Un reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló una gran problemática que enfrenta Colombia respecto a la búsqueda de la paz. El informe encuentra un desafío bastante complejo, además de las víctimas civiles que hoy deja el conflicto, los devastadores impactos ambientales generados por grupos armados ilegales.
Este nuevo desafío, que revela el informe, no solo se plantea como un asunto de seguridad, sino también una amenaza para la biodiversidad del país, tema que ha sido central durante la COP16, que se celebra actualmente en Cali.
El informe, que abarca desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2024, documenta 233 afectaciones ambientales graves, lo que significa que cada tres días se registra un daño de impactos significativos a la naturaleza.
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La lista de delitos es encabezada por la minería ilegal, responsable del 68% de los casos, seguido por la tala masiva de árboles y los atentados a la infraestructura petrolera.
Las principales regiones afectadas son el Bajo Cauca antioqueño, el Nordeste de Antioquia y el Cañón del Micay, donde convergen economías criminales que dependen de la minería ilegal y el narcotráfico.
Otro de los hallazgos más alarmantes del informe es la responsabilidad del Clan del Golfo en los daños ambientales, siendo el grupo armado ilegal que más ha afectado el medio ambiente en Colombia.
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Esta organización criminal ha deforestado áreas enormes en regiones como el Bajo Cauca y el Chocó, con el fin de expandir sus actividades ilegales, especialmente la minería de oro.
El informe afirmó que la subestructura Carretera del Frente Jairo de Jesús Durango es la responsable de la deforestación de al menos 34 hectáreas en la subregión del Atrato, en Chocó, causando daños ecológicos que podrían tardar décadas en revertirse.
El Clan del Golfo no solo se limita a la minería ilegal. En municipios como Carmen del Darién y el Litoral del San Juan, imponen sus propias reglas a las comunidades locales para fomentar la tala de árboles y expandir los cultivos de coca. Situación que afecta directamente a los resguardos indígenas del pueblo emberá, quienes denuncian cómo sus territorios ancestrales se ven devastados por las actividades criminales.
