El contador Juan Carlos Salamanca acaba de obtener un contrato por $17 millones en el Senado por menos de dos meses. Denuncian presunto tráfico de influencias dado el rol de su hermano, el presidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca.
Una nueva polémica salpica al presidente de la Cámara, el representante Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde. A las denuncias por supuesta violencia política y falta de garantías en los debates, se sumó este jueves la revelación de contratos de su hermano con el Estado.
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En particular, el congresista es cuestionado por un contrato que suscribió su hermano, el contador Juan Carlos Salamanca Torres, apenas el 7 de noviembre con el Senado por poco más de $17 millones. El contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre –es decir, menos de dos meses– y está ideado para que preste servicios profesionales en la sección de Contabilidad de la cámara alta.
Entre otras, Salamanca tiene funciones como brindar apoyo en las reuniones relacionadas con el proceso de la mesa de depuración contable, colaborar en las actualizaciones de manuales de procedimiento y apoyar el análisis mensual de la calidad de la información financiera y contable.
De acuerdo con Santiago García, quien hace parte de una veeduría ciudadana del Congreso, el contrato podría haberse concretado con injerencia del presidente de la Cámara en el Parlamento, por lo que advirtió por el delito de tráfico de influencias.
Sin embargo, no es la única controversia que salpica a la familia Salamanca. El hermano del presidente de la Cámara obtuvo otros dos contratos que sumaron más de $68 millones con el Icetex en 2023. Justo hace un año se conocieron denuncias que indicaban que, al mando del exrepresentante verde Mauricio Toro, el Icetex se convirtió un fortín para que congresistas de la Alianza Verde pusieran cuotas políticas.
Por cuenta de estos hechos fue retirada del cargo María Carolina Carrillo, exsecretaria general del organismo, quien fue señalada de otorgar contratos a personas sin la idoneidad necesaria y en presunto cumplimiento de favores políticos. Apenas tres meses después renunció el exdirector Toro.
Las conexiones no cesan ahí. Una revisión realizada por EL COLOMBIANO evidencia que Juan Carlos Salamanca también tuvo contratos con la Gobernación de Boyacá, hoy en manos de Carlos Amaya, jefe y mentor político de Jaime Raúl Salamanca.
Uno de los contratos, de apenas cuatro meses, fue suscrito a finales de 2022 por casi $16 millones. En ese entonces la Gobernación estaba en cabeza de Ramiro Barragán, también ficha de Amaya. Además, Salamanca tuvo contratos en 2021 con la Nueva Licorera de Boyacá, gestada también por el exgobernador Amaya y encargada de manejar el monopolio de licores del departamento. Ambos contratos sumaron $26 millones y fueron por ocho meses.
Además, la emisora La FM reveló que el hermano del presidente de la Cámara tiene un contrato vigente con el Instituto Departamental de Deportes de Boyacá por $35 millones. Fue suscrito en abril y se extiende hasta el 30 de diciembre de 2024.
En noviembre de 2023, a la Corte Suprema de Justicia llegó una demanda en contra de Salamanca y otros miembros de la Alianza Verde por los delitos de tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Lo anterior, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció que congresistas de esa colectividad tenían representación y burocracia en el Gobierno de Gustavo Petro.
Este diario buscó una respuesta por parte del presidente de la Cámara ante las denuncias. Sin embargo, no ha contestado a los mensajes.
Varias congresistas han denunciado al presidente de la Cámara por presunta violencia política y machismo. Advirtiendo que el congresista, haciendo uso de su dignidad, frecuentemente silencia e impide la participación de los parlamentarios –particularmente mujeres–, la representante Catherine Juvinao anunció la semana que escalará el caso hasta la Procuraduría General de la Nación, instancia ante la que formulará una denuncia formal.
“No sé a usted quién le dijo que tiene la atribución de censurarnos cuando estamos en una intervención al micrófono. Ahora resulta que usted cuando uno está interviniendo en el sentido de algo que a usted le parece bien nos deja terminar. Pero cuando estamos interviniendo sobre algo que a usted no le parece, que usted no comparte, se le dio por apagarnos el micrófono. Eso es gravísimo”, alegó Juvinao.
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