentos para defenderse en el juicio que se alista en su contra por el caso Odebrecht. La Fiscalía ya radicó el escrito de acusación y en él detalla que la exfuncionaria cometió presuntamente irregularidades en el contrato de la ‘Ruta del Sol II’.
De acuerdo con la investigación, la exfuncionaria del gobierno de Juan Manuel Santos, como máxima autoridad del sector transportador, habría permitido que la ANI modificara el contrato de concesión original e ignoró que las obras adicionales también debían ser adelantadas por licitación pública.
“Viabilizó la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña – Gamarra al proyecto vial”, dijo el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Con esta posible irregularidad, la funcionaria habría permitido que el consorcio Ruta del Sol se quedara con las adiciones al contrato sin que participara, en igualdad de condiciones, con otros oferentes que podían ejecutar las obras.
