Luego de más de un año de haber instalado la mesa de diálogos sociojurídicos con las bandas del Valle de Aburrá, por fin el Gobierno Nacional definió una hoja de ruta para la participación de la sociedad civil en el proceso de paz urbana.
De acuerdo con el documento oficial conocido por EL COLOMBIANO, esa hoja de ruta permitirá “establecer mecanismos e instancias para garantizar la participación activa y plena de la sociedad civil en el proceso de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá”, lo que permitirá hacer acuerdos entre las comunidades y el Gobierno para territorializar el proceso y concertar los barrios que serán priorizados para implementar estrategias que disminuyan la violencia.
Frente a las personas y organizaciones que deseen participar en la mesa de conversaciones, se estableció que “se considera prioritaria la participación de víctimas del conflicto armado (principio de centralidad de las víctimas del conflicto urbano), las mujeres, los integrantes de comunidades étnicas y la población LGBTIQ+. De igual manera se buscará contar con representación de sindicatos, movimiento estudiantil, poblaciones en riesgo de reclutamiento e instrumentalización, academia, gremios económicos y organizaciones del sector privado, sector cooperativo, población afro e indígena, juventudes, migrantes, población privada de la libertad, mesas, redes y plataformas de derechos humanos, movimiento cultural, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, ambientalistas, iglesias y comunidades basadas en la fe, Consejos Municipales de Paz, entre otros”.
Para esa participación de la sociedad civil, el Gobierno y los actores civiles refrendaron tres tipos de instancias:
1). Asambleas por la paz urbana: “funcionarán de manera autónoma y auto-convocada. Tantas como surjan en el Valle de Aburrá con un mínimo de 25 personas participantes por encuentro. Estos escenarios generarán documentos, solicitudes y reflexiones al Comité de Impulso en el marco de un periodo establecido para recoger los aportes de la ciudadanía sobre temas concretos. En ellas no tendrá ninguna incidencia la Delegación del Gobierno para salvaguardar su autonomía, a menos que sean invitados de manera ocasional para un asunto en concreto”.
2). Espacio Asambleario de la Sociedad Civil para la Paz Urbana: “estará integrado por delegados de organizaciones, colectivos y procesos organizativos de la sociedad civil, de carácter territorial, sectorial o poblacional (no más de dos por expresión organizada). Será convocado para construir reflexiones colectivas y refrendar acuerdos a los que haya llegado el Comité de Impulso para la Paz Urbana y la Delegación del Gobierno. Su convocatoria podrá ser realizada por la Delegación o por el Comité o de mutuo acuerdo, cuando se considere necesario”.
3). Comité de Impulso para la Paz Urbana: “espacio conformado por delegados del Espacio Asambleario de la sociedad civil para la Paz Urbana, elegidos según el mecanismo que considere establecido por el espacio Asambleario con el objetivo de impulsar la paz urbana, llegar a acuerdos con la Delegación del Gobierno y para promover la participación de la sociedad civil en el proceso de Paz Urbana, deberá ser un número impar, no superior a 15 personas. Este Comité deberá contar con una Secretaría Técnica para llevar a cabo las funciones operativas y logísticas requeridas para realizar las acciones necesarias para cumplir con los propósitos de la Hoja de Ruta para la Participación”.
La conformación de esas instancias implica que tanto los representantes del Gobierno como los de las estructuras criminales tendrán momentos de diálogos con las comunidades, bien sea en sus territorios o en espacios neutrales. Esto incluye “Audiencias Temáticas y Espacios de Verdad y Reconciliación con el Espacio de Conversación Sociojurídico”, tal cual las denomina el documento.
La hoja de ruta pactada también definió la agenda temática de las conversaciones, la cual había sido anticipada por este diario unos meses atrás, pero estaba pendiente del visto bueno del consejero comisionado de paz, Otty Patiño.
Esa agenda tiene cinco pilares: 1). Ética de la Vida, identificación de las formas de las violencias urbanas en los territorios; 2). Diálogo social e integral para la equidad territorial; 3). Verdad para la reconciliación, la no repetición y la construcción de paz; 4). Generación de nuevas economías; 5). Exigibilidad del desmonte de las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá.
Vale la pena recordar que son 17 los representantes de las bandas urbanas en la mesa de paz con el Gobierno, divididos en siete voceros principales y diez suplentes. La mayoría están presos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y representan al 90% de las estructuras criminales del Valle de Aburrá.
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