La oposición alerta por vicios de trámite y falta de garantías que pondrían a tambalear el proyecto en la Corte Constitucional. Hoy había plenaria, pero se corrió para el martes.
Los tiempos para la reforma pensional son tan apretados que la mesa directiva de la Cámara –en cabeza del liberal con tendencia petrista Andrés Calle–, citó a sesionar el lunes festivo; no obstante, al final se resolvió reanudar su trámite el martes. “No se sabe. De repente llegó la nueva citación para martes”, dijo el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático).
El proyecto tiene los días contados. Si no se aprueba en último debate antes del 20 de junio –es decir, en menos de 10 días hábiles–, la iniciativa será archivada por tiempos, lo que representaría el naufragio de otra reforma del corazón del petrismo.
Lo cierto es que el Ejecutivo, contra cualquier vaticinio, ya demostró sus habilidades en carreras contrarreloj. En mayo necesitó tres días para aprobar la pensional en tercer debate en la Comisión Séptima. Hoy goza de las mismas mayorías en plenaria y hay grandes chances para la aprobación; no obstante, ese trámite exprés y a las carreras podría terminar pasándole factura al Gobierno en el futuro.
¿La razón? Ante el cantado pupitrazo de la iniciativa desde ya se preparan demandas en la Corte Constitucional alegando que no hubo garantías para la oposición y que no se tuvo la oportunidad de analizar con profundidad y detalle una reforma que abarca hoy a 1,9 millones de pensionados y que costaría cada año al menos $54 billones, según el aval fiscal del proyecto.
No es para menos. La aprobación de la reforma pensional en el Senado le tomó al gobierno de Gustavo Petro alrededor de 10 meses. Sin embargo, ahora en Cámara –donde goza de irrestrictos escuderos–, le podría tomar poco más de un mes.
De acuerdo con el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, en caso de que el proyecto termine siendo avalado por la plenaria, “inmediatamente” interpondrían una demanda ante la Corte Constitucional advirtiendo aparentes vicios en el trámite legislativo: “Por menos se cayó el Ministerio de la Igualdad”, dice.
“El Gobierno y el Congreso no respetan los derechos de la oposición. No nos dieron el tiempo prudencial que se establece para presentar la ponencia negativa que iba firmada por Cambio Radical y por el Centro Democrático. No tenemos garantías”, agrega Espinal.
La oposición advierte que una muestra del accidentado trámite del proyecto fue lo que pasó esta semana, cuando se citó a una audiencia pública para analizar el proyecto. Con miras a atender asuntos que van desde lo logístico hasta lo estructural, los representantes Luis Miguel López (Partido Conservador) y Luz Ayda Pastrana (Cambio Radical) solicitaron el pasado miércoles al presidente de la Corporación, Andrés Calle, realizarla este miércoles 12 de junio.
No obstante, el congresista les notificó, de un día para otro, que la debían realizar el jueves 6 de junio: “A punta de jugaditas lo que pretenden es pupitrear la pensional sin garantías para la ciudadanía ni para los congresistas. No se surtió el trámite correcto. Por eso no hubo presencia de nadie en el recinto. Del afán no queda sino el cansancio”, reclamó López, quien insistió en desarrollar la audiencia este miércoles, “si no, se estaría configurando un vicio con el show que quisieron hacer”.
En respuesta, el representante oficialista Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) alegó que la audiencia solo fue una maniobra “para atravesársele a la pensional y sabotear su trámite”, destacando que sí se desarrolló, pero nadie asistió.
“No se citó este lunes festivo seguramente para que los congresistas tengan fuerza y trabajen toda la semana en el debate y aprobación de la reforma. Espero que no haya excusas por parte de Cambio Radical ni del Centro para no trabajar”, agregó.
Desde esa misma orilla, la representante Martha Alfonso (Alianza Verde), quien es ponente coordinadora del proyecto, fue más allá y le jaló las orejas al presidente Calle, señalando que se están quedando sin tiempo ni oxígeno para el proyecto.
“Nos preocupa que la mesa directiva haya tomado de esta manera como tan relajada el agendamiento de esta reforma que necesita tiempo para debatirse, pero bueno, pues es su potestad agendar. Ahí sí quedamos maniatados”, aseguró.
Se prevé que este martes la plenaria comience la discusión del proyecto en firme; sin embargo, desde ya la oposición prepara su artillería y se tendrían que someter a votación al menos 50 impedimentos que podrían retrasar el trámite de la reforma. Por si fuera poco, entre martes y miércoles el Congreso en pleno estará concentrado en escuchar y luego escoger al contralor General, lo que aprieta aún más los tiempos. ¿Le darán las cuentas al Gobierno?
Los otros recursos contra el proyecto
En búsqueda de retrasar los tiempos de la reforma, la oposición ha recurrido a todo tipo de maniobras –válidas en democracia y que otrora el petrismo también utilizó–, para frustrar el trámite. Por ello, el Centro Democrático no solo interpuso una tutela para suspender el debate del proyecto, sino que instauró una acción popular ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo advirtiendo que la pensional, al igual que sus hermanas, estarían viciadas y sin legitimidad ante las denuncias de coimas por $4.000 millones para su trámite.
Además, la oposición espera desarrollar hasta cuatro mociones de censura contra varios ministros y poder liderar, como demanda el Estatuto de la Oposición, dos sesiones plenarias.
