En sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro difundió una objeción de conciencia frente a la orden de retractación emitida por el Consejo de Estado, en relación con una tutela presentada por Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
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La tutela, interpuesta por Vargas Lleras contra el mandatario, alegaba injuria y calumnia debido a declaraciones que Petro realizó sobre presuntas irregularidades en la administración de la Nueva EPS, en la que Enrique Vargas Lleras fue miembro de la junta directiva.
El Consejo de Estado había ordenado a Petro que se retractara y pidiera disculpas públicas por afirmaciones realizadas en varias publicaciones y alocuciones entre mayo y junio de 2024. El fallo requería que el presidente publicara la retractación en las redes sociales oficiales de la Presidencia y en su cuenta personal de X.
En respuesta a la orden judicial, Petro emitió un comunicado en el que afirmó: “Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación.” No obstante, el presidente añadió que se han encontrado presuntas irregularidades durante el tiempo en que Vargas Lleras formó parte de la junta directiva de la Nueva EPS, pero que estas irregularidades deben ser objeto de una investigación penal. El mandatario expresó que esperará los resultados de dichas pesquisas antes de tomar decisiones adicionales.
El comunicado de Petro también incluyó una objeción de conciencia, señalando que busca apartarse del cumplimiento de la orden judicial por razones de conciencia. “No busco que se deje de aplicar la ley, ni que se dejen de cumplir los fallos judiciales”, explicó el presidente, añadiendo que la objeción de conciencia se basa en su deber de adoptar un comportamiento riguroso frente a posibles abusos en el sistema de salud.
En el documento, Petro invocó el artículo 18 de la Constitución, que garantiza la libertad de conciencia, argumentando que su posición se basa en la protección de los recursos públicos y su convicción de que su conducta es constitucionalmente válida dadas las circunstancias actuales.
La Presidencia también presentó una impugnación al fallo del Consejo de Estado. Según el escrito de impugnación al que accedió El Tiempo, la abogada de la Presidencia sostiene que el fallo de primera instancia incurrió en errores de valoración al considerar que las declaraciones del presidente vulneraron los derechos fundamentales de Vargas Lleras. La impugnación destaca que no se imputaron delitos específicos a Vargas Lleras, y que las declaraciones de Petro simplemente cuestionaron el manejo de recursos en la Nueva EPS sin realizar un juicio penal.
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Este choque de mensajes y la impugnación reflejan la complejidad del caso y la tensión entre el ejercicio de la libertad de expresión del presidente y las demandas de justicia por parte del demandante. La resolución final dependerá de las futuras decisiones judiciales y de cómo se resuelvan las investigaciones en curso sobre la administración de la Nueva EPS.
