El informe de Human Rights Watch hace una detallada radiografía de la crisis humanitaria que azota al Catatumbo desde enero, basándose en testimonios de víctimas y señalando la responsabilidad de los disidentes en la escalada de violencia.
Un informe de Human Rights Watch evidencia la comisión de múltiples delitos y graves violaciones a los derechos humanos por parte del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, donde han logrado fortalecerse bajo la sombrilla de las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional.
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El informe recoge testimonios de múltiples víctimas, habitantes de municipios en guerra y autoridades locales. Advierte que las disidencias, con las cuales el Gobierno avanza en negociaciones de paz, aprovecharon medidas como el cese al fuego para expandir su control sobre las comunidades en los últimos ocho meses.
“Durante las negociaciones con el Frente 33, el Gobierno acordó un cese al fuego y anunció planes de desarrollo local que serían implementados por el Frente 33, el Gobierno y las comunidades, a pesar de que los combatientes permanecen en armas”, detalla el informe.
Explica que, tras el inicio de la guerra con el ELN el pasado 16 de enero, el Frente 33, en un intento por fortalecer sus filas, desató un desbordado reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, además de cometer asesinatos y desapariciones de campesinos acusados de colaborar con el ELN o con el Ejército.
“Entre el 1 de enero y el 19 de febrero, las autoridades colombianas recuperaron a 44 menores, la mayoría en poder del Frente 33. Probablemente, se trate de una fracción del número total de niños en manos de los grupos armados. Según el ICBF, entre los menores recuperados hay niños nacidos en varias partes del país”, se lee en el informe.
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De acuerdo con la organización internacional, la disidencia mantiene lo que en la región se describe como “campamentos de resocialización”, donde las personas son obligadas a realizar trabajos forzados.
“Los entrevistados nos dijeron que el Frente 33 utilizó el cese al fuego y el anuncio de los planes conjuntos de desarrollo local para ampliar su control sobre las comunidades. Muchos nos contaron que el Frente 33 tiene lo que describen como ‘campamentos de resocialización’, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados”, añade el documento.
En esos lugares, las personas eran obligadas a cortar caña de azúcar desde la 4 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde.
“Una vez, un combatiente [del Frente 33] mató a una pareja que estaba discutiendo... Los mataron delante de todos y nos hicieron enterrarlos”, relató un sobreviviente.
La violencia sexual contra las mujeres sigue siendo parte de la dinámica criminal en medio del conflicto armado. Según los testimonios, los comandantes de esta facción de las disidencias han ejercido violencia sexual contra mujeres y niñas de la zona. “Las ‘favoritas’ tenían ciertos ‘lujos’, como dormir en una cama”, relató un testigo.
Los líderes sociales que se resisten a acatar las normas impuestas por los disidentes son asesinados o desaparecidos, según los testimonios. Este grupo armado criminal convoca a líderes comunitarios y a otras personas a reuniones en las que imponen reglas para sus comunidades.
“El 17 de enero, hombres armados asesinaron a Pedro María Ropero, un líder del corregimiento de Campo Seis, en Tibú. Un testigo dijo que Ropero se había opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal en su corregimiento, que estaba siendo impulsada por el Frente 33”, subraya el informe.
Al menos 65 personas fueron entrevistadas por HRW logrando una detallada radiografía del poderío violento de los criminales en esta región del país, donde justamente, para el restablecimiento del orden público se decretó el estado conmoción interior.
La responsabilidad del ELN en la crisis humanitaria no es menor. De acuerdo con el documento de HRW, esa guerrilla ha provocado el desplazamiento masivo más grande en la historia reciente de Colombia con más 50 mil víctimas.
“Esta cifra es mayor a la de personas que fueron desplazadas forzosamente debido a la violencia en toda Colombia durante el 2024, según las estimaciones de OCHA. En el Catatumbo vive solo el 0,7 % de la población colombiana, pero el número de desplazados representa el 93 % de todos los desplazamientos forzados en lo que va de 2025”.
El organismo explica que aunque la mayoría de las personas huyeron por miedo a ser atacados o quedar atrapados en el fuego cruzado, muchos habían sido amenazados por el ELN o el Frente 33.
“Algunas personas entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que, tras ser desplazadas, la gente de sus comunidades les había dicho que el ELN había destruido sus propiedades o se había apoderado de sus casas. “Un vecino me llamó para decirme que el ELN lanzó una granada contra la casa donde yo vivía y que se llevaron mi moto y todo lo que había en la casa”, dijo un líder comunal miembro de ASUNCAT.
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Ante la gravedad de la situación, la organización presentó nueve peticiones al Gobierno Nacional y dos a la Fiscalía General.
Entre las solicitudes dirigidas al Gobierno se encuentran: diseñar e implementar una política de seguridad y justicia efectiva que respete los derechos humanos y proteja a la población del Catatumbo de los grupos armados; garantizar que cualquier acuerdo de cese al fuego incluya salvaguardias concretas para la protección de los civiles; abstenerse de desarrollar planes de desarrollo rural con la participación de grupos armados que puedan poner en riesgo a la población; y tomar medidas para proteger a las personas desplazadas, asegurando que cualquier retorno al Catatumbo sea voluntario, digno y seguro, entre otras.
A la Fiscalía le pidió priorizar la investigación de los abusos cometidos por los grupos armados en el Catatumbo, tanto antes como después del 16 de enero, así como aumentar el número de fiscales e investigadores en la región y garantizar su seguridad.
