La Defensoría del Pueblo alertó este domingo sobre el desplazamiento masivo de 867 personas de 14 veredas del corregimiento San Miguel, jurisdicción de La Plata (Huila), donde el pasado jueves perdió la vida una niña de 4 años al quedar en medio de combates armados entre la columna móvil Dagoberto Ramos (disidencia de las Farc) y el Ejército Nacional.
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Según la entidad, se trata de 242 familias, integradas por 398 menores de edad y 469 adultos, mayoritariamente campesinos e indígenas, las que llegaron al casco urbano de La Plata, donde la Defensoría del Pueblo adelanta una misión humanitaria para brindar atención especializada a la población de San Miguel.
La Defensoría, en labor conjunta con la Personería municipal, está llevando a cabo el proceso de toma de declaraciones a la población desplazada, así como la verificación y el seguimiento de la entrega de ayudas humanitarias que viene haciendo la Alcaldía local y la Gobernación del Huila.
Por otro lado, se informó que a través de su Regional Huila, la entidad convocó una sesión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional para este domingo en La Plata, con el fin de que sea brindada atención integral y se establezcan soluciones a largo plazo para beneficiar a las comunidades víctimas del desplazamiento.
Este fenómeno forzado comenzó el pasado 27 de julio cuando hubo enfrentamientos entre hombres armados al mando de ‘Iván Mordisco’ y uniformados del Ejército Nacional.
Al respecto, funcionarios de esa institución participaron en el Consejo de Seguridad Extraordinario que lideró el presidente Gustavo Petro en ese municipio, en donde pusieron en conocimiento cada uno de los escenarios de riesgo a los que se exponen los habitantes de la zona y reiteraron tanto la importancia de que sean acatadas las recomendaciones de la Alerta Temprana 025 de 2022, como sus posteriores oficios de consumación, que constituyen una guía para la debida actuación de los entes territoriales y nacionales.
Finalmente, se informó que la misión humanitaria continuará en La Plata en estricto monitoreo hasta garantizar la llegada de la ayuda humanitaria y el retorno de las comunidades a sus territorios.
En ese proceso participan, en representación de la Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, la delegada para la Asesoría y Orientación a las Víctimas del Conflicto Armado y la delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
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