Un nuevo arresto se ordenó desde la Fiscalía por el caso Pizarro, en este caso para el coronel en retiro de la Policía Nacional y exdirector del departamento administrativo de seguridad (DAS), Manuel Antonio González Henríquez.
La orden fue emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. La razón de dicha orden es por encontrar a González Henríquez como un posible participante del homicidio del entonces candidato presidencial.
Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 para las elecciones presidenciales de 1990, fue asesinado el 26 de abril de ese año por el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe cuando el avión en que se desplazaba había acabado de despegar de Bogotá a Barranquilla.
Pizarro llevaba menos de un año de haber dejado las armas a través de una negociación pactada entre el gobierno de Virgilio Barco Vargas y el grupo guerrillero M-19. Este tenía firmes aspiraciones presidenciales y se consolidaba como un fuerte candidato para participar en las contiendas electorales de 1990.
En el año 2010 el asesinato de Carlos Pizarro se declaró como un Crimen de Lesa Humanidad, y por consiguiente su imprescriptibilidad; por lo cual 34 años después la investigación continúa abierta. Hasta ahora, las únicas personas que han sido declaradas culpables del magnicidio, han sido los paramilitares Carlos y Fidel Castaño Gil.
Ahora, la Fiscalía señala a González Henríquez, quien tenía a su cargo la coordinación de los esquemas de protección de candidatos presidenciales, por aparentemente, “haberse aprovechado este cargo y realizar cambios y rotaciones del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario”
El exoficial fue vinculado formalmente como presunto responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Por lo cual, deberá cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia.
Este sería un importante avance para la Fiscalía en dicho caso, luego de más de 30 años en los que se ha señalado al Estado Colombiano por mantener impunidad frente a dicho crimen. Hasta ahora, la senadora e hija de Pizarro Leóngomez, María José Pizarro, no se ha manifestado ante la decisión del fiscal.
