Precedido de mensajes confusos y anuncios a cuentagotas, el presidente Gustavo Petro por fin se destapó y habló de frente sobre las ganas que tiene de hacer una Asamblea Constituyente: le pidió al Legislativo que la convoque.
“Se dirá que el Congreso hoy puede asumir su rol histórico. Está abierta la discusión política. En mi opinión, le corresponde ya al poder constituyente del pueblo el hacerlo; también está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo: una asamblea constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente. El papel histórico del Congreso hoy es tramitar su convocatoria, si no, el poder constituyente, tarde que temprano, lo hará (sic)”, dijo en la red social X.
Esto último, con dejo de advertencia, está acompañado de la propuesta hecha por el excanciller Álvaro Leyva –que anticipó este diario–, para convocar a la constituyente con base en un apartado del Acuerdo de Paz que, según Petro, aún no se ha materializado.
“Cuando se utilizó el mecanismo del ‘fastrack’ en el Congreso no se presentaron las reformas claves pactadas: 1. La reforma agraria. 2. La transformación del territorio y 3. La verdad judicial”, dijo el Presidente. “Pasó lo mismo que con el acuerdo M19, que viví: no se aplicó la Constitución del 91, ni se construyó el estado social de derecho; en el de las Farc, que ahora vivo como gobernante, no se presentaron las reformas que necesitaba”.
Días atrás, Leyva señaló que, a través del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la extinta guerrilla, el Ejecutivo estaría facultado para convocar la Constituyente.
Según pudo conocer EL COLOMBIANO, detrás de esta estrategia está no solo el excanciller Álvaro Leyva, quien a pesar de estar suspendido por la Procuraduría, podría convertirse en una suerte de asesor de paz del mandatario, sino también estaría el exmagistrado, y muy cercano a Petro, Julio César Ortiz, quien además aspira a ser ternado para la Procuraduría.
¿Globo o amenaza?
La “jugadita” planteada por Petro abre varios interrogantes frente a lo que viene con su constituyente: ¿qué tan viable es?, ¿se trata de una amenaza cuando dice que “el poder constituyente tarde que temprano” hará la convocatoria?, ¿es una distracción en medio de los escándalos de corrupción en su Gobierno? EL COLOMBIANO habló con el abogado Carlos Prieto, profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Javeriana.
Prieto advirtió que “ninguna de las ramas del poder público tienen un rol histórico”, como señaló el presidente frente a la responsabilidad de la convocatoria del Congreso.
“El hecho de que ninguno de los proyectos propuestos por el presidente haya tenido el trámite que esperaba, implica, de ningún modo, una ‘inestabilidad institucional’. Todo lo contrario: en una democracia, regida por un Estado de Derecho, operan los pesos y contrapesos institucionales que evitan el autoritarismo y la dictadura”, explicó.
La apuesta del mandatario, en medio del escándalo en la UNGRD y otras entidades, sugiere dos tipos de lecturas. Una, según el experto, en la que es la Constituyente sería una cortina de humo para distraer la atención de la crisis que vive el Ejecutivo: “Mientras los escándalos de corrupción, nepotismo y negligencia del Gobierno sigan quedando en evidencia, mientras el orden público se siga deteriorando como pasa en el suroccidente del país, más globos de estos vamos a ver, cada vez más alarmantes”.
La otra lectura tiene que ver con una amenaza previa a un escenario de confrontación donde el apoyo ciudadano es fundamental. En cualquier caso, si llega a ser el Congreso que quien haga la convocatoria hay varias condiciones legales que el Gobierno tiene que superar (ver recuadro).
Expresidentes se oponen
Ante semejante propuesta, varios expresidentes expresaron su oposición, empezando por el líder del Acuerdo de Paz al que se aferra el Gobierno para justificar su maniobra.
El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que “usar el Acuerdo para convocar una Constituyente es un absurdo” y recordó que fue “una línea roja en la negociación”.
Así mismo, el expresidente señaló que “la teoría de que este Acuerdo es uno especial que pueden modificar las partes contratantes, tampoco tiene asidero jurídico porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Ese no fue el caso entre el Estado y las Farc”.
Ante la posición de Santos, el expresidente Uribe, quien ha tenido recientes choques con el presidente Petro, aprovechó y criticó al Premio Nobel de Paz: “Santos pensó que su vanidad era superior a la democracia colombiana y al carácter ciudadano. Santos dejó más violencia y tiene la osadía de decir que el ‘conflicto’ terminó. Acepta implícitamente que si el ‘conflicto’ no hubiera terminado se podría convocar la constituyente”.
En la misma línea, el expresidente Iván Duque expresó que “cualquier intento de eludir estos requisitos sería una violación al orden constitucional, lo cual es inaceptable. Los colombianos no permitiremos esto, ya que haremos respetar la Constitución”.
Por su parte, el expresidente Ernesto Samper, escudero del Gobierno en diversos temas y el más cercano ideológicamente, dijo que la propuesta “sería una constituyente de facto, un salto al vacío de la institucionalidad que empezaría por desconocer el Congreso y la Corte Constitucional”.
¿Es viable legalmente la propuesta?
El abogado y profesor Carlos Prieto recordó que tramitar una Asamblea Constituyente, “debe ser conforme con lo previsto por la Constitución de 1991, en su Título XIII – arts. 374 a 379. Cualquier modo distinto, será inconstitucional, e implicaría un golpe de Estado”. Los artículos a los que hacen referencia Prieto indican que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Una vez revisada por la Corte Constitucional, la convocatoria será aprobada cuando al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral voten afirmativamente. Teniendo en cuenta el censo actual se necesitarían al menos 12.988.505 votos por el Sí. “Luego de aprobarse la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y los temas de su competencia, dentro de los dos a seis meses siguientes se llamará a la elección de sus integrantes. Una vez conformada la Asamblea se suspende la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado”, explica la Mesa de Observación Electoral (MOE).
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