En la agenda de esta semana, la Corte Constitucional tiene planeado debatir el incidente de nulidad que presentó el Gobierno al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la baja seguridad a los excombatientes de las Farc que se acogieron al Acuerdo de Paz.
Con eso, la Presidencia y varias de sus oficinas buscan que se tumbe la grave alerta que emitió el alto tribunal que encontró varias inconsistencias en la protección de la vida de los firmantes de la paz. Lo primero que advierten es que la sentencia SU-020 de 2002 –la que declaró el ECI– se hizo con un “abierto desconocimiento de la construcción y reglas jurisprudenciales”.
La afirmación está consignada en 42 páginas, y está seguida de que las fallas que hay en la seguridad de los exFarc se deben a motivos estructurales que con el paso de los días se han superado con resultados que se pueden verificar. Esto, sin embargo, ya pasó por revisión de los magistrados de la Corte, quienes en mayoría declararon que tras años de firmado el Acuerdo de Paz no era claro un Plan Estratégico de Seguridad y Protección para quienes se reincorporaron
Pese a ello, el Gobierno insiste en que hubo una supuesta descontextualización y falta de valoración de pruebas en el análisis que hizo la Sala al abordar aspectos relacionados a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación.
Otro de los puntos de la defensa del Gobierno está enfocado en los dos meses que se dieron para articular funciones entre los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Programas Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo. Estos, a criterio del alto tribunal, no han ido a la par de la estrategia de seguridad a los exFarc.
Por tal consideración, el Ministerio del Interior y la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación reclama que se incurre en un “error sustancial al abordar temas ajenos a la solicitud de amparo y respecto de los que nunca se indagó a las entidades”, pues creen que la asincronía no está probada.
¿Qué dicen los excombatientes?
La declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional nació de varias tutelas que fueron presentadas a la Corte por excombatientes que consideraron que sus derechos fundamentales fueron vulnerados. De ahí se desprende que aleguen una falta de garantías que el Gobierno dice no ver de manera prolongada.
Para las entidades del Estado, ellos hablan con pruebas, y es por eso que en su incidente de nulidad subrayan que año tras año se ha protegido la vida del 98,2 % de reincorporados a la vida civil, algo que es muy distinto a lo que se lee en la sentencia.
De ese tipo de comentarios está lleno el escrito de 42 páginas que llegó al despacho de la magistrada Cristina Pardo, presidente de la Corte que esta vez oficiará como ponente. El debate frente al caso está programado para este miércoles en la Sala Plena.
