Solo hasta el 30 de junio de 2020 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se encargará de la operación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
El Gobierno le confirmó a EL COLOMBIANO que para esa fecha vence el convenio suscrito con esa agencia de la ONU (que también es el que hace el monitoreo de siembra de coca para el Ministerio de Justicia) para desarrollar dos componentes: la operación del programa de cultivos ilícitos y su verificación.
La operación consiste en la caracterización de los predios, de las familias a sustituir y la contratación de la asistencia técnica local que permita el acompañamiento para proyectos productivos viables para el tipo de suelos y la región donde están los predios.
La segunda tarea es el monitoreo y consiste en la verificación de la erradicación en los lotes comprometidos, la verificación del cumplimiento de los compromisos suscritos por las partes y, por último, la evaluación de los resultados y de la efectividad de la intervención.
Una de las quejas desde el Ejecutivo es que la UNODC opera como juez y parte, ya que contrata la operación y a la vez verifica, tal como la dejó instalada la administración del expresidente Juan Manuel Santos.
“La aspiración del gobierno es solo extender en el tiempo el componente de verificación”, respondieron desde la oficina del consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
El Plan Nacional de Sustitución, PNIS, ha sido una de las apuestas más exitosas en la lucha contra las drogas, ya que ha logrado la erradicación voluntaria de al menos 41.370 hectáreas con un nivel de resiembra del 0,4 %; para ello la UNODC ha contratado, con recursos del Fondo Colombia en Paz, a 45 organizaciones locales para la asistencia técnica en 318.633 predios.
EL COLOMBIANO buscó a la UNODC para conversar sobre este asunto, pero al cierre de esta edición esa oficina no había autorizado a ningún portavoz, y el Gobierno tampoco confirmó quién seguirá operando el programa.
Los tropiezos con la ONU
Esta información surge justo después de que el presidente Iván Duque, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y Archila manifestaran su descontento con el informe elaborado por otra agencia de la ONU: la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“A mí me preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”, dijo Duque y agregó que aunque respeta el carácter multilateral de la organización, “la observación de que hizo la ONU de que la Policía debería pasar a depender del Ministerio de Justicia, para fortalecer su carácter de fuerza civil es una intromisión en la soberanía de un país”.
Tan duro habló el gobierno que el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, propuso “cerrar esa oficina de la Comisionada de DD. HH., convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. Acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los DD. HH.”
Sin embargo, Archila trató de bajarle al tono ayer desde Ibagué: “No existen ni vetos ni mucho menos desbandadas (frente a las agencias de la ONU). Lo único es lo referido a ese informe de esa oficina en particular, pues las imprecisiones y las omisiones de información no ayudan a construir paz”.
Por su parte, la ONU aseguró en un comunicado el fin de semana pasado que “la cooperación de Naciones Unidas en el país no solo se materializa a través de programas y proyectos sino también a través de evaluaciones sobre temas de interés nacional, de acuerdo con los diferentes mandatos aprobados por instancias propias de la Organización y marcos de cooperación suscritos con el Gobierno de Colombia”.
¿Habrá consecuencias?
Los mandatos de las agencias de la ONU son dictados en los convenios que este organismo multilateral firma con el Gobierno, por ejemplo el de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos fue prorrogado hasta el 2022, el de la Misión de Verificación de Acuerdo de Paz está hasta septiembre del 2020, así mismo la presencia de la ONU que obedece al marco de cooperación se evalúa cada cuatro años, como ocurre con todos los países del mundo.
Una fuente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo contó que está en proceso de construcción el documento marco de relacionamiento con el Gobierno centrado en tres pilares: paz, migración y objetivos de desarrollo sostenible, “lo que ha sido más complejo que en cuatrienios anteriores”.
El internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir, explicó que la presencia de la ONU en el país se da porque Colombia siente que es conveniente y cree que esas agencias pueden ayudarle en temas complejos como el conflicto armado, la pobreza y la educación.
Aseveró que “pese a que los convenios y el marco de cooperación tienen una vigencia, siempre está la posibilidad de sentarse a revisar la conveniencia del mantenimiento de las actividades o de la presencia misma, pero eso dejaría muy mal a Colombia frente a la comunidad internacional”.
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agencias, programas y fondos de la ONU funcionan hoy en Colombia.
4
años dura cada marco de cooperación entre la ONU y Colombia.
