La guerra a sangre y fuego que han sostenido durante 4 días los ilegales del Eln con las disidencias del Frente 33 de las Farc podría llevar a que el Gobierno decrete la conmoción interior. Ese será uno de los análisis que hará el presidente Gustavo Petro con su gabinete.
Este lunes 20 de enero en la Casa de Nariño tienen programado un Consejo de Ministros y allí se discutirá la viabilidad y las implicaciones de decretar el estado de excepción para hacerle frente a la crisis de seguridad que enfrenta la región del Catatumbo.
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“En el Consejo de Ministros se definirá si se determina o no esta medida”, señaló Iván Velásquez, ministro de Defensa, después de un consejo de seguridad que él mismo dirigió en Cúcuta.
Es que la ola de violencia que desataron los ilegales deja –según el reporte de la Defensoría del Pueblo– el desplazamiento forzado de 11.000 personas que han llegado hasta los cascos urbanos de Tibú, Ocaña y Cúcuta, así como la muerte de 80 personas entre combatientes y civiles.
“Frente al estado de excepción, tiene una posibilidad importante en cuanto a la mayor capacidad de la Fuerza Pública con la destinación de recursos dirigidos específicamente a contrarrestar las causas que originaron ese estado de excepción”, añadió Velásquez.
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El estado de excepción iría acompañado de una declaración en la emergencia social y económica. El contenido de ambos decretos iría, exclusivamente, para la atención de la crisis en Catatumbo.
La conmoción interior solo puede declararse en caso de “grave perturbación” del orden público y cuando se considere que la estabilidad institucional o la convivencia ciudadana no pueda ser atendida con las atribuciones ordinarias de la Policía.
La conmoción interior puede declararse hasta por 90 días. Aun así, se puede prorrogar máximo dos veces más, también por 90 días, pero la segunda prórroga debe tener autorización del Congreso.
En 2023 el presidente Petro recurrió a decretar la crisis social, económica y ecológica en La Guajira para atender la escasez de agua que enfrentan en las comunidades. Sin embargo, la Corte Constitucional dejó, después de una revisión, sin efecto esa pretensión al considerar que esa crisis podía ser atendida con los mecanismos que ya tiene la Constitución.
