La disputa por el control de los cultivos ilícitos fue la mecha y el combustible que encendió el conflicto en la región del Catatumbo.
En medio de la crisis humanitaria, que ya completó un mes, el Gobierno del presidente Gustavo Petro propuso un camino con el que busca darle una salida a los campesinos que están envueltos en ese círculo de ilegalidad.
Se trata del decreto 0180 del 14 de febrero. Allí quedaron establecidas las estrategias que implementará el Ejecutivo, en medio de la conmoción interior, para tratar de que las familias –que subsisten de los pesos que deja el cultivo de hoja de coca– sustituyan sus sembradíos por plantaciones legales en esa región de Norte de Santander.
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“Si no transformamos la economía, no habrá paz en Catatumbo. Aunque el narcotráfico no es la única raíz del conflicto, ha potenciado la violencia y fortaleció las finanzas de los grupos armados. Por ello, la transición a economías lícitas es una necesidad urgente”, señaló Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Es que el Catatumbo resultó ser una zona clave para la cadena del narcotráfico. Solo en esa región –compuesta por 11 municipios– se concentraba, hasta el 2023, el 17% de las hectáreas de hoja de coca sembradas en el país.
El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) indicó que en Colombia había 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y que solo en Catatumbo estaban 43.866 de ellas.
Desde 2021, con el descenso en los precios de la hoja de coca, hubo una suerte de tregua entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc para repartirse el negocio y permitir la entrada de compradores a los territorios que hoy son escenario de disputa.
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Pero desde finales de 2024 los precios de la coca en el mercado ilícito empezaron a recuperarse y el pacto se terminó: los armados saben que hay oportunidad de crecimiento y de acaparar más ganancias.
Fue entonces que el ELN decidió movilizar sus tropas desde Arauca al Catatumbo y desató una confrontación armada que ocasionó una crisis humanitaria sin precedentes: 53.630 desplazados, 21.211 confinados y 60 muertes violentas.
Una eventual victoria bélica del ELN sobre los disidentes le aseguraría conexión con sus tropas del sur del Cesar, del Magdalena Medio, del sur de Bolívar y la garantía de un corredor criminal con Venezuela.
Mientras la Fuerza Pública trata de restablecer el orden, en la otra línea, el Gobierno tratará de arrebatarle poder económico a los grupos ilegales con su programa de sustitución de cultivos para los campesinos del Catatumbo, del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González (Cesar).
¿Cuál es el ofrecimiento?
Para las familias que dependan económicamente de los cultivos de uso ilícito, el Gobierno contempló el pago de un salario mínimo mensual legal vigente ($1.423.500) por la erradicación del cultivo.
“Este pago es una medida excepcional dirigida a los núcleos familiares vulnerables y dependientes de cultivos de uso ilícito del Catatumbo que se desvinculen del circuito económico del narcotráfico, que promueve su transición hacia economías lícitas y ambientalmente sostenibles, mediante acuerdos de sustitución voluntaria”, se lee en el documento de 21 páginas.
La entrega de asignaciones monetarias a los cultivadores de coca no es una novedad. El Acuerdo de Paz que se alcanzó con las Farc prometió, en principio, hasta 36 millones de pesos por cada familia dispuesta a dejar los cultivos ilícitos. Ese dinero pretendía distribuirse en asistencias alimentarias, asistencia técnica, entrega de insumos y materiales para nuevos cultivos y para la implementación de proyectos productivos.
En los municipios de Tibú y Sardinata –los únicos contemplados para el programa de sustitución del Acuerdo en la región del Catatumbo– alcanzaron a inscribirse 2.328 familias y se lograron sustituir 1.157 hectáreas de coca.
El Gobierno reconoció que los retrasos en los pagos terminaron por minar la confianza en el Programa y que la medida no resultó efectiva en tanto el Catatumbo experimentó un incremento de hectáreas con cultivos de uso ilícito.
¿Cómo serán los pagos a campesinos para dejen de cultivar hoja de coca en Catatumbo?
La Dirección de Sustitución de Cultivos de uso ilícito será la encargada de fijar los lineamientos de verificación para las familias que resulten beneficiadas.
Los pagos se harán solo si se acredita que se erradicaron la totalidad de los cultivos ilícitos, que no hubo resiembra y que la familia está dispuesta a implementar proyectos productivos para dar el giro hacia economías lícitas.
El Gobierno se comprometió a entregar insumos, maquinaria y asistencia técnica para las familias que opten por reemplazar sus cultivos.
Los beneficiarios de este programa serán monitoreados vía satelital, con auditorías y visitas periódicas a sus fincas.
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“Esta medida deberá estar orientada al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Paz, la eliminación definitiva de los cultivos de uso ilícito y a la mitigación de las causas que motivaron la declaratoria del estado de conmoción interior”, se lee en el decreto.
Las mujeres cabeza de familia serán priorizadas en los pagos y en los proyectos.
Otros beneficios
Para facilitar la transición hacia cultivos legales, también quedarán exentos del IVA los materiales, insumos agropecuarios y máquinas que se adquieran para la implementación de proyectos productivos.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) priorizarán la atención para conceder licencias y permisos a los campesinos inscritos en el programa de sustitución.
“Las mencionadas entidades podrán flexibilizar otros requisitos en los trámites de su competencia para facilitar la expedición de autorizaciones y registros en dichos territorios. Para ello, deberán expedir los actos administrativos que regulen estas medidas, asegurando el cumplimiento de sus funciones de prevención, inspección, vigilancia y control”, añadió el decreto.
De otro lado, la Agencia Nacional de Tierras deberá darle prioridad a la formalización de predios en áreas afectadas por cultivos de uso ilícito y se flexibilizará el ingreso de los campesinos al sistema financiero para facilitar su acceso a créditos.
En caso de incumplir, advirtió el Gobierno, los pagos se suspenderán y se procederá con los mecanismos de erradicación forzosa. (puede inscribirse en este enlace).
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