Justo ahora, con EPS intervenidas y otras pidiendo liquidación, el Gobierno de Gustavo Petro accedió y abrió la puerta a revisar la Unidad de Pago por Capitación.
Justo cuando el sistema de salud enfrenta momentos de crisis e incertidumbre, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sorprendió este viernes al acceder al fin a un llamado que desde tiempo atrás –mucho antes de las intervenciones y la agudización de la crisis–, imploraban las Entidades Promotoras de Salud (EPS): revisar el cálculo de la célebre UPC, que corresponde a la Unidad de Pago por Capitación.
No es una declaración cualquiera. Se trata del porcentaje de recursos que el Estado –a través de la Adres: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud–, le gira mensualmente a las EPS para que gestionen el aseguramiento en salud de sus afiliados. Es decir, una suerte de prima que se le da a estos entes por cada afiliado, con porcentajes definidos tanto para aquellos del régimen subsidiado, como para los del contributivo.
Para 2024, el Ministerio de Salud fijó el incremento de la UPC en 12,01 %, y aunque el presidente Gustavo Petro aseguró en su momento que se trató de un aumento ‘exagerado’, lo cierto es que para las EPS no deja de ser un porcentaje bajo (esperaban entre el 16 % y 18%). Lo anterior, teniendo en cuenta que, en términos parroquiales, no alcanza para atender los incrementos en el costo de las coberturas, las frecuencias de uso y la dinámica pospandemia por las prestaciones que quedaron represadas.
Sin embargo, lo llamativo ahora es que –tras el fracaso de la reforma a la salud en el Congreso y luego de las intervenciones a Sanitas y Nueva EPS, seguidas por el pedido de liquidación de Compensar EPS– el Gobierno ahora sí parece dispuesto a ceder.
“Hay necesidad, yo estoy totalmente de acuerdo, que se revise la UPC, pero por eso nosotros pretendemos –no voy a entrar allá–, que no existan UPC de subsidiados ni de contributivo, y que miremos en detalle qué es lo que estamos haciendo. Ya hoy solamente las enfermedades crónicas de alto costo, las huérfanas, se están llevando casi el 20 % de los recursos”, explicó el ministro durante una sesión de la Corte Constitucional justamente ideada para ponerle lupa a la UPC.
De hecho, durante la sesión –en la que insistió que la Superintendencia de Salud no tiene justificaciones técnicas para intervenir a Sanitas y la Nueva EPS–, la procuradora delegada para Asuntos de Salud, Diana Ojeda, instó a revisar la UPC, alertando que se podría llegar a un estado de cosas inconstitucional: “La UPC hay que revisarla para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema”, dijo.
Su llamado no es nuevo y se suma al de expertos en la materia que, desde tiempo atrás, insistían en revisar la financiación del sistema y evitar el colapso que hoy está viendo el país. Justamente, hubo voces que cuestionaron que, ahora que el Estado concentrará la mayor cantidad de usuarios –solo de la Nueva EPS son 10,8 millones, de Sanitas 5,7 millones y de Compensar 2,1 millones–, el Gobierno sí habla de subir la UPC, dinero que al fin y al cabo terminará manejando a través de giros directos.
“Un año después, con el sistema derrumbándose, el ministro acepta lo obvio. El Gobierno nunca le dio manejo a una crisis muy difícil, se dedicaron a la politiquería y a las fantasías ideológicas (...) El Gobierno nunca hizo nada. Siempre negó el problema financiero y redujo todo a una supuesta desviación de recursos. Dependemos de la Corte ante un Gobierno inoperante”, reclamó el exministro de Salud, Alejandro Gaviria.
“La financiación actual que definió este Gobierno no alcanza para seguir y menos para recuperarse. ¿Qué hacemos?”, cuestionó a su turno el investigador del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, Johnattan García.
Con todo, el primer mandatario insistió en la tesis de que la UPC que se fijó es suficiente para atajar los desafíos del sistema y, de hecho, fue superior al 12 %, con todo y que “la inflación solo va a ser del 6%”. Ese planteamiento no tardó en ser refutado por académicos como Andrés Vecino, médico y experto en salud pública de la Universidad Johns Hopkins.
“Cuentas mal hechas. La inflación causada fue 9.2 %. 2.3 % fue de inclusiones (lo dice en la resolución) y 5 % de equipos básicos que no cubren el incremento de costos”, advirtió Vecino.
Una muestra de lo que hay en juego y los intereses que hay alrededor de subir la UPC ahora que el Gobierno tendría el control de varias de las más grandes EPS es que solo en 2023 la Adres giró a las EPS, IPS y proveedores de servicios y tecnologías de salud recursos por el orden de $82,2 billones.
Por ello, en medio de la crisis cada vez más aguda, Ana María Vesga, presidenta del gremio de las EPS privadas (Acemi), llamó la atención por una “salud desfinanciada, ahogada y en riesgo de colapso”. Por ello, abogó por una mesa de diálogo, participación plural y soluciones concretas. “Es un todos ponen antes que sea demasiado tarde”.
La situación, coinciden hoy la multiplicidad de actores, es de crisis y –bien sea que esté implementado su reforma a la salud por decreto–, es responsabilidad del Gobierno atajar la problemática, garantizar la sostenibilidad del sistema y sacar del limbo a millones de usuarios que no saben qué va a pasar con su salud: desde el que se raspa la rodilla, pasando por el de la fractura hasta llegar a la madre gestante. La pelota, una vez más, queda en cancha del Ejecutivo.
Médicos también se suman a marcha
La Asociación Colombiana de Cirugía, con el propio respaldo del exministro Alejandro Gaviria, está invitando al sector a salir a las calles el domingo 21 de abril, para que sienten su voz de protesta en contra de las recientes decisiones tomadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Los invitamos a acompañarnos el domingos 21 de abril en la marcha silencios de batas blancas que haremos para manifestar nuestro desacuerdo con el actual manejo del sistema de salud por parte del Gobierno Nacional”, dice la convocatoria. La invitación la están haciendo en sus redes sociales líderes, activistas, influencers y comunidad en general. El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, también usó su cuenta en X, antes Twitter, para motivar a los ciudadanos a salir a las calles.
