La no participación de la delegación en la última sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que se condenó el cierre de una ONG y las restricciones a instituciones religiosas por parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, ha generado una gran cantidad de críticas desde diferentes sectores políticos del país.
Gustavo Petro nombró al exmagistrado Luis Ernesto Vargas como embajador ante la OEA, por lo que era la persona designada en participar de la sesión del pasado viernes, lo cual omitió.
El excandidato presidencial Sergio Fajardo fue una de las personas en criticar la ausencia de Colombia en la votación contra ese régimen, y señaló que la posición del país frente a lo que se vive en Nicaragua es una “gran vergüenza”.
“La posición de Colombia frente a la situación en Nicaragua, al abstenerse de condenar la aberrante y violación sistemática de derechos humanos del gobierno de Ortega, es una gran vergüenza. Así no”, manifestó Fajardo en su cuenta de Twitter.
De igual manera, Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial por el partido Centro Democrático en el 2018 y Viceministro del Interior y de Justicia entre los años 2003 y 2004, declaró que con la ausencia del Gobierno y la Cancillería se inició mal el camino en la presidencia.
“Empiezan mal, como era de esperarse, este gobierno y esta Cancillería. Colombia se ausentó de la sesión de la OEA donde se votaba la condena a Nicaragua por las persecuciones a las ONG y la Iglesia Católica”, aseveró Loaiza.
Otro de los políticos que cuestionó la ausencia del Gobierno fue el representante a la Cámara por Bogotá (2022-2026) por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien señaló que para tomar esta decisión “pesaron más las afinidades ideológicas que la defensa de la Carta Democrática”, señaló.
¿Cómo se llevó a cabo esta resolución en Nicaragua?
La resolución, que fue aprobada con 27 votos a favor, 1 en contra - San Vicente y las Granadinas- y 4 abstenciones, increpa al Gobierno de Ortega por limitar de manera “arbitraria” a organizaciones religiosas.
Los Gobiernos de Bolivia, El Salvador, Honduras y México se abstuvieron de votar sobre la resolución.
El documento también pide al Ejecutivo nicaragüense liberar los “presos políticos” y garantizar la libertad de expresión en el país.
Las autoridades de Nicaragua han ordenado el cierre de al menos 958 organizaciones de la sociedad civil desde la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe por el Gobierno.
Ortega decidió retirar a Nicaragua de la OEA a finales de 2021 porque considera que el organismo es intervencionista. El proceso de salida tarda dos años en ser efectivo.
Tanto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como el consejo permanente han sido críticos con Ortega, a quien han señalado por violaciones a los derechos humanos.
El pasado marzo, el entonces embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, se rebeló contra Ortega y denunció públicamente la existencia de presos políticos en su país.
Además, la OEA exigió en mayo a las autoridades nicaragüenses la devolución de las oficinas confiscadas a finales de abril por orden de Ortega.
