El discurso de la denominada “democratización de la tierra”, que ha defendido Gustavo Petro desde que era candidato a la Presidencia, hizo eco en la situación de orden público en Colombia. Esa premisa del Jefe de Estado, que busca reconfigurar la repartición de suelos, parece haber alentado a grupos de ciudadanos que intentan conseguir tierras por medio de la fuerza, recurriendo a la invasión de predios privados.
Uno de los más recientes episodios que desató el pánico ocurrió en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. Armados con guadañas y machetes, un grupo de 200 civiles invadió un terreno privado donde estaba instalado un refugio animal y, en su llegada abrupta, estas personas arrasaron con al menos una hectárea de bosque, se asentaron y prendieron fogatas alegando que necesitaban un lugar donde vivir, situación que requirió intervención de las autoridades.
Esa es la misma realidad en departamentos como Cauca, Huila y Cesar, donde grupos de civiles se han armado con piedras, palos y hasta machetes para invadir terrenos e instalarse a la fuerza. Este intento de toma de tierras por medio de acciones violentas —que incluso ha requerido la intervención del Esmad— se le devolvió al Gobierno como un bumerán por sus promesas de campaña, por lo que desde la Casa de Nariño se aseguró que hay compromiso en materia de acceso a la tierra, pero se pidió respetar las leyes.
Se multiplican las invasiones
La toma de predios por la fuerza tiene detrás un efecto dominó por cuenta del anuncio del Gobierno sobre el uso de los bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que Petro aseguró desde la ciudad de Villavicencio que se pondrían al servicio de asociaciones campesinas.
“Los bienes que están en manos de la SAE, porque ya concluyó el proceso de extinción de dominio o que están en proceso jurídico, desde ahora se ponen al servicio del pueblo y este es un ejemplo completo, acá en Villavicencio, comenzamos con este lote”, expuso el mandatario.
Tras hacer este anuncio el 17 de agosto, el 23 se registró la invasión en Dagua, Valle. Al lugar tuvieron que llevar precisamente a representantes de la SAE y la alcaldesa de Dagua, Ana Sanclemente, para dialogar con las 200 personas, que reclamaban su ‘derecho’ a asentarse en ese terreno. El pedido al grupo de civiles, en el que había niños y adultos mayores, fue que abandonaran el predio y no hicieran una toma violenta del mismo.
Esta problemática no fue exclusiva de ese municipio del Valle, pues desde días atrás se han registrado otros casos como el del municipio de Curumaní, en el Cesar, donde 150 personas ocuparon una finca ganadera y palmera desde el 21 de agosto. Al invadir la finca, estas personas aseguraron que buscaban la “reivindicación de tierras” y argumentaron que se tomaban el lugar debido a que necesitaban encontrar un lugar para trabajar.
Ante los diferentes intentos de toma de tierras privadas, han empezado a surgir críticas de parte de la oposición. Fue el caso de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien cuestionó que “los invasores de propiedad privada se enfrentan a la Policía Nacional (...) Se incrementa la invasión de tierras y no pasa nada para detener el abuso”.
A esta preocupación por la toma de predios se sumó Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), quien planteó que este tipo de acciones son consideradas ilegales dentro del nuevo Código de Policía, por lo que requieren intervención, y agregó como agravante que en algunos casos “se está vulnerando el derecho al trabajo de quienes laboran en esas propiedades”.
Otro departamento afectado por esta problemática es Cauca. Allí se han reportado, desde finales del mes de julio, invasiones por parte de comunidades indígenas, quienes han optado por arribar con violencia a predios privados de productores de caña de azúcar en los municipios de Caloto, Guachené y Miranda.
Recientemente la presidenta de la Asociación de Cultivadores de Caña (Asocaña), Claudia Calero, aseguró que desde tiempo atrás el gremio ha pedido a las comunidades indígenas evitar tomarse los predios por la fuerza y acudir al diálogo mediado por las autoridades regionales.
“El componente de la industria siempre ha sido y ha estado proclive a un diálogo que debe estar enmarcado en el respeto a los derechos, a la vida, al trabajo, a la libre empresa y a la sociedad privada”, expuso Calero.
El nivel de conflicto entre comunidades indígenas —que reclaman el manejo de las tierras— y los trabajadores campesinos de estos cultivos de caña ha sido tal que la Defensoría del Pueblo ha tratado de mediar para encontrar soluciones dialogadas. “A través de la delegada para los Grupos Étnicos y la Regional Cauca acompañamos a las comunidades para verificar la situación de derechos y establecer canales de diálogo. Estamos dispuestos a seguir presentes en los espacios de diálogo”, informó la institución desde el inicio de esta confrontación.
‘Regaño’ del Gobierno Petro
La invasión se ha extendido y prolongado a tal nivel que desde el Gobierno se hizo un llamado a la calma y a evitar las acciones violentas. Así lo manifestó la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien desde el Putumayo reiteró la promesa de democratizar la tierra, pero aclaró que tomarse predios por la fuerza es una acción inconstitucional.
“Un tema básico es que tenemos que respetar nuestra Constitución, tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras. Tienen un Gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales, pero respetando la Ley”, apuntó.
Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez pidió que se convoque a “un diálogo nacional que hagamos todos los colombianos en función de que la tierra esté en función de garantizar la vida”. Por ahora no hay acciones previstas —más allá del llamado al diálogo— desde Casa de Nariño para frenar la confrontació
