El consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores ha aumentado en Colombia. Estos elementos pueden ser adquiridos en tiendas, centros comerciales y hasta en universidades sin tener ningún problema. Sin embargo, alrededor del mundo se adelantan investigaciones que dan cuenta del peligro que pueden traer los aparatos electrónicos.
Es por ello que la Alcaldía de Ibagué expidió un decreto que regula el uso de vapeadores; la medida va direccionada, principalmente, a los menores de edad y el consumo en colegios.
El secretario de Gobierno, Milton Restrepo, aseguró que “es la primera vez que en Colombia se determina esta prohibición” y afirmó que las medidas que se están tomando son en pro de la protección a la infancia y adolescencia del municipio.
“Estamos trabajando junto al alcalde para seguir protegiendo a los menores de edad, hemos prohibido el uso de pólvora, el consumo de sustancias psicoactivas en parques y escenarios deportivos”, manifestó el secretario Restrepo.
Restrepo confirmó que la Alcaldía emitió un decreto en el que se prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos para menores de edad.
Según Restrepo, no se podrán utilizar estos artefactos. “No consumo de cigarrillos y vapeadores en sitios públicos, los colegios y en las casas, existe una responsabilidad importante en torno a esta problemática; por eso llevaremos estos casos hasta el restablecimiento de los derechos de los menores que sean encontrados utilizando estos elementos”, puntualizó el secretario de Gobierno.
Además, dijo que el castigo para quien venda vapeadores será severo: “quien los comercialice tendrá desde sanciones de multa de Policía hasta cierre del establecimiento de comercio”.
Según el nuevo decreto, si alguien menor de edad es sorprendido con un cigarrillo eléctrico, se lo decomisará y se destruirá, además de ser acreedor de una multa.
Adicional a ello, se adelantarían campañas educativas para la prevención y apoyo al desestímulo de los cigarrillos electrónicos, vapeadores, y sistemas electrónicos con suministro de nicotina y sin nicotina. Estas serían dadas por la Policía Metropolitana, en coordinación con las secretarías de Gobierno, Salud y Educación, las comisarías de Familia e ICBF.
