Gustavo Petro recibió el plan de emergencia para prevenir el asesinato de líderes sociales en los territorios, con el que las organizaciones sociales le piden aplicar un plan de choque para los primeros 100 días de su gobierno con el fin de proteger la vida de estas personas.
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La estrategia fue desarrollada por el equipo de Petro, congresistas de la bancada del Pacto Histórico y las organizaciones sociales y consta de 52 acciones a aplicar en 65 municipios, agrupados en siete subregiones.
Será tarea del Ministerio del Interior, la Cancillería y la Unidad Nacional de Protección aplicar el proyecto que busca profundizar la seguridad de las comunidades en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
“Los firmantes de la paz merecen medidas eficientes en la protección de su vida, también los Defensores de derechos humanos y las comunidades”, reclamó Carlos Ruiz Masseu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia.
Entre la lista de 65 municipios, los priorizados son Magüí Payán, Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander), Argelia (Cauca) e Ituango (Antioquia), territorios que las organizaciones consideran están en alerta roja por la violencia contra los defensores de Derechos Humanos, líderes, lideresas y firmantes del Acuerdo de Paz. La meta es tener una respuesta rápida y dirigida a la protección de la vida.
Los ejes del plan son la presencia del Estado en los municipios, crear puestos de mando unificado en las regiones para los requerimientos de protección, que el Ministerio del Interior dé una respuesta rápida a los riesgos reseñados para los municipios que están en una situación crítica, que la Policía se mida a partir de estándares de bienestar y protección y la generación de confianza institucional entre la sociedad civil y el Estado.
En respuesta a la presentación del plan de emergencia, Gustavo Petro sentenció que no debe haber armas en manos de civiles, solicitando que el armamento incautado sea destruido. Según el mandatario entrante, hay una desconexión entre las autoridades locales y la capacidad institucional en el ámbito nacional, por lo que planteó trazar normas que creen un puente entre ambas instancias.
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“Esta violencia estalla alrededor de mercados ilegales, controles territoriales y algo que no hemos podido resolver, que es el narcotráfico (...) Los amigos de Naciones Unidas que están acá deben saber que esto estalla porque hay una prohibición y Naciones Unidas apoya la prohibición”, le dijo Petro a Ruiz Masseu.
El mandatario recibió el documento de parte de Carlos Ruiz Masseu, jefe de la Misión de la ONU; Nury Come, proceso de comunidades negras; Lourdes Castro, Programa Social de Defensores; Guillermo Pérez, mesa de Derechos Humanos y Territorios del César; María Eugenia Sánchez, Casa de la Mujer; Francia Castañeda, Plataforma de Derechos Humanos, y otros voceros de las comunidades.
